Tu dinero en el limbo (o lo que no te explicó el Gobierno sobre la reforma a la Ley de Adquisiciones)

Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | Animal Político

El nuevo mecanismo —aprobado el pasado miércoles 29 de julio por el Congreso de la Unión, en una reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)— es un instrumento de cooperación internacional que le permitirá al Gobierno hacer compras de proveedores globales sin acatar la regulación mexicana. ¿La justificación oficial? Que de esta forma se logrará contrarrestar la escasez de medicamentos. ¿Será? Creo que no, lamentablemente. Y aquí te explico las razones.

La reforma no sirve porque…

1 No generará financiamiento adicional. Nada en el mecanismo será capaz de revertir el bajo gasto en salud pública que históricamente caracteriza a México, y que impidebrindar una atención adecuada a la población. El gasto público en salud en 2019 representó apenas el 2.4% del PIB. Se trata de una proporción totalmente insuficiente para las necesidades de cualquier país. La OCDE recomienda una inversión anual mínima de 6% del PIB para garantizar el derecho a la salud. Cabe señalar que Chile, nuestro par en la región, invierte 5% del PIB, mientras que Brasil invierte 3.2%.

¿Y qué ocurre en México? El gasto público en salud se encuentra en declive desde 2017. De 2000 a 2012 se verificó una etapa de expansión, con una tasas de crecimiento positivas y caídas excepcionales. En los datos se observa que desde 2013 empezó la desaceleración: menores tasas de crecimiento, pero aún con crecimiento positivo. En 2017 inició el declive: de este año a 2019 este gasto cayó 2.4% (-15 mmdp). Las caídas siguieron en 2018 hasta llegar a 2019, cuando se observó el mayor subejercicio de los últimos 20 años. Se dejaron de gastar 18 mmdp (3%) que habían sido aprobados en el Presupuesto.

2 El gobierno ya cuentan con mecanismos legales para comprar de proveedores internacionales. Ampliar las opciones de compra cuando participamos en un mercado concentrado —es decir, en el que hay pocos ‘proveedores’— es una buena estrategia. Una manera de hacerlo es tomar en cuenta a proveedores internacionales y no sólo a los nacionales, y en la actualidad el Gobierno de México puede perfectamente comprar productos y servicios a proveedores internacionales vía licitación. Por eso el nuevo mecanismo de cooperación internacional no ofrece una nueva posibilidad. No obstante, llevar a cabo una licitación internacional abierta —conforme a la LAASSP— requiere procesos y justificaciones adicionales en comparación con una licitación que involucre a proveedores exclusivamente nacionales. En efecto, si se eliminaran esos ‘pasos’ adicionales el Gobierno podría ser más eficiente a la hora de conseguir las mejores condiciones de contratación de los bienes y servicios públicos, y no sólo en el sector salud, sino también en otras industrias con pocos oferentes nacionales. Por último, además de la licitación internacional el Gobierno también cuenta con procesos de excepción para contratar con regímenes internacionales. Por donde se vea, el nuevo mecanismo no era necesario.

Lo que sí consigue…

1 Las compras realizadas al amparo del nuevo mecanismo se ‘saltarán’ los controles de la fiscalización de las autoridades mexicanas —vamos: se irán al limbo—. La licitación internacional actualmente regulada en la LAASSP está sujeta a los controles de fiscalización del gasto. Las contrataciones deben publicarse en Compranet y, además, están sujetas a revisiones y controles: son auditadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. En cambio, la compra en el nuevo mecanismo no estará sujeta a dicha fiscalización. Pequeño detalle: la corrupción es un problema en las compras públicas de todos los países y organismos internacionales; nadie está exento a priori. Este mecanismo tampoco está a salvo de riesgos de mal gasto y corrupción, y preocupa que la propuesta de redacción en el dictamen no mandatara la implementación de medidas de transparencia, control y rendición de cuentas sobre las compras que se efectúen a través del esquema propuesto. Tampoco aclara en quién recae la responsabilidad por esas compras públicas, en caso de mal gasto o corrupción.

2 Afectará a las industrias nacionales que proveen insumos para la salud, y acentuará la debilidad institucional para efectuar compras públicas. Me preocupa que el nuevo esquema no construya ni fortalezca capacidades de compra. Y voy más allá: podría debilitarlas hasta hacerlas desaparecer, de tal forma que el Gobierno pierda incluso las capacidades actuales de compra de insumos para la atención de la salud, dado que el nuevo mecanismo actual se plantea sin límites y temporalidad.

Entonces, ¿qué busca el Gobierno?

Es importante señalar que ésta es la tercera administración que envía una reforma al Congreso para solicitar un esquema permanente de excepción a la ley mexicana en materia de compra pública, sin obligación a la fiscalización, con el fin de efectuar contrataciones con regímenes internacionales —tanto de otros gobiernos como de organismos—.  (Ver la tabla al final…)

Hay que procurar entender quién gana con este esquema. En principio, genera una enorme desventaja a las industrias nacionales, quienes al parecer serán los perdedores en esta reforma. Cuando se licita en México y con las leyes de México, claramente las industrias nacionales tiene obvias ventajas en relación a los competidores internacionales. Entonces, parece que los ganadores de todo esto son las industrias internacionales, que adquieren una posición ventajosa de cara al presupuesto público del país. ¿Pero qué reciben los gobiernos a cambio de esa ventaja provista?