Edna Jaime

Con decenas de muertos en las calles, ¿cómo entablar un proceso de reflexión profunda que nos ayude a establecer las coordenadas de la reconstrucción institucional necesaria?

En su edición de enero, la revista Nexos publica una nueva entrega de Joaquín Villalobos en la que de nueva cuenta construye una argumentación que explica la racionalidad de la estrategia del presidente Calderón y en la que refuta los argumentos de sus detractores. A diferencia de sus primeras entregas en las que él argumentaba mientras el resto nos encontrábamos pasmados, ahora encuentra un nutrido grupo de estudiosos, analistas  y muchos mexicanos que vemos con profunda preocupación la escalada de violencia y sus consecuencias en el país. Pero sobre todo preocupados al ver que la respuesta gubernamental a la crisis de inseguridad y violencia no está atacando el problema de fondo, que con tanta claridad identifica él en su escrito: la profunda debilidad del Estado mexicano. Si Villalobos elaborara una valoración de lo que la presente administración ha conseguido en esta materia, estoy segura que sus conclusiones serían menos festivas y el juicio sobre sus detractores menos implacable.

La inquietud sobre el rumbo de la “estrategia” no surge de un oposicionismo a ultranza, sino de su falta de resultados. En la presente administración, la violencia se desbocó hasta alcanzar niveles insólitos, pero también los delitos violentos contra la población civil crecieron sin contención alguna. Secuestros, extorsiones, robos de autos, asaltos a mano armada. No sólo los violentos se matan entre sí; también atentan contra la población civil, su vida, patrimonio e integridad y el Estado mexicano no ha podido evitarlo. Es difícil no reaccionar ante estos hechos. Si no es para proteger a los ciudadanos, entonces ¿para qué está hecha la estrategia?  Pero todavía hay más: no estamos avanzando, bueno, ni siquiera entendiendo hacia dónde debemos dirigir las reformas institucionales necesarias para fortalecer al Estado, no sólo en su poder coercitivo, sino en su capacidad de gestionar el conflicto. Joaquín Villalobos tiene mucha razón: los mecanismos de control social del viejo régimen desaparecieron para siempre y en su lugar quedó un vacío, ocupado hoy en muchos sitios por criminales. Y este asunto es toral, pero no le hemos entrado. La discusión en torno a la construcción de capacidades se ha reducido al número de poligrafistas disponibles para realizar las pruebas de control de confianza a cuerpos policiacos. A esto se reduce nuestra discusión y también el alcance de las acciones en materia de fortalecimiento institucional.

No debe sorprenderle a Joaquín ni a nadie más que este contexto de avances pírricos y de violencia desbocada inspirara a muchos a mirar a otro lado en busca de alternativas. Si la construcción institucional tiene un horizonte lejano para su consecución, deberían encontrar medidas que mitigaran el costo en vidas y violencia en el corto plazo. Las propuestas de Kleiman y los casos exitosos de implementación de las mismas llamaron la atención de analistas mexicanos, quienes se han atrevido a rebelarse a lo que se nos presenta como verdad absoluta: la violencia es inevitable. Las propuestas de Kleiman buscan transformar la conducta criminal a través de postulados que usan el sentido común: se advierte de un castigo para quienes traspasen una línea y este castigo se aplica sin contemplaciones si la conducta excede el límite establecido. Lo que se buscaría con estas medidas es desalentar las conductas hiperviolentas, imponiendo costos y castigos francos a sus perpetradores. Ciertamente existe un abismo en materia de capacidades entre nuestro país y Estados Unidos y en la propia naturaleza del problema en uno y otro lugar, pero hay lógica implícita en estas propuestas que las hacen aplicables en cualquier contexto, siempre que se cumplan algunos prerrequisitos. ¿Por qué desahuciarlos sin siquiera haber hecho el intento? ¿Con base en qué evidencia se anticipa su fracaso? Más inquietante, ¿por qué presentarlo como una disyuntiva? Ni los más convencidos en este tipo de medidas se atreverían a afirmar que esto suple o minimiza la necesidad de entrarle a nuestro problema de fondo.

Suscribo completamente el diagnóstico y las prescripciones de Villalobos: necesitamos un Estado y una ciudadanía fuertes para abatir el problema de violencia e inseguridad que hoy nos aqueja. Éste es el fondo y esto es lo que tenemos que atender. No hay atajos ni sustitutos. Lo que no acepto es que tengamos que hacerlo pagando un precio monumental. De hecho cualquier proceso de reflexión y de construcción de agenda en materia institucional transitaría con más facilidad en un contexto de violencia contenida. Con decenas de muertos en las calles, con amenazas latentes de homicidios múltiples, con dificultad incluso para contar decesos, ¿cómo entablar un proceso de reflexión profunda que nos ayude a establecer las coordenadas de la reconstrucción institucional necesaria? Contener la violencia es un objetivo. Me doy la licencia para disentir.