¿Qué tal han funcionado las cárceles privadas en México?

Por Mara Gómez (@DoctoraMaraGo) | Animal Político

A más de 10 años del inicio de la privatización del sistema penitenciario en nuestro país, el tema vuelve a subir a la agenda pública. En una de las conferencias mañaneras, un periodista le preguntó al presidente López Obrador sobre la alianza entre PRI, PAN y PRD. En un retorcimiento típico de nuestro actual mandatario (y muy probablemente para evitar una pregunta que no quería responder en ese momento), consiguió llevarnos a un problema agudo que había estado fuera de los reflectores por muchos años.

En 2010, en su cuarto Informe de Gobierno, el entonces presidente Felipe Calderón anunció la construcción de las primeras cárceles privadas, bajo un esquema que se denominó “Asociación Pública-Privada”[1] que, en esencia, consistió en otorgar a una empresa o consorcio de empresas la construcción, mantenimiento y operación de un centro penitenciario por al menos 20 años. En ese entonces se dijo que las empresas se encargarían de construir, administrar y aportar absolutamente todos los insumos necesarios para el funcionamiento de los centros (mobiliario, alimentos, artículos de limpieza, ropa para los internos, servicios de lavandería, agua, luz, etcétera), en tanto que las instituciones públicas se limitarían a prestar los servicios de seguridad dentro de los penales.

Bajo este esquema, en el transcurso de 2010 se celebraron ocho acuerdos que permitieron construir igual número de cárceles. Así, pasamos de tener 10 centros penitenciaros federales, a 18 en todo el país, como mostramos en el siguiente cuadro.

A fin de cuentas, fueron seis los consorcios empresariales a los que, sin concurso ni licitación de ninguna clase, se les asignó esta suerte de concesiones federales: Desarrolladora Homex, empresa dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación y que, a la postre, firmó un acuerdo con Inbursa de Carlos Slim; ICA (Ingenieros Civiles Asociados), una de las constructoras más antiguas de México; Prodemex (Promotora y Desarrolladora Mexicana), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez, y GIA (Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados), que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, empresa dedicada a la construcción de carreteras y obras para Pemex. Ninguno de estos consorcios contaba entonces con conocimientos en cuanto a la construcción de este tipo de infraestructura, ni mucho menos con experiencia en el manejo de centros penitenciarios.[2]

La idea de crear cárceles privadas surgió en Inglaterra y Estados Unidos[3] y, en su momento, fue promovida como solución para los que, se supone, son los principales problemas de las cárceles: alto costo de manutención de la población penitenciaria, violaciones a los derechos humanos, la corrupción imperante en su interior, entre otros.[4]

En México, las justificaciones para implantar este sistema fueron variadas. Se dijo que el sector privado tenía más recursos para brindar mejores condiciones de vida a los reclusos, cuya reinserción podría lograrse con menores costos económicos y sociales. Incluso, se llegó a argumentar que así se liberaría de esta pesada carga económica a la entonces Secretaría de Seguridad Pública.[5]

Sin embargo, no parece haber resultado exactamente así.

Lo que pasa cuando se usa el enfoque penitenciario incorrecto

Muy pronto se rebajó ese optimismo. De acuerdo con la edición 2012 del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado año con año por la Tercera Visitaduría de la CNDH, los penales privados habían reproducido los mismos problemas que los públicos, y para nada disminuyeron los costos para el Estado. En su evaluación de ese año, la CNDH señaló que el gasto diario en ese entonces, por un recluso en una cárcel privada, estaba por encima de los $1,500 pesos, mientras que en los ‘Ceferesos’ públicos rondaba los $390 pesos, y en los penales estatales era de sólo $150 pesos, en promedio.[6]

En 2016, a seis años del inicio del sistema de cárceles privadas, desde México Evalúa, junto con otras seis organizaciones académicas y de la sociedad civil, publicamos el estudio Privatización del Sistema Penitenciario en México.[7] En ese trabajo descubrimos que en los centros de reclusión privada persistían problemas idénticos a los que se tenían en los centros públicos: autogobierno, tráfico de drogas, prostitución, tratos crueles y degradantes, entre otras prácticas semejantes.

En el análisis señalamos que la privatización de las cárceles se había dado a través de un proceso opaco, toda vez que se llevó a cabo por medio de adjudicaciones directas, las cuales no se dieron a conocer vía transparencia por razones de “seguridad nacional”. Encontramos indicios de que los inversionistas habían mercantilizado a los reos sin preocuparse por su reinserción social; que los centros construidos a partir de 2010 habían adoptado modelos de alta o máxima seguridad, lo que permitió a los consorcios construir penales grandes (más de lo que realmente se necesitaba), con mayor gasto en infraestructura —rejas, puertas blindadas, cámaras de seguridad—. Advertimos que los centros se habían construido en sitios remotos y de muy difícil acceso, lo que, en la práctica, había aumentado enormemente los costos para los familiares de los reclusos quienes, en muchos casos, ya no podían ir a verlos. Comprobamos que los servicios médicos eran aún más deficientes; que el número de personal era el mismo, pero dado que se habían construido penales más grandes, resultaba insuficiente, lo que provocaba que los reclusos tuviesen que permanecer encerrados la mayor parte del día (en efecto, descubrimos que en estos centros se hacía mayor uso del aislamiento solitario prolongado). Todos esos elementos tenían, y tienen, un efecto muy negativo en el proceso de reinserción social de los internos.

A lo anterior se suma el hecho de que las empresas cobran al Estado una cuota por cada lugar disponible en cada centro penitenciario privado, y no por cada recluso; es decir, que se les debe pagar por la capacidad completa del centro y no por el número de reos existente.

El estudio concluyó que, en general, se tuvo una pésima planeación en materia penitenciaria, pues en lugar de tener un enfoque de reinserción social e incrementar el uso de medidas alternativas, se privilegió la prisión como única respuesta y se decidió construir más y más cárceles, cada vez más y más grandes.[8]

Cada vez más difícil de justificar…

Eso diagnosticamos en 2016. Sin embargo, hoy en día las cosas no parecen ir mejor.

Si bien es verdad que en 2010 la población carcelaria crecía, y que pasó de 219,027 reclusos en 2010, a 255,638 en 2014, a partir de este último año la población penitenciaria de todo el país comenzó a disminuir, y lo hizo de manera consistente hasta 2019.[9] De hecho, al mes de agosto de 2020, la población carcelaria a nivel nacional fue de 210,287 personas; esto es, por abajo del número de internos que se tenía en 2010, cuando se empezaron a construir todos estos penales privados.

Con datos al mes de marzo de 2020, también podemos afirmar que, pese a que la realidad en cada penal es diversa y puede haber centros penitenciarios con sobrepoblación, a nivel nacional aún hay 14,355 espacios sin ocupar (7.68%).[10] Evidentemente, si estos lugares vacíos están en penales privados, de todas formas el Estado, o sea todos, debemos pagarlos.

Por último, resulta interesante revisar el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, publicado por la CNDH en 2019,[11] que evaluó a ocho centros de reclusión federal públicos y ocho privados. Este diagnóstico otorgó calificaciones muy similares a ambos esquemas, pues mientras que el promedio de calificación de las prisiones privadas fue de 7.61, el de las públicas fue de 7.37, es decir, a penas 0.24 por debajo.

En síntesis, resulta preocupante la manera en que todavía funcionan los esquemas de privatización del sistema penitenciario. Cada vez es más evidente que la solución no se reduce a la construcción de más cárceles; el camino es mejorar la operación del sistema de justicia penal. Lejos de representar un ahorro para el Estado, estos centros han generado más costos para el erario, que no se han traducido en un mejoramiento real de las condiciones de internamiento ni de los niveles de reinserción social.

En suma, el sistema penitenciario tiene que mejorar, pero entendiendo que el Estado de derecho no se acaba al entrar a una cárcel.

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[1] Presidencia de la República, IV Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, México, 1 de septiembre, 2010. De hecho, el esquema ya había sido anunciado por su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, desde 2009, pero oficialmente se anunció hasta el cuarto Informe de Gobierno del primer mandatario.

[2] A partir de ahí, numerosos Estados modificaron su marco jurídico local para permitir la implementación de “Asociaciones Público-Privadas”.  De hecho, a fines de 2012 se estimaba que en el 84% del territorio nacional ya operaba este esquema para diversos servicios. Espejel, Alberto y Díaz, Marcela. De violencia y privatizaciones en México: el Caso de las Asociaciones Público-Privadas en el Sector Penitenciario, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Univ. de Guanajuato. Vol. IV, núm. 1, ene-jun 2015: https://biblat.unam.mx/hevila/Revistamexicanadeanalisispoliticoyadministracionpublica/2015/vol4/no1/6.pdf

[3] Arraigada Gajewski, Isabel. De cárceles y concesiones: Privatización carcelaria y penalidad neoliberal, Revista Derecho (Valdivia) Vol. 25, No. 2, Dic. 2012: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502012000200001&lng=en&nrm=iso&tlng=es 

[4] Espejel y Díaz, Op. cit.

[5] Fondevila, Gustavo. Cárceles privadas en México, El Universal, miércoles 2 de Octubre de 2013: https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/impreso/carceles-privadas-en-mexico-209636.html; Morales, Alberto y Jiménez, Sergio J. Anuncian edificación de 12 cárceles concesionadas, El Universal, Miércoles 3 de junio de 2009: https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/168648.html; Castillo, Gustavo. El “nuevo” sistema penitenciario, La Jornada, Lunes 30 de abril de 2012: https://www.jornada.com.mx/2012/04/30/politica/002n1pol.

[6] Consultable en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2012.pdf

[7] Consultable en: https://www.mexicoevalua.org/privatizacion-del-sistema-penitenciario-en-mexico/ En la elaboración de este estudio, además de México Evalúa, participaron: Documenta/Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C., Due Process of Law Fundation, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria SJ, Universidad Iberoamericana de Puebla, Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., y la asociación Madres y Hermanas de la Plaza Pasteur.

[8] Ver también: Roldán, Nayeli, Cárceles privadas, con los mismo problemas que las públicas: corrupción y drogas, 24 de agosto, 2016, Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2016/08/carceles-privadas-problemas-corrupcion-drogas/

[9] En 2020 tuvimos un ligero aumento motivado por el incremento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ver: Gómez, Mara y Alonso, Montserrat, Mas mujeres encarceladas sin sentencia, 13 de noviembre del 2020, Animal Político: https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/mas-mujeres-encarceladas-sin-sentencia/

[10] Ver: Bouchot, Enrique, Prisiones: la sombra del sistema penal, 4 de junio de 2020, Animal Político: https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/prisiones-la-sombra-del-sistema-penal/

[11] Consultable en: https://appweb2.cndh.org.mx/DNSP/Ceferesos/p_diagNacional_Resumen.asp?Id_Diag=9