La delincuencia sale cada vez más cara a los empresarios
La inseguridad les costó 226 mil millones de pesos a las empresas en 2019, lo que equivale al 1.2% del PIB
Por Magda Ramírez (@magdaramirez09) y Alan López (@alanfabian07)
Pese a que el porcentaje de empresas víctimas de la delincuencia disminuyó, al pasar de 33.7% en 2017 a 30.5% en 2019 —es decir, tres puntos porcentuales menos—, los costos de la inseguridad se han incrementado para el sector empresarial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020, que el Inegi publicó recientemente, el costo de la inseguridad y la delincuencia que afecta a las empresas creció 34% entre 2017 y 2019.
Pero ¿de qué clase de delitos estamos hablando? ¿Qué tanto ha cambiado la victimización empresarial en los últimos años? ¿Cuáles son los delitos que generan más pérdidas económicas a las empresas? En esta entrega responderemos estas preguntas con base en el análisis de la ENVE 2020, y plantearemos algunas recomendaciones para atender los delitos que más afectan a las empresas, como la extorsión.
¿Qué delitos ‘pegan’ más a las empresas?
Si analizamos las empresas por tipo de sector, descubrimos que la extorsión es el delito más frecuente en la industria y los servicios, mientras que el robo o asalto de mercancías, dinero, insumos o bienes afecta más a los comercios. Además, la extorsión también es el delito más común, sin importar el tamaño —micro, pequeña, mediana o grande— de la unidad económica.
En cuanto a prevalencia delictiva, que es la proporción de unidades económicas que han experimentado uno o más delitos, detectamos que la extorsión es el tercer delito más frecuente y el de mayor aumento en la tasa de víctimas por 10,000 unidades económicas, al pasar de 544 empresas en 2017 a 688 en 2019; es decir, un aumento de 26%. Por el contrario, se observa que la mayoría de los delitos como el robo hormiga, el robo o asalto de mercancía, dinero o bienes y el fraude, tuvieron reducciones de 20.7%, 10.5 y 35.1%, respectivamente, del año 2017 a 2019.
¿Cuáles son los delitos que más aumentaron?
Por lo que concierne a la incidencia delictiva, la extorsión empresarial es el delito que más se comete a nivel nacional, con 911,506 delitos perpetrados. Entre 2017 y 2019 la tasa de extorsión mostró un incremento de 58%, al pasar de 1,150 a 1,821 delitos. Es importante señalar que en el 92.5% de los casos estas extorsiones se cometen por vía telefónica. Pues bien, hubo un aumento en 5.6 puntos porcentuales en extorsiones telefónicas con respecto a 2017[1].
Sin embargo, la extorsión telefónica se concentra más en ciertos estados que en otros. Por ejemplo, en Yucatán el 100% del total de delitos de extorsión son cometidos por la vía telefónica, seguido de Guanajuato y Sonora con el 98.2%; Durango con 98.1% y, finalmente, Querétaro con el 97.2%.
¿Cuánto les cuesta la inseguridad a las empresas?
A nivel nacional, aunque los delitos contra las empresas disminuyeron en tres puntos porcentuales, su costo aumentó en un 34% de 2017 a 2019. Es decir, la delincuencia es menos frecuente, pero más ‘cara’.
En 2019 el gasto de los empresarios en medidas preventivas —como cambiar o colocar cerraduras, instalar alarmas o videcámaras— aumentó en un 11% con respecto a 2017. Y, por primera vez, la erogación que hicieron los empresarios por gastos en medidas preventivas fue mayor a la pérdida económica a consecuencia del delito en sí. En efecto: aunque las empresas en términos de incidencia fueron menos victimizadas en 2019 que dos años atrás, gastaron más en medidas de protección.
Si sumamos el gasto en medidas preventivas y las pérdidas económicas a consecuencia de los delitos, tenemos el costo promedio por empresa que, durante 2019, ascendió a 85,329 pesos, mientras que en 2017 fue de 66,031 pesos a nivel nacional. Sin embargo, hay estados en donde el costo se elevó hasta cuatro veces más, como es el caso de Querétaro y Ciudad de México, en donde alcanzó los 349,236 y 312,216 pesos, respectivamente, tal y como se muestra en el siguiente mapa:
¿Qué hacer para atender el problema?
Las experiencias internacionales e iniciativas nacionales se han enfocado principalmente en atender el problema de la extorsión empresarial. Como lo hemos analizado en entregas previas, el caso de varios países de América Central es prometedor. El reporte Una cultura criminal. Extorsión en Centroamérica, de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, documenta cómo algunas de las respuestas centroamericanas a la extorsión pasan por la consolidación de asociaciones público-privadas. Por ejemplo, el sector azucarero de El Salvador ha establecido un marco oficial para ofrecer a la policía apoyo logístico en la atención de la extorsión y el control de las pandillas. En el caso de Guatemala, la Cámara de la Industria ha construido, durante los últimos años, una relación con la Fiscalía General para hacer frente a la extorsión.
Desde México Evalúa también hemos analizado iniciativas locales enfocadas en la contención y prevención de la extorsión. En el estudio La extorsión empresarial en Ciudad Juárez. El impuesto criminal: lecciones y precauciones se analizan las causas, características y efectos del “cobro de piso” en el municipio fronterizo de Chihuahua. Entre las lecciones aprendidas de esta investigación destacan la creación de una Unidad de Antiextorsión Empresarial al interior de la Fiscalía estatal, la aplicación de protocolos estandarizados para ofrecer protección directa a las víctimas que sufrieron alguna agresión física y la operación de ministerios públicos especializados en extorsión. Estas iniciativas fueron promovidas y respaldadas por el sector empresarial del estado.
Estos ejemplos tienen en común el involucramiento del sector empresarial, tanto en el acompañamiento como en el financiamiento de estrategias enfocadas en atender y prevenir la victimización de empresas, principalmente, del delito de extorsión. En 2019, las empresas gastaron 33 veces más en medidas de protección que el presupuesto destinado a los municipios para fortalecer a sus policías y desarrollar programas de prevención, suministrado a través del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg).
Trágicamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 ya no contempla la asignación de presupuesto para Fortaseg, por lo que la mayoría de los municipios de las zonas urbanas se quedarán sin estos recursos para hacer frente a la delincuencia, incluyendo la que afecta a las empresas. Frente a este panorama, es momento de plantearse de qué manera el sector empresarial puede participar de manera más activa en la construcción de seguridad.
Un ejemplo es el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), que se ha implementado en el estado de Chihuahua desde 2012. Este fondo, financiado por una sobretasa sobre el Impuesto de la Nómina, busca fortalecer las capacidades institucionales para prevenir la violencia, garantizar el Estado de derecho y fomentar la cultura de la legalidad. Su operación es supervisada por un Comité Técnico conformado por integrantes sector empresarial y del sector gubernamental[2].
Esta iniciativa podría inspirar la construcción de alianzas entre los sectores público y privado de otras entidades federativas o de las zonas metropolitanas del país, con el fin de diseñar (e incluso adoptar) acciones que reduzcan la victimización de las empresas, como la creación de Unidades Antiextorsión.
Sin duda, con estos antecedentes el próximo año en materia de seguridad no será alentador. Hoy más que nunca se requiere del trabajo colaborativo entre autoridades y sociedad. Juntos debemos caminar hacia la pacificación de nuestro país.
Queridos amigos,
nos leemos el siguiente año.
[1] En el caso mexicano, el Gobierno federal presentó recientemente un instrumento para combatir la extorsión telefónica en el país: la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude. Esta herramienta forma parte de una estrategia federal cuyos objetivos consisten en recopilar información detallada sobre este delito, fomentar la denuncia ciudadana a través de los números nacionales de emergencias 089 y 911 —lo cual ayudaría a reducir su alta cifra negra— y neutralizar, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuentas bancarias donde se realiza el pago de las extorsiones.
[2] El Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Innovación y Desarrollo Económico y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
