Ciudad de México, 9 diciembre 2021

En respuesta al comunicado de la Comisión Federal de Electricidad sobre el estudio Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la CFE: el caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila, precisamos:

* El Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa ha desarrollado varias investigaciones relacionadas con el gobierno corporativo de las Empresas Productivas del Estado (EPE), desde el análisis de la política anticorrupción, rendición de cuentas, transparencia, neutralidad competitiva, responsabilidad social y ambiental, bajo el marco teórico que dictan las mejores prácticas internacionales. Todas nuestras investigaciones están sustentadas en datos e información pública y se encuentran disponibles en nuestro portal.

* Nuestras publicaciones han dado cuenta de un trabajo continuo de análisis del desempeño de las EPE y de la política energética de nuestro país, con el fin de brindar recomendaciones de mejora que apunten abrir el diálogo con las autoridades y entes públicos correspondientes. Nuestro trabajo no es nuevo, es producto del esfuerzo de más de 10 años de investigación.

* A partir del caso de una compra de carbón ejecutada por CFE en 2020, el estudio en cuestión describe los riesgos potenciales de corrupción emanados de vacíos en el diseño de las normas y de las políticas anticorrupción de la empresa. También analiza las actuaciones erróneas (desde el punto de vista del buen gobierno corporativo) ejecutadas sistemáticamente por el personal de la empresa o por funcionarios vigilantes de su desempeño.

* La CFE afirma que no hay conflictos de interés en las compras de carbón. Y la ciudadanía entera no podría esperar otra cosa. Sin embargo, reiteramos que nuestro estudio no describe, revela o dictamina tramas de corrupción. Lo que sí hace es referir y enlistar una serie de señalamientos realizados por organizaciones civiles, medios de comunicación u organismos como la Auditoría Superior de la Federación, de irregularidades en empresas proveedoras de CFE y en las propias contrataciones de carbón. La preocupación está allí. Es pública y documentada. La prueba más llamativa de ello, perfilada con todo detalle en el estudio, es que el 27 de noviembre de 2020, en su sesión matutina, se presentó al Pleno del Senado para su discusión y votación, el dictamen de la Comisión de Energía, que contenía el punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicitó a la CFE un informe pormenorizado del proceso de compra de carbón a productores en la región de Sabinas. Tal hecho lo pudimos confirmar vía solicitud de transparencia, y también pudimos conocer que el oficio que acompañaría el punto de acuerdo votado nunca llegó a la CFE, por lo que ésta no inició alguna investigación al respecto. He aquí un ejercicio de rendición de cuentas incompleto. Creemos, en todo caso, que la empresa debería tomar con toda seriedad estas señales de alerta, y responder a ellas con prácticas de genuina transparencia corporativa.

* Las empresas públicas deben vigilar el cumplimiento de sus objetivos y difundir los resultados de la aplicación de sus políticas anticorrupción. El estudio muestra que, en el caso que nos ocupa, esto no sucedió, por las siguientes razones:

1. La justicia social, esgrimida por CFE como criterio para la selección de proveedores, es una causa a la que toda democracia debería aspirar, pero existen vías más adecuadas y debidos procesos que no deben obviarse. El apego a la ley es una de ellas, la política de contenido nacional es otra, y la política de transición energética podría también favorecer el desarrollo de nuevas industrias en la zona y detonar el desarrollo económico. En el estudio se documenta que actualmente hay al menos 26 proyectos de energías renovables, promovidos por el gobierno de Coahuila, que no han podido concretarse.

2. La instrucción de compra de carbón del presidente de la República, destinada a apoyar a determinados proveedores de CFE, es incompatible con el cumplimiento del marco legal de la CFE y las mejores prácticas internacionales. Un hecho indubitable es que las 60 adjudicaciones directas asociadas a esa compra de carbón se realizaron sin contar con la debida dictaminación para acreditar la excepción al proceso de competencia económica.

3. Existen contradicciones entre el plan anticorrupción, la ley de la CFE, las disposiciones aplicables y las mejores prácticas internacionales. Los detalles se explican a fondo en nuestro estudio, donde documentamos los problemas en el diseño, implementación y supervisión del plan anticorrupción.

4. De acuerdo con la normatividad vigente, el Consejo de Administración, como máximo órgano de toma de decisiones de la CFE, está obligado a autorizar compras extraordinarias y consideradas por el director general como estratégicas. Además, debe vigilar que los actos de la CFE no contraríen las condiciones de acceso abierto, la operación eficiente o la competencia en los sectores en que participe, o el mandato y objeto de la Comisión Federal de Electricidad.

5. La falta de transparencia se observa en el manejo de las 60 adjudicaciones de carbón, debido a que se registró como un proceso único sin folio y sin acceso a documentación oficial que permitiera el cabal seguimiento de la ciudadanía. La información pública de la compra disponible en el micrositio de la CFE no presentó datos claves mediante la vía y momento oportuno, tales como tipo de contratación, tipo de procedimiento, modalidad, número de contrato o número del procedimiento.

Consideramos que la CFE podría dar una nueva lectura al estudio, con el ánimo de tomar los hallazgos y las recomendaciones. Sería provechoso para la empresa conocer cómo la ciudadanía percibe y evalúa, en pleno ejercicio de sus derechos y con la información disponible, su desempeño, con vista a mejorar sus sistemas de competencia, transparencia y rendición de cuentas. Lo deseable sería que a partir de diagnósticos como el que hemos presentado se generen diálogos constructivos entre las partes interesadas, para el mayor bien de la empresa productiva y con el fin de mejorar el parámetro de la exigencia y la vigilancia ciudadanas a las empresas estatales.

Recordemos que los dueños de la CFE somos todos los mexicanos, y que la ciudadanía está en su derecho de exigir transparencia y rendición de cuentas. De nuestra parte, seguiremos como hasta ahora, investigando, analizando y proponiendo mejoras a las políticas públicas de México.