Si el sistema de justicia penal no ha logrado consolidarse no es a causa de su diseño. Y, en todo caso, la solución no es regresar 12 años atrás y demoler lo avanzado. Y mucho menos tirar a la basura los cuantiosos recursos ya invertidos.
La falta de coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (sobre todo, la inacción de ésta última) provoca graves afectaciones al Estado de Derecho. No, lo que se necesita no es una reforma jurídica…
Es urgente que la FGR destine los recursos necesarios para las transformaciones que requieren la autonomía e independencia del aparato de procuración de justicia federal. Malas noticias: la proyección para la distribución del presupuesto de 2020 asigna montos simbólicos a unidades clave de la institución.
¿Dónde están los hombres de La Estafa Maestra? Un seguimiento de los momentos clave en el proceso contra la exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto revela cuándo las cosas empezaron a torcerse para ella. Y nos da una excepcional oportunidad para analizar la falta de perspectiva de género en el aparato de justicia.
Uno de los cambios fundamentales de la Reforma Penal fue terminar con la pretensión de determinar la “verdad” para todos los delitos, y colocar el énfasis en la solución del conflicto que resulta de la comisión del crimen. Ese objetivo está a punto de malograrse por la deriva reciente: el riesgo de contrarreforma. ¿Qué ruta creemos que debe seguirse?
La Fiscalía General de la República pasó desapercibida en el operativo de captura de Ovidio Guzmán, en Culiacán. Pero no por invisible se libra de la responsabilidad.
Sin duda es deseable un marco jurídico flexible ante una dinámica social cambiante, cercano a las necesidades de la gente y capaz de contemplar instituciones eficientes y transparentes, pero no es la panacea.
Casi todas las entidades han llevado a cabo su proceso de transición a fiscalías, en la procuración de justicia. Sin embargo, en los últimos meses ciertas situaciones han puesto a prueba tanto las garantías de autonomía e independencia, como su eficacia. Van las lecciones aprendidas.
La iniciativa que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados incorpora dos obstáculos nada despreciables: de competencia e interpretación de la ley. Son dificultades sustanciales que nos permiten anticipar que la ley no tendrá los efectos esperados. Proponemos, más bien, echar mano de las herramientas que ya tenemos.
Hoy más que nunca necesitamos servicios periciales y forenses capaces de hacer frente a la crisis humanitaria que vive el país, y de remontar los déficits de confianza ciudadana, justicia y verdad. ¿Es cargar demasiado en los hombros de los peritos? Más bien, es un reconocimiento a su importancia en el proceso de investigación la justicia penal.
