Al que no le cuesta lo vuelve fiesta

La tabla de salvación de las entidades federativas es la independencia fiscal, pero la Ley de Coordinación Fiscal no recompensa los esfuerzos que hacen por lograrla. Veamos las implicaciones de un sistema de incentivos equivocado.

Mariana Campos, Liliana Ruiz y Alejandro García | Animal Político

Varios especialistas sostienen que la tributación tiene un papel mucho más importante en la construcción del Estado que la mera obtención de recursos para financiar la operación del gobierno. El proceso de recaudar tributos es central para la edificación de un Estado que se sienta obligado a rendir cuentas y a representar a sus ciudadanos. Que el gobierno dependa de sus contribuyentes se considera esencial para promover el desarrollo de una meritocracia, es decir, de una burocracia que reconozca la importancia del esfuerzo y el logro de resultados para trazar una carrera en el servicio público.

En efecto, es fundamental que un gobierno aprenda a recaudar y no sólo a gastar dinero, y a partir de esa certeza podemos afirmar que en México hemos hecho mal la tarea. Ni la federación ni las entidades federativas en México logran recaudar lo que deberían. La federación recaudó 16% del PIB en 2018, una proporción baja en relación al conjunto de la economía, si la comparamos con lo que recaudan países de nivel de desarrollo similar, como España, Brasil, Argentina, Corea de Sur, Chile, Ecuador y Colombia.[1]

El caso de los gobiernos estatales es aún más dramático y preocupante. Los estados y municipios tienen la posibilidad de recaudar ingresos propios por el cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos y otros. Pero a pesar de contar con esta facultad constitucional, las entidades federativas lo hacen de manera insuficiente: sólo recaudan el 10.7% de sus ingresos totales. Esto quiere decir que, en promedio, 89.3% del total de sus ingresos proviene de ingresos recaudados por el gobierno federal.

La carreta por delante de los caballos

Veamos las ‘áreas de oportunidad’ específicas. En México los estados tienen poco espacio recaudatorio, pues no recaudan ningún porcentaje del IVA, cuando en varios países es común que los estados cobren alguna parte del impuesto al consumo. La recaudación por predial y tenencia, que está completamente a cargo de los gobiernos locales, se aprovecha mal.

Parece que los incentivos para enfrentar los costos políticos de recaudar localmente no son lo suficientemente potentes. Los recursos federales que se han transferido históricamente –que no han sido pocos y que han crecido de manera constante– no han incentivado el esfuerzo recaudatorio a nivel local, en parte porque su asignación no se ha condicionado al esfuerzo recaudatorio ni a acciones que tengan como objetivo incrementar la capacidad institucional estatal y municipal para recaudar recursos.

Como se aprecia en la gráfica superior, del total de las 32 entidades federativas, ocho entidades están por arriba del promedio nacional de ingresos propios respecto al total de ingresos. La Ciudad de México es la entidad con la mayor independencia fiscal (41.1%); al otro extremo se encuentra Guerrero, que sólo recauda 3.1% de sus ingresos, por lo que es la entidad con menor independencia fiscal.

Una situación similar se observa en los municipios del país. La independencia fiscal municipal en 2017 promedió 13.5%.

Desde luego, se puede argumentar que el dinamismo económico es un factor que facilita o dificulta la recaudación, al margen del esfuerzo que hace el gobierno local. Es decir, los gobiernos de localidades con mayor crecimiento económico pueden recaudar más recursos con el mismo esfuerzo recaudatorio que invierten las localidades que tienen un menor crecimiento. No obstante, esas mismas entidades que recaudan menos que su potencial pueden incrementar su recaudación con mayor facilidad que las que ya alcanzaron ese potencial.

En todo caso, lo que se debe promover en la Ley de Coordinación Fiscal no es la recompensa al monto de recaudación, como ahora se hace, sino el esfuerzo relativo al tamaño de la economía y/o de la actual contribución.

Con la información disponible a 2017, hemos analizado el cambio en dicho indicador, pues nos puede dar una mejor idea del esfuerzo relativo que realizó una entidad en un periodo de tiempo determinado para reducir su dependencia de los recursos federales.

Observamos que la gran mayoría de los estados incrementaron el indicador de independencia fiscal (ingresos propios/ ingresos totales). Sin embargo, la federación no considera ese esfuerzo a la hora de asignar recursos. Nos llama la atención que existieron diferencias importantes respecto al tamaño del esfuerzo e incluso nueve entidades federativas mostraron un retroceso en dicho indicador. Entre ellas destaca Chiapas. Veamos su caso a detalle.

Chiapas suele ser un estado afortunado, pues ocupa los primeros lugares en cuanto al monto que recibe de transferencias de la federación, en particular las que provienen de las Aportaciones federales (Ramo 33). De hecho, fue el cuarto estado en cuanto al monto que recibió de Aportaciones, en parte porque varios fondos buscan contrarrestar su marcado grado de marginación. Sin embargo, ¿qué tanto contribuye ese hecho a desmotivar su esfuerzo recaudatorio? ¿Debemos seguir premiando las deficiencias y perpetuando el statu quo? ¿O bien debemos premiar el esfuerzo recaudatorio, sin dejar de considerar y compensar las deficiencias iniciales, y así lograr un cambio?

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[1] OECD Global Revenue Statistics Database 2017