Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Universal

El Gobierno ha manejado las finanzas públicas por la vía del populismo fiscal desde el día 1, pero el asunto se ha desdibujado en la opinión pública. Dos señales tempranas: por un lado, la carta de renuncia^[1] del primer secretario de Hacienda del sexenio, Carlos Urzúa, en la que acusó que las decisiones de la política fiscal no se basaban en evidencia, que pesaba más la ideología; por otro, la promesa de no aumentar impuestos.

Ahora, el presidente está solicitando al Congreso que le autorice un nivel de endeudamiento para 2024 de 5.4% del PIB. Ni lo sucedido en la pandemia motivó al Gobierno a alcanzar un porcentaje de deuda tan alto en un solo año. Pero, claro, 2024 es año electoral, hay prioridades. Este nivel de endeudamiento para un solo año no tiene precedentes en la era postestabilización de las crisis de los 80.

Sin reforma fiscal, los ingresos recaudados durante el sexenio crecerán poquísimo (6.5%) frente a lo que crecieron en promedio en los tres sexenios anteriores (21.3%). Ni el aumento en la cobranza de créditos fiscales, ni los recortes, ni liquidar más de medio patrimonio ahorrado en fideicomisos han alcanzado para evitar el endeudamiento que hoy estamos asumiendo –tú, yo, todos–. Y no duden: era necesario recaudar más, ya que una parte de los ingresos del Gobierno provienen del petróleo, y éste cada vez deja menos.

El Ejecutivo sedujo a la mayoría con la promesa de que no subiría los impuestos, a pesar de que tal pretensión jamás sería viable, porque el Gobierno no se esforzó lo suficiente a la hora de amarrarse el cinturón. Nunca se plantearon reformas para controlar los gastos que crecen como espuma (los subsidios a Pemex y los pagos de pensiones, por ejemplo). Esa misma mayoría compró la narrativa de las mañaneras en torno a la austeridad, aunque ésta sólo tocó a la salud, la educación y la ciencia.

Sí, nos enfocamos mucho en el monto del endeudamiento, pero acaso lo más delicado es que el Gobierno da por sentado que puede solicitar deuda libremente para ayudar a cerrar el déficit entre sus ingresos y gastos. No es así: el propósito del endeudamiento está regulado en la Constitución. El artículo 73^[2] establece un candado (regla de oro): el endeudamiento es para financiar la inversión pública, por lo que el monto de endeudamiento no debe ser mayor que el de inversión. Todo lo que no es inversión debe financiarse con recaudación, para evitar que los gobiernos renuncien a recaudar.

Los datos del Paquete Económico 2024 indican que el Ejecutivo propone un endeudamiento de 1.8 billones, pero un gasto de inversión de sólo 888 mmdp. Está buscando financiar gasto corriente con deuda: el camino a la quiebra.

Como se ve, los legisladores deben replantear esta propuesta y, en última instancia, la SCJN debe hacer cumplir la Constitución. Pero sobre la Corte se cierne una amenaza: la liquidación de sus fideicomisos…

^[1] Cuando Urzúa renunció al cargo de secretario de Hacienda escribí la columna “La muerte del último de los tecnócratas”. Me pareció que era el fin de la era de la tecnocracia hacendaria, en la que las decisiones eran conducidas usando evidencia y técnica.

^[2] La fracción VIII establece que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”. Se podrán celebrar empréstitos con propósitos de regulación monetaria, de refinanciamiento o reestructura de deuda (bajo las mejores condiciones de mercado), o durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29 (Estado de excepción).