La próxima Presidencia de la Suprema Corte debe priorizar el impulso a la transparencia procesal, coinciden ministros, academia y sociedad civil
- Con un llamado a ‘abrir’ la información jurisdiccional del máximo tribunal del país, en particular el trámite procesal, se llevó a cabo el ‘Diálogo sobre la transparencia procesal de la Suprema Corte’, auspiciado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y México Evalúa.
- A través de cuatro mesas, se discutieron los principales hallazgos del Observatorio de la Suprema Corte. Diagnóstico de la transparencia procesal, reporte de investigación con el cual México Evalúa se propuso averiguar por qué el tiempo de resolución de la Corte varía en función de los asuntos.
- A un mes de la renovación de la Presidencia de la Suprema Corte, y con la convicción de que el acotamiento de los espacios de arbitrariedad en la ruta procesal deberá ser un tema prioritario para quien llegue a ella, la ministra Norma Piña y los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Laynez dialogaron con académicos y especialistas.
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 3 de diciembre de 2022
La persona que llegue a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero del próximo año tendrá que incluir la mejora de la transparencia procesal de nuestro máximo tribunal dentro de sus prioridades, coincidieron una ministra y tres ministros de la Suprema Corte, así como académicos e integrantes de la sociedad civil, quienes dialogaron ayer sobre las áreas de oportunidad en los procesos internos del máximo tribunal.
En el diálogo se abordaron los principales hallazgos del reporte Observatorio de la Suprema Corte. Diagnóstico de la transparencia procesal, elaborado por México Evalúa, que a partir de una metodología novedosa –recopilando y sistematizando exhaustivamente información provista por la Corte y obtenida mediante más de 130 solicitudes de acceso a la información– analiza la ruta procesal de los principales asuntos que resuelve el máximo tribunal, en búsqueda de espacios de opacidad y discrecionalidad que pudieran afectar injustificadamente sus tiempos de resolución.
Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coanfitrión del diálogo, subrayó en las palabras de inauguración que el hecho mismo de estar reunidos en el evento era una “buena noticia”, pues sólo en la medida en que las autoridades de la Corte se abran al “escrutinio público” podemos mejorar el acceso a la justicia, al tiempo que se demuestra la “capacidad de escucha” de los ministros, del sector académico y de la sociedad civil.
Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, apuntó que la Suprema Corte “gana su legitimidad a través de su trabajo, a través de la transparencia”, y de ahí la importancia de trabajos como el del Observatorio. Recordó además que el estudio generó polémica, pero sobre todo “interacciones constructivas” por parte de los ministros, resultado muy apreciado, toda vez que su fin último es proponer recomendaciones de mejora en el trámite de los asuntos de la Suprema Corte. Expresó su deseo de que “los que quieran llegar a la próxima Presidencia de la Corte consideren a la transparencia procesal como parte de su plan de trabajo”.
El Observatorio de la Suprema Corte, que se propuso recorrer un camino inédito para describir cada uno de los pasos del trámite procesal –hecho que fue reconocido y valorado por los participantes del diálogo–, se enfrentó a un reto principal: la dificultad para acceder a la información de la Corte y, una vez obtenida, las deficiencias en ella. Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, destacó que la Corte declaró inexistente un dato clave: la fecha de entrega de un proyecto de un ministro ponente. Si no se conoce, no se puede saber si la resolución de un asunto se demora porque el ministro encargado del asunto se tarda en entregar su proyecto de resolución o porque la presidencia de la Corte se tarda en enlistarlo para su discusión en el Pleno. Entre las recomendaciones aportadas por el estudio Pantin resaltó la necesidad de regular de manera más clara y completa los plazos y fases procesales de los asuntos que conoce la Corte, promoviendo en particular un “sistema de turno de asuntos objetivo, automático, inalterable y transparente”, y el “diseño de un marco de actuación respecto a prácticas no formalizadas”, como el llamado alegato de oreja.
La ministra Norma Piña valoró el Observatorio porque logró “visualizar que no es transparente la tramitación de procesos”. Sin embargo, apuntó que “el presidente de la Corte o la Presidencia de Sala son los que llevan el control de los tiempos de resolución, no los ministros y ministras”, por lo que los problemas en este sentido no pueden ser achacados directamente a ellos. Aclaró que los ministros y los secretarios tienen acceso al flujo de los procesos y saben cuándo entregan sus proyectos a la Secretaría de Acuerdos correspondiente, por lo que esa información sí existe, “aunque desgraciadamente [la Corte] diga que no”. Por otro lado, aunque la ministra dijo estar convencida de que la justicia debe ser expedita, consideró que “no hay que confundir calidad (de la justicia) con cantidad y tiempos de resolución”.
El ministro Alberto Pérez Dayán coincidió en que el máximo tribunal tiene registro completo de la ruta procesal. “La información existe completa, ¿por qué no se dio? No tengo explicación”, expresó, al tiempo que afirmó que “la transparencia es una condición constitucional del servicio público”. En particular, opinó que el sistema de turnos de asuntos debe ser transparente y que “tendremos que implementar auditorías” a dicho sistema. “Es el momento”.
El riesgo de regular o de plasmar en leyes los procesos de la Corte, por lo que puede implicar de menoscabo a la independencia de los juzgadores, fue un tema muy presente en las mesas de discusión. El ministro Luis María Aguilar lo visualizó como una tarea de equilibrio, mientras considera que el “impulso normativo” bien puede mejorar los procesos de la Corte. Subrayó la necesidad de legislar sobre el tema del listado de los asuntos; sugirió “que [los legisladores] introduzcan una norma que obligue a que un asunto que ya está en la Secretaría [General de Acuerdos] se liste en un plazo determinado, y que no se quede en la Secretaría a ver cuándo el presidente decide listarlo. (…) Yo creo que esto se debe reglamentar, primero en la ley y luego en los acuerdos generales de la Suprema Corte”.
Javier Laynez, el cuarto ministro participante en el diálogo, expresó que concibe la transparencia como un acto de reducción de “la asimetría de información entre los ciudadanos de a pie y operadores poderosos o la autoridad”. Sugirió la necesidad de regular el alegato de oreja y abogó, además, por una homogeneización de los procesos de trabajo y los sistemas de gestión de expedientes en las diferentes Salas de la Corte.
Quedó claro que la ministra y los ministros presentes se mostraron abiertos a emprender esfuerzos junto con la sociedad que desemboquen en fortalecer el trabajo de la Suprema Corte, subrayó por su parte Hugo Concha, coordinador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y co-organizador del encuentro. Hizo hincapié en lo importante que es la transparencia procesal de la Corte para lograr tres objetivos: “mejorar la seguridad jurídica de nuestro máximo tribunal, proteger la independencia judicial y ampliar el acceso a la justicia”.
“Estamos presenciado un cambio de modelo; de una justicia que se ha venido transformando y fortaleciendo desde hace décadas, aún con lastres de diseño y de regulación procesal en temas claves como en los turnos, los plazos, los enlistados, los alegatos de oreja, en la elaboración de sentencias, los engroses o en los asuntos de tipo administrativo”, concluyó Concha. “Creo que el nuevo modelo debe avanzar en mayor accesibilidad, en mayor eficiencia y, sobre todo, bajo la idea de una justicia abierta y cercana”.
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Recuperen una presentación de los principales hallazgos del Observatorio de la Suprema Corte, aquí
Descarguen el Observatorio de la Suprema Corte, aquí
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