Observatorio de la Suprema Corte
Diagnóstico de la transparencia procesal
Las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son de gran trascendencia, no solamente para las partes involucradas en cada asunto que resuelve, sino también para la ciudadanía entera, ya que el máximo tribunal del país tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos, hacer respetar la Constitución y ser un contrapeso ante los posibles abusos de los demás poderes del Estado. Entonces, el papel de esta institución es central para garantizar el Estado de derecho, pilar de la democracia.
Dada la trascendencia de sus resoluciones, si un tribunal en el país debe respetar los preceptos del artículo 17 constitucional –“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”–, es la Suprema Corte.
Sin embargo, década tras década nuestro máximo tribunal ha sido criticado por su lentitud y, más específicamente, porque sus tiempos de resolución varían de forma notable. Una crítica muy sensible: existe la percepción de que estos tiempos pueden ser distintos en función del peso político, mediático o económico de las partes en el asunto o interesadas. De hecho, es algo que ha reconocido el actual presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, al señalar que en el caso de Florence Cassez, “los votos [para liberarla] no se lograron mientras [Felipe Calderón] fue presidente”.
¿Es una mera percepción o una realidad? ¿De qué tamaño es el supuesto problema? ¿Qué condiciones, en todo caso, le dan pie? Éstas son algunas de las preguntas que motivaron la realización de este estudio.
En el estudio encontrarán visualizaciones de resultados como ésta…
