Por muchos años, la disputa por el poder en México implicó violencia. Los contendientes se mataban para acceder al poder. Vino así un proceso de institucionalización política en el que los grupos en disputa se pusieron de acuerdo en torno a las reglas para acceder el poder. Primero las reglas del régimen posrevolucionario, luego las de nuestra democracia electoral. La violencia tiene hoy otras características y actores.

Son grupos criminales los que la ejercen. No para imponer una manera de ver al mundo, sino para asegurar el control de territorios y su negocio. No podemos girar la cabeza y pretender que este tipo de violencia no existe. La próxima elección intermedia ya está manchada de sangre. Según reportes periodísticos, son 19 los decesos que se contabilizan en este proceso electoral. Se ha ultimado a aspirantes, candidatos, dirigentes partidistas y se ha atentado contra mucho más. No es la primera vez. Y que yo recuerde, estas muertes o amenazas, al igual que muchas más, no se han esclarecido. Los perpetradores han quedado impunes. Esta expresión criminal no ha recibido una respuesta contundente del Estado mexicano.

Hace unos días, el secretario de Gobernación argumentaba que se trata de eventos aislados. También nos recordaba que los aspirantes a puestos de elección popular pueden acceder a la protección del Estado mexicano si así lo solicitan. Pocos lo han hecho. El secretario de Gobernación nos explicó: son apenas unas cuantas plazas las que presentan el problema.

Conocemos cuáles son los focos rojos encendidos en nuestro territorio. Con más razón deberíamos tener los recursos para anticipar y actuar. La intimidación es el recurso de los grupos criminales para capturar instituciones del Estado. Con violencia o recursos influyen en el proceso electoral y sus resultados. Ayotzinapa nos mostró qué tan encumbrados pueden estar y las consecuencias de permitir que lleguen tan lejos.

Me parece evidente que una estrategia para maniatar a estos grupos criminales debe considerar este elemento de manera central. Cortar los mecanismos por los cuales encumbran a candidatos convenientes y se hacen del control del aparato de seguridad para sus fines debería ser un objetivo prioritario de la estrategia de seguridad. Por lo que vemos, en esta elección, no se desplegó ninguna medida para prevenir
esta influencia y su intimidación. 19 muertes y seguimos contando.

La violencia criminal tiene otros efectos sobre el ciclo electoral. Como lo han señalado Sandra Ley, Guillermo Trejo y otros talentosos investigadores, la violencia asociada a elecciones deprime la participación, aumenta el miedo, resta credibilidad y confianza en las instituciones y privilegia medios no institucionales de expresión. Debilita, pues, la institucionalidad y alimenta un círculo vicioso de descomposición. La violencia, también, impone grandes retos para la organización de elecciones. El IFE/INE ha tenido problemas para encontrar a los ciudadanos insaculados para participar como funcionarios de casilla porque la violencia ha desplazado a miles de familias y porque, ante la desconfianza e inseguridad, los incentivos a participar son pocos. Se conocen también las desafortunadas historias de insaculación de algunos estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cuántas otras desconocemos? La violencia criminal ha hecho estragos en nuestra sociedad. Resulta urgente atender esta arista del fenómeno criminal en el país. No habrá manera de abatirlo si no se detiene su influencia en el proceso electoral y en la conformación de los gobiernos.  No habrá manera de fortalecer a las instituciones del Estado, si éstas se encuentran infiltradas por criminales. La elección próxima debió haber sido minuciosamente cuidada para prevenir esta injerencia. Me pregunto cuántos de los candidatos que aparezcan en las boletas electorales del próximo 7 de junio tendrán nexos con grupos criminales, sobre todo en entidades como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas. ¿Cuántos de ellos, en caso de ganar, estarán a su servicio? Lamentablemente seguimos insistiendo en los mismos instrumentos de combate al crimen que han probado ser parciales. Insuficientes para romper con esta simbiosis política-crimen, para evitar la violencia electoral y para detener los ciclos de descomposición en los que se encuentran algunas entidades del país.  ¿Hasta cuándo?

OTRA  FORMA DE  VIOLENCIA

Me quedo atónita ante la comunicación emitida por la Secretaría de Educación Pública: “Se suspenden indefinidamente procesos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia de docentes…”. Cejar en los esfuerzos de elevar la calidad de la educación en el país es condenar a niños y jóvenes mexicanos a la pobreza, imposibilitarlos a una vida digna, una vida mejor. Es una manera de violentar sus derechos y mantener a este México dividido en dos: los que pueden y los que no. No entiendo la decisión del gobierno federal. Se disparó en el pie.