Sin resolverse, 98 de cada 100 delitos en San Luis Potosí

• En el marco del Segundo Diálogo Sobre Justicia Penal en San Luis Potosí, México Evalúa presentó Hallazgos desde lo local 2021: San Luis Potosí, la más reciente edición del reporte anual que da seguimiento y evalúa al sistema de justicia penal en la entidad.
  
  
• El reporte muestra que San Luis Potosí es la segunda entidad con mayor impunidad a nivel nacional, con el 98%. El análisis de impunidad por delito arroja que la desaparición, violación y robo simple exhiben los mayores índices, con el 100%, 99.2% y 99%, respectivamente.
  
  
• Durante el diálogo se subrayó que la Fiscalía de San Luis Potosí presentará su Política de Persecución Penal, así como planes de persecución basados en prioridades, para hacer frente a los retos en materia de justicia penal.

San Luis Potosí, 17 de noviembre de 2022

Datos del reporte Hallazgos desde lo local 2021: San Luis Potosí, elaborado por México Evalúa, muestran que el 98% de los delitos denunciados e investigados en la entidad quedó impune, lo que la convierte en la segunda con mayor impunidad en el país. Al analizar delitos específicos, el reporte muestra que el 100% de los casos de desaparición forzada quedó sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades, al igual que el 99.2% de las violaciones y el 99% de casos de robo simple.

En el Ranking de Consolidación, un instrumento contenido en Hallazgos que año con año mide las condiciones necesarias para la adecuada operación del sistema penal en cada uno de los estados, San Luis Potosí tuvo 608 de los 1,100 puntos del estándar mínimo, lo que representa un incremento de 114 puntos respecto al año anterior, y ocupa la 12º posición de avance a nivel nacional.

Durante el Segundo Diálogo Sobre Justicia Penal en San Luis Potosí, en el que participaron titulares de instancias del sistema de justicia penal local, especialistas y académicos, se reconocieron algunos resultados de los esfuerzos por parte de las instituciones para hacer frente a los retos que enfrenta la entidad en la materia, tales como los procesos de planeación continuos y públicos en todas las instituciones operadoras, la reducción en el diferimiento de audiencias y la mejora de la gestión judicial en el Tribunal Superior de Justicia, así como la construcción de la Política de Persecución Penal, próxima a publicarse, y de los planes de persecución basados en prioridades, los cuales están siendo elaborados por la Fiscalía General de Justicia y la sociedad civil en colaboración.

“Vemos la oportunidad para San Luis Potosí de consolidar los esfuerzos en materia de justicia penal, lo cual requiere del compromiso político para que todas las partes actúen conforme a un mismo objetivo: el funcionamiento óptimo del sistema de justicia y la reducción de la impunidad”, apuntó Edna Jaime, directora general de México Evalúa durante el diálogo.

Por su parte, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, explicó que “la próxima publicación del plan de persecución penal permitirá que la Fiscalía trabaje bajo metas, objetivos y compromisos para reducir la impunidad”.

Entre los aspectos que revelan las áreas de oportunidad en materia de justicia penal en San Luis Potosí se destaca que la mayoría de las instituciones cuenta con un presupuesto por cada 100 mil habitantes menor a la media nacional, exceptuando la Defensoría, y que todas las tasas de número de operadores por 100 mil habitantes –jueces, fiscales o agentes del Ministerio Público, defensores y asesores jurídicos– se encuentran por debajo de los promedios nacionales.

De acuerdo con el Hallazgos desde lo local, la Fiscalía General de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación para el 77.2% de las denuncias y querellas que recibió en 2021, proporción menor al promedio nacional. Por ello, las especialistas urgieron a mejorar la atención de las denuncias y querellas para cerrar el espacio de impunidad desde el momento mismo en que la ciudadanía solicita auxilio a las autoridades del sistema de justicia. Lo anterior, sin embargo, debe tomar en cuenta que actualmente la carga de trabajo de los agentes del Ministerio Público se encuentra rebasada: en 2021 cada agente se encargó, en promedio, de 228 carpetas de investigación. Es por todo lo anterior que adquiere relevancia la sugerencia de implementar una persecución estratégica capaz de asegurar respuestas diferenciadas sin comprometer la capacidad instalada en la Fiscalía, y un tratamiento adecuado de acuerdo al tipo de fenómeno.

Durante el encuentro, autoridades estatales y representantes de sociedad civil dieron seguimiento a la agenda establecida el año pasado para fortalecer al sistema de justicia y comentaron algunos avances, en la que se incluyó la estabilización de la plantilla laboral y la reubicación del personal de acuerdo con su perfil en el Poder Judicial, así como la designación del comisionado de Atención a Víctimas, la necesidad de incrementar la participación ciudadana y de mejorar la comunicación interinstitucional, por parte de la Secretaría de Gobierno.

En el diálogo participaron Siegfried Herzog, director regional de la Fundación Friedrich Naumann; Diana Blanco, especialista en Estado de derecho de USAID México; Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, titular de la coordinación general de la Defensoría Pública del estado; Olga Regina García López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Mónica Macías Guel, presidenta de la Fundación Benemérita Ponciano Arriaga Leija AC; Rogelio Córdova, director de Educación y Ciudadanía AC, y José Mario de la Garza, presidente de Renace San Luis Potosí.

Descarga el documento Hallazgos desde lo local: San Luis Potosí, aquí:

La transmisión del evento puede recuperarse aquí: https://youtu.be/ZPsjaLBaMRk

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Cynthia Castañeda

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