Preguntas para Aurelio Nuño

Por: Marco Antonio Fernández Martínez

A propósito de la comparencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño, en el Senado, acá va una serie de preguntas para que los senadores, como representantes de los ciudadanos de las entidades del país, pidan información que contribuya a una verdadera rendición de cuentas.

En el marco del encuentro del nuevo secretario Aurelio Nuño y la Comisión de Educación del Senado, se esperaría un ejercicio republicano en el que las preguntas legislativas sirvieran para aclarar puntos nodales de la política educativa. La expectativa es que los legisladores –independientemente de si pertenecen o no al partido en el gobierno y su coalición político-electoral- utilizaran responsablemente la oportunidad para plantearle cuestionamientos útiles, para que los ciudadanos tengan mejor información de cómo se está desarrollando una de las políticas sociales más importantes del país: la educativa. Es por ello que para contribuir a un encuentro legislativo más productivo me permito plantear estas preguntas, las cuales espero sirvan para que los senadores, como representantes de los ciudadanos de las entidades del país, pidan información que contribuya a una verdadera rendición de cuentas.

¿De qué manera se están utilizando los resultados de los exámenes de evaluación para mejorar la formación docente? ¿Qué medidas específicas se están tomando a partir de los resultados en los que una mayoría de los aspirantes, para el ingreso al servicio profesional docente y quienes participaron en los exámenes de promoción, han tenido resultados que los califica como no idóneos?

¿Cuándo se presentará el diagnóstico de las escuelas normales y la propuesta para su reforma que su antecesor prometió en el marco de su comparecencia en la comisión permanente en junio pasado? De acuerdo al entonces secretario Chuayffet, dicho informe se presentaría en agosto pero hoy termina septiembre y no tenemos información al respecto. ¿Cómo avanzamos en la implementación de la reforma educativa que busca mejorar la calidad de la educación de nuestros profesores, si el Estado mexicano carece de un diagnóstico de cómo mejorar las instituciones donde se forman los futuros maestros? Un grupo de investigadores hemos solicitado a la SEP los diagnósticos que tienen sobre las escuelas normales desde su creación y la respuesta de la dependencia es que no existe diagnóstico alguno en toda la historia de las escuelas normales pero que están haciendo uno. ¿Cómo planeamos política educativa en un punto nodal como este si no tenemos elementos para reformar adecuadamente el funcionamiento de este tipo de planteles, pero estamos evaluando a sus egresados sin saber cuáles son las fortalezas y debilidades de las escuelas en las que cursaron sus estudios para ser maestros?

De acuerdo a una investigación sobre el FONE, que estoy realizando con base en la información que ha publicado la SEP de la nómina que se pagó mediante este fondo, persisten 2 mil 236 comisionados sindicales que recibieron un sueldo total de 145 millones de pesos el primer trimestre del año. En el caso del segundo trimestre, persistió el pago a comisionados del sindicato magisterial con asignaciones a 1 mil 745 comisionados y un costo financiado con el FONE de 107 millones de pesos. Esto viola tanto la Ley de Coordinación Fiscal como Ley del Servicio Profesional en su artículo 78 que específicamente señala que en el caso de las comisiones distintas al servicio profesional docente se debe pedir licencia sin goce de sueldo. ¿Qué medidas se van a tomar para evitar estos pagos? ¿Por qué no ha levantado la denuncia respectiva para sancionar a los funcionarios que han permitido estos pagos ilegales y a los individuos que han recibido estos salarios de forma ilegal? ¿Es esta una falla de la centralización de la nómina educativa?

No sólo preocupa la persistencia impune de esta violación a la ley, sino que cuando se contrasta con el proyecto de presupuesto de egresos que se ha presentado y se observan los recursos para financiar las evaluaciones educativas (282 millones 623 mil 419 pesos) o lo que se destinará al Programa para el Desarrollo Profesional Docente (2 mil 245 mjillones 823 mil 964 pesos) es inevitable preguntarse el por qué no se aumentan estos recursos que son fundamentales para avanzar en la calidad de los maestros y por ende en la calidad de la educación precisamente a partir de dejar de pagar a gente que podría recibir perfectamente su salario del sindicato, pues éste retiene 3 por ciento en cuotas de los salarios de todos sus miembros[1].

Se ha enfatizado la expansión de la educación media superior a través de los planteles a distancia, en particular en línea para aquellas comunidades rurales de menos de 2500 habitantes. ¿Cómo se están coordinando con las autoridades de los estados para garantizar que estas opciones educativas sean de calidad? ¿Cómo evitar que estas opciones a distancia no tengan problemas similares a lo que ha ocurrido con las telesecundarias, donde los resultados de ENLACE han evidenciado que tienen los problemas más graves de calidad de las opciones públicas en este nivel educativo?

Respecto a la forma en que opera el servicio profesional docente, ¿de qué dimensión es el problema del ausentismo magisterial? Si el control administrativo de las escuelas es facultad de las autoridades de los estados, ¿cómo se está coordinando con dichas autoridades para tener estadísticas confiables y públicas al respecto? ¿Cómo se coordina con ellas para hacer cumplir el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente de forma que se separen a los individuos que lamentablemente han faltado tres o más veces de forma consecutiva sin causa justificada en detrimento de sus estudiantes?

En el caso de las escuelas de la ciudad de México que dependen de la Secretaría a su cargo, ¿de qué tamaño es el problema del ausentismo magisterial? ¿Qué estadísticas se tienen al respecto? ¿Se ha publicado esta información? ¿Se ha tenido que aplicar el artículo 76 de la ley mencionada y en caso afirmativo, por qué no se ha publicado la lista de los individuos separados del servicio profesional docente en la ciudad de México por entrar en el supuesto contemplado de este artículo?

El presidente Peña Nieto ha anunciado el programa de bonos para el financiamiento de la infraestructura educativa. Ustedes han insistido en que no es deuda pública. Sin embargo, traer a valor presente un ingreso futuro es un sinónimo de deuda. Contablemente no es deuda del gobierno federal pero sí lo será de los estados que decidan entrar a este programa. ¿Cómo van a transparentar esta deuda en los acuerdos con los gobernadores que decidan adoptar este esquema? ¿Cómo evitar que se violen la ley y los compromisos de transparentar este tipo de información tal y como ocurre actualmente con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que servirá para garantizar dichos bonos, pues la Ley de Coordinación Fiscal establece la obligación a las autoridades estatales de informar del uso de estas transferencias federales?

Hay que recordar que en el marco de la reforma fiscal se estableció que las autoridades estatales deben informar a sus ciudadanos sobre los montos que reciben mediante el FAM, así como las obras y acciones financiadas por esta vía, junto con el costo de cada una de ellas, su ubicación y beneficiarios. Sin embargo, una revisión de los portales de las secretarías de finanzas y educación de las entidades federativas revela que esta disposición federal es letra muerta, sin que haya habido consecuencia administrativa y/o penal por esta omisión jurídica. ¿Así se hará cumplir la transparencia de los bonos para infraestructura educativa?

Hablando de transparencia, máxime que en octubre próximo el Gobierno de la República como copresidente de la Alianza para el Gobierno Abierto será el anfitrión de la reunión de esta organización, ¿por qué persiste un número mayoritario de información en pdf o no disponible de forma activa sino sólo a través de peticiones de acceso a la información a cargo de la SEP? Ahí está como ejemplos los resultados de los concursos del servicio profesional docente. ¿Por qué no se ha dado a conocer públicamente y en formato abierto las listas de prelación, con el tipo de plazas y centro de trabajo al que se han asignado los candidatos idóneos que aprobaron los concursos de evaluación magisterial con los mejores resultados? Consistente con este desafío de transparencia para la mejor rendición de cuentas, ¿por qué no se han dado a conocer públicamente y en formato abierto, como Excel, el listado y monto de todas las prestaciones que han sido pagadas a través del FONE? ¿Qué medidas se tomarán para en verdad transparentar las estadísticas educativas y dejar al lado la cultura del pdf y de no brindar la información salvo a partir de peticiones y muchas veces sólo cuando se pierden los casos ante el INAI? (Recordemos el lamentable episodio del censo educativo y la batalla de distintas organizaciones de la sociedad civil incluidas Mexicanos Primero, el IMCO y México Evalúa para que se liberara la base completa del censo educativo).

Retomando la importancia del censo educativo, ¿cuándo se complementará en las escuelas en las que no se levantó en su momento en Oaxaca, Chiapas y Michoacán? ¿Cómo se allegaron información del magisterio que se ausentó en las semanas del levantamiento de dicho censo, cifra que no fue menor, pues de acuerdo al CEMABE fue información correspondiente a 98 mil 576 plazas, es decir, el 4.39 por ciento del total de plazas de educación básica?[2]

¿Nos podría ejemplificar con casos específicos de acciones y programas cómo se está retomando la información del censo educativo para hacer mejor planeación de la política educativa?

* Marco Fernández es Investigador asociado de México Evalúa y Profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.