Ni a Morena le conviene que los juzgadores pasen por las urnas

Por Laurence Pantin (@lpantin) | Proceso

El pasado jueves 12 de julio, acompañado de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, el ministro Javier Laynez Potisek acudió a la Cámara de Diputados para recibir, a nombre del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las conclusiones de una serie de conversatorios organizados en el seno del grupo parlamentario de Morena en torno a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros, magistrados y jueces federales sean nombrados por voto popular.

Frente a las dos ministras y el ministro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado de Morena Ignacio Mier Velazco, expresó que el documento entregado buscaba provocar “la discusión, reflexión democrática, sin otro interés de que realmente se garantice que vivimos en un país democrático que garantiza la justicia igualitaria para todos”.

Sin duda, el anhelo de asegurar un acceso igualitario a la justicia no es exclusivo de Morena: es un reclamo social de larga tradición. Los mexicanos sabemos que si los azares de la vida nos llevan ante los tribunales, no podemos estar seguros de que el servicio que recibamos sea el mismo que el de nuestra contraparte. Más bien, la percepción arraigada es que existe una justicia para las personas ricas y ‘con contactos’ y otra para el resto de los mortales.

De hecho, revertir esta percepción bien fincada en la realidad ha sido la intención de no pocas políticas emprendidas tanto a nivel federal como local, como es el caso de la reciente reforma judicial impulsada por Arturo Zaldívar, que contempló, entre otras cosas, mejorar la atención que reciben las poblaciones más desfavorecidas por parte de los defensores públicos federales, mediante su capacitación, profesionalización y selección con base en criterios objetivos y meritocráticos.

Por ello, además de coherente con el lema de campaña de López Obrador (“Por el bien de todos, primero los pobres”), es loable que Morena quiera emprender una reforma que pueda asegurar ese acceso igualitario a la justicia. La pregunta es si modificar sustancialmente el proceso de designación de las personas juzgadoras federales para que intervenga el voto popular ayudará o no a que se cumpla este objetivo.

La forma de nombrar ministros no es la mejor, pero…

Ya hemos expresado en este espacio nuestras críticas al actual método de nombramiento de las personas ministras de la Suprema Corte, por su falta de transparencia y espacios de participación ciudadana, y por su ‘apresuramiento’. Pero lo peor es que no garantiza que sean designadas las personas más idóneas para el cargo, sino muchas veces las más cercanas al Poder Ejecutivo, lo cual puede poner en entredicho que sus decisiones sean realmente independientes e imparciales.

¿Puede el voto popular mejorar estos aspectos y, de paso, garantizar una justicia más igualitaria? Las experiencias internacionales no aportan ninguna evidencia en sentido positivo. De acuerdo con Lawrence Friedman, quien analizó el uso del voto popular para nombrar a personas juzgadoras en varios entidades de Estados Unidos, este método de designación no ha mejorado el perfil de las personas nombradas ni ha logrado que los electores se interesen genuinamente por el proceso.

Ahora, ¿el hecho de que las personas juzgadoras sean elegidas directamente por la ciudadanía cambia en algo su manera de tomar decisiones? La respuesta parece ser… sí. Una investigación de Stephanie Lindquist indica que las personas juzgadoras nombradas en las urnas invalidan más leyes aprobadas por el Legislativo o cambian más a menudo precedentes ya establecidos, en comparación con que las designadas de manera tradicional. Ahora bien, si lo que queremos saber es si las decisiones de ambos tipos de juzgadores favorecen más o menos a grupos de interés económico, la evidencia es más difícil de obtener, pero existen percepciones al respecto. Una encuesta de la organización Justice at Stake realizada en 2013 indicó que el 87% de los votantes registrados consideraban que la compra de propaganda para campañas de aspirantes a cargos de jueces por parte de grupos de interés, o las contribuciones a sus campañas, tenían alguna o mucha influencia en las decisiones de los jueces. Es decir, si bien parece que los juzgadores que son sometidos a la elección popular pueden ser más independientes frente al poder político, frente al poder económico tal independencia estaría en riesgo.   

A cualquier actor político, y más a los integrantes de Morena, debería preocupar el hecho de que la reforma propuesta pueda incrementar el riesgo de dependencia de los aspirantes a ministros y otras personas juzgadoras en relación con los intereses económicos. Y es que en lugar de reducir la brecha existente en el acceso a la justicia –un objetivo de la propuesta de reforma, nos dice el diputado Mier–, más bien la ampliaría.

Al menos a una persona le conviene que los ministros pasen por las urnas…

Entonces, si a la ciudadanía en general y a los más vulnerables en particular no les conviene que las personas ministras sean nombradas por voto popular, ¿por qué propone el presidente de la República este método? ¿Porque le conviene a su partido? No. Como ya esbozamos, esto tampoco parece que le convenga a Morena. Pero hay otros factores. Cabe recordar que el actual método de nombramiento permite que el Ejecutivo proponga una terna de aspirantes al cargo, con personas afines, como ha sido el caso de algunos nombramientos recientes.

Ya que Morena, en vista de la mayoría de las encuestas, tiene grandes expectativas de conservar la Presidencia en 2024, ¿por qué López Obrador querría modificar el proceso de nombramiento de las personas ministras, dejando así al próximo presidente o presidenta sin la posibilidad de influir directamente en la composición de la Corte?

Para entender entonces esta propuesta, hay que leer con cuidado el contexto político, como apuntó recientemente el académico Pablo Mijangos, en un evento organizado por la Comisión de Historia del Derecho de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, coordinada por Rafael Estrada Michel. Mijangos estimó que, incluso si proviene de Morena, es probable que el próximo presidente o presidenta sea más débil que López Obrador, quien presumiblemente seguirá tomando las principales decisiones en materia de candidaturas del partido, incluyendo las hipotéticas de ministras y ministros de la Suprema Corte. Entonces, modificar el sistema de designación formaría parte de una estrategia de López Obrador para “seguir ejerciendo una influencia directa sobre el Poder Judicial y el máximo tribunal”.

Conclusión: la reforma propuesta por López Obrador no parece responder a las prioridades ideológicas de su partido, ni favorecerá a su sucesor o sucesora. Sólo a él podría serle útil. 

Morena debe tener cuidado con lo que desea

Vale la pena analizar la experiencia de Bolivia, el único país donde los jueces de las más altas cortes son nombrados por voto popular desde la reforma de 2009, la cual fue impulsada por el entonces presidente Evo Morales.

Uno de los problemas que se detectaron en el país andino es que las elecciones para designar a juzgadores tienen poca participación en comparación con otros procesos electorales, y que la mayoría de los votos son nulos o blancos. Además, las personas que ganaron las elecciones no han sido las más idóneas y su designación ha sido muy politizada, según concluye un informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Finalmente, el rezago judicial y la corrupción al interior de las instituciones de justicia no han disminuido.

Si consideramos que años después el propio Gobierno boliviano reconoció que este sistema de designación no tuvo los resultados esperados, y que era necesario reformarlo nuevamente, como lo describe muy bien el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2022, esta experiencia no es muy alentadora.

Retroceso para los jueces y magistrados

Tampoco se ha discutido mucho sobre el hecho de que la reforma propuesta por López Obrador no solamente implicaría modificar el proceso de nombramiento de las personas que integran nuestro máximo tribunal, sino también el de las personas magistradas y juezas federales, el cual, hasta ahora, está basado en concursos de oposición. Sin duda, el proceso actual es perfectible, como ya lo hemos señalado. Pero tiene la gran ventaja de que está basado en evaluaciones de conocimiento y meritocráticas, como lo recomienda la Relatoría Especial de la ONU. Por ello, si pasa la iniciativa estaríamos ante un franco retroceso de la eficiencia e independencia judiciales.

En conclusión, si bien la propuesta de López Obrador de designar a los juzgadores federales por voto popular no le conviene a nadie, ni a Morena (o acaso a un solo morenista), al menos ha hecho algo bueno: poner sobre la mesa dos urgencias cada vez más grandes, que desafortunadamente no fueron consideradas en la reforma judicial de 2021. Primero, si queremos fortalecer la independencia judicial, efectivamente debemos buscar reformar el proceso de nombramiento de los ministros, pero no para que se politice más, sino, más bien, para que se despolitice lo más posible y se base en un análisis mucho más riguroso y transparente de los perfiles, las trayectorias, los conocimientos y las competencias de las personas aspirantes. Segundo, si queremos garantizar una justicia más igualitaria, debemos reflexionar sobre la manera de fortalecer la justicia estatal, modernizándola, dedicándole mayores recursos, despolitizando los procesos de selección de los magistrados locales y profesionalizando al personal jurisdiccional de todos los niveles.

Esperamos que estos temas sean objeto de una verdadera y seria discusión el año próximo, con un auténtico ejercicio de parlamento abierto, donde se puedan escuchar todas las voces y se discutan los problemas que verdaderamente importan.