Edna Jaime

Hace unos días el auditor superior de la Federación declaraba que existían espacios en el Legislativo que permanecían inescrutables, no sólo al ojo ciudadano sino también al de las propias autoridades de control como la que él encabeza. El Legislativo es un poder que no rinde cuentas ni en lo que produce ni en lo que gasta. Por eso, los mexicanos le tienen poca estima y así lo manifiestan en distintas encuestas de opinión.

El sainete entre senadores del PAN ha dejado al descubierto la discrecionalidad con que se manejan las llamadas subvenciones, recursos que las distintas bancadas reciben del presupuesto del Congreso para apoyar su trabajo legislativo. Los montos ciertamente no son monumentales, ni se acercan a los desfalcos conocidos en algunas haciendas estatales, pero son un botón de muestra de lo que puede ocurrir con el manejo de recursos cuando priva la opacidad.

Está documentado por quienes trabajan el tema de transparencia en el Congreso, que las solicitudes de información dirigidas a las distintas Cámaras se les trata con descuido. En un trabajo periodístico se documentó que a peticiones de acceso de información sobre las llamadas subvenciones, se respondió con información genérica y poco detallada o se remitió a ligas de internet apócrifas o en las que no se encontraban los documentos requeridos. Y los recursos de revisión, en caso de hacerse, se tramitaban ante los órganos de transparencia de las Cámaras (“losIFAIS legislativos”) que tienen poco de haberse instalado y  no cuentan con criterios firmes en los cuales sustentar su decisión (por ejemplo no existen criterios sobre qué información es clasificada o reservada ni se señala el plazo de reserva o su ampliación).  En pocas palabras, el subdesarrollo en materia de acceso a la información.

Por lo anterior, es evidente que nuestro énfasis en materia de apertura ha estado centrado en el gobierno federal y los avances registrados también se concentran en ese ámbito. Otros órganos autónomos, otras instancias fuera del Ejecutivo federal cuentan con mecanismos débiles sino que inexistentes en esta materia

La reforma en materia de transparencia que el presidente Peña propuso en el Senado hace ya varios meses, y que fue procesada y enriquecida por la intervención de todos los grupos parlamentarios en dicha Cámara, avanza puntos medulares en materia de acceso a la información. Destaca la autonomía constitucional que se le otorga al IFAI, así como las herramientas para ampliar sus atribuciones a entidades y organismos que en la actualidad no rinden cuentas a la ciudadanía. Ejemplos son partidos políticos y sindicatos, fideicomisos y el propio Congreso. Con la reforma estarían bajo la autoridad directa del IFAI o en la jerga técnica y se convertirían en sujetos obligados directos ante el Instituto.

Como toda reforma que“muerde”, ésta ha enfrentado resistencias en la Cámara revisora y a la minuta original se le han agregado tantas reservas que la debilita severamente. En una de las últimas sesiones del periodo que concluyó, se quiso votar un dictamen que le mochaba sus partes más sustantivas. El PAN reventó la sesión. Ahora se espera que la iniciativa sea incluida en la agenda de un periodo extraordinario. Y me parece que el contexto es propicio para sacar una buena ley.

Dos elementos configuran este contexto: el primero, la serie de escándalos que se han hecho públicos en los últimos meses y que implican igual a legisladores, que a gobernadores o partidos políticos. Frente a esta realidad, cómo regatearle potencia a esta reforma de ley. El otro dato relevante es la discusión de la reforma hacendaria que se avecina. Porque, ¿cómo sostener la propuesta de una reforma recaudatoria cuando hay una fuga de recursos públicos indiscriminada? Me parecería un acto de consideración básica con los mexicanos que a la propuesta de un incremento de impuestos le antecedan ciertas garantía de uso más transparente de los mismos.

Dicho lo anterior, me parece obligado situar el acceso a la información en el lugar que le corresponde: por sí solo no resuelve la corrupción ni el uso poco efectivo de recursos públicos, tampoco es equiparable a un ejercicio de rendición de cuentas cabal. La transparencia es un requisito, un componente indispensable en un engranaje mayor que es la rendición de cuentas. No hay que pedirle de más, pero tampoco menos. Lo cierto es que en la agenda de rendición de cuentas hay todavía muchos temas pendientes y lo relevante es no perder la perspectiva de lo que debemos avanzar.

No se si hayamos tocado fondo en la sucesión de escándalos que involucran un mal uso de recursos públicos, lo que sí sé es que no debemos permitir que una reforma ambiciosa se convierta en una reforma a modo de quienes se benefician de la opacidad. Transparencia ya.