Edna Jaime

La procuración de justicia no parece estar en la agenda de prioridades de nadie, siendo que es uno de los temas más importantes para México en estos momentos. Discutimos seguridad, abrazamos una agenda ambiciosa en el tema de derechos humanos, abordamos el tema de la corrupción. No hacemos mención, sin embargo, a los Ministerios Públicos, que son el brazo del Estado para hacer efectiva la justicia a la que está obligado. No nos desgañitemos en debates profundos. Echémosle un ojo a las realidades de los MP para constatar por qué el Estado de derecho es débil en el país y la impunidad rampante. El que la infracción a la ley en México no derive en consecuencias, nos tiene en la situación en la que estamos.

En su último Informe de Gobierno el Presidente de la República hizo gala de su labor en materia de seguridad. Con un buen juego de palabras describió que a su llegada, las capacidades de los criminales crecía al tiempo que las del Estado se debilitaban. En su administración, afirmó, esa indeseable asimetría había logrado revertirse.

Y es indiscutible el esfuerzo que la administración federal ha dispuesto a favor de la reconstrucción de la policía federal. Si nos ceñimos a indicadores numéricos, el crecimiento de los efectivos, del equipamiento y de la tecnología adquirida es impresionante. La línea de base en este sector era bajísima. Increíble que un país como México tuviera un cuerpo policial tan escaso y limitado. Pero ciñéndonos también a variables cuantitativas y de recursos, la Procuraduría de Justicia de la Nación (PGR) se mantuvo casi intacta: mismo presupuesto, mismas capacidades. ¿Dónde está su fortalecimiento?

En el último paquete presupuestal a la PGR se le concedió un incremento de 27 por ciento. Aún con este aumento el desfase con el presupuesto asignado al aparato de seguridad es enorme. En 2006 el presupuesto de la PGR y el de Seguridad Pública rondaba los diez mil millones de pesos por dependencia. Hoy Seguridad Pública supera los 40 mil, mientras que PGR se quedó aproximadamente en los 15 mil. Por su parte, la Sedena cuenta con un presupuesto de alrededor de 55.5 mil millones de pesos en este 2012. ¿Es mucho? ¿Poco? Desconozco la respuesta, pero sí infiero en cuál ha sido la prioridad de este gobierno.

Fragmentar seguridad y justicia como estos números sugieren implica problemas. Por principio, enfocar la acción del Estado en el combate más que en la justicia, lo puede convertir en un agresor más y no en la autoridad que vela por los intereses superiores. Pero también debilita las posibilidades de ser efectivo en la resolución del problema mismo. En los últimos años hemos visto un incremento brutal en la violencia y en los delitos de alto impacto y, sin embargo, las capacidades de los Ministerios Públicos permanecen limitadas, con niveles de efectividad muy reducidos.

En un trabajo de Leticia Ramírez de Alba de México Evalúa pudimos observar que la capacidad de resolución de homicidios ha permanecido constante en los últimos años, a pesar de que el contexto de violencia en el país se ha transformado de manera dramática.  A nivel nacional se resuelven alrededor de cuatro mil casos de homicidio al año, siendo que el número de incidentes ha llegado a superar los 25 mil en ese mismo lapso. Estas brechas de impunidad abaratan la comisión del delito y también nos deja con un gran velo de ignorancia respecto a los perpetradores. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus motivaciones y contextos? Sin capacidad de investigación será muy difícil generar información para intervenciones más efectivas y elevar la calidad de las políticas de seguridad.

Por donde uno le busque, la procuración de justicia es un eslabón clave, fundamental, en la relación ciudadano-autoridad. Es la instancia que abre la puerta de la justicia a las víctimas y el brazo punitivo del Estado, que debe de hacer una amenaza creíble de sanción a la infracción de la ley, si ha de procurar su observancia. Esta pieza tan fundamental del Estado está deshecha en el país y a nadie parece preocuparle. Ni a la administración federal, pero tampoco a la de las entidades federativas. No está en las agendas ni en los debates de quienes tienen capacidad de decisión, a pesar de que es esencial para nuestra sana interacción cotidiana.

Por eso, cuando el Presidente en su discurso hacía referencia a las instituciones que se han fortalecido en estos años, me vinieron a la mente estos números de grotesca impunidad que si bien corresponden al ámbito del fuero común, no dejan de retratar también la realidad de la procuración de justicia federal. Llegaron a mí imágenes de arbitrariedad, en las que se vuelve a victimizar a una persona agredida por el crimen; imágenes de confesiones extraídas con base en la fuerza; de violación sistemática de derechos humanos. De oficinas públicas en las que con frecuencia se desprecia al ciudadano. Y sin embargo, ahí no están ni el enfoque ni las prioridades.