El estado necesita de un rescate que lleve implícito ese mismo sentido de urgencia y de prioridad. Lo debe tener para el gobierno federal, pero también para cada uno de los actores gubernamentales y civiles relevantes para la resolución del conflicto en la entidad.

No es fácil entender lo que ocurre en Michoacán en estos días. A menos de que se cuente con información privilegiada, las notas de los diarios, el análisis de los observadores, no alcanza para descifrar lo que ahí ocurre. Igual de confusa es la respuesta gubernamental en la entidad. Fuera de anuncios reiterados de que se recuperará el control sobre el estado, no queda claro cómo y con qué mecanismos, actores o estrategias se piensa lograrlo. Michoacán es la prueba más difícil para esta administración porque se deben lograr dos objetivos igualmente desafiantes. El primero es pacificar al estado. El segundo es construir Estado. No habrá proyecto de seguridad exitoso si no pasa por la consecución de estos objetivos.

En realidad no hay camino aprendido para abordar la problemática michoacana. Las regiones del país que tuvieron una crisis colosal en esta materia y que ahora la revierten, ciertamente presentaban problemáticas muy distintas. Michoacán es muy particular. Hay, sin embargo, algunas experiencias que merecen ser rescatadas y quizá puedan formar parte de un planteamiento para abordar la situación en aquel estado.

En primer término, me parece que Michoacán debe ser considerado como tema de máxima prioridad por la presente administración. Lo que sucede en el estado no se queda ahí. La debilidad de la autoridad y su exposición, traspasa las fronteras de la entidad y también las del país. Si un componente en la solución del problema de inseguridad reside en que el Estado mexicano y sus instituciones construyan autoridad y capacidad, el verse doblegado sistemáticamente trabaja en sentido contrario. Un gobierno humillado es un gobierno que invita a infringir todo límite. Por eso es tan importante que construya y demuestre potencia en Michoacán y no sólo desde una perspectiva de fuerza y de capacidad de fuego, como se dice, sino como constructor de instituciones, facilitador en la creación de comunidades y de políticas públicas que promuevan el bienestar. Para ello necesita reconocer la crisis en toda su dimensión y ubicarla en el centro de sus prioridades.

Las comparaciones son odiosas y también pueden ser falaces, pero el caso de Ciudad Juárez puede invocarse porque a partir de un pico en su crisis, movilizó a todo el gobierno federal, en la pasada administración, en una estrategia que tuvo impacto. El programa Todos Somos Juárez llevó a la ciudad fronteriza a secretarios de Estado y al propio Ejecutivo federal, sentó en una misma mesa a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, a civiles, militares y de manera prominente y central a la sociedad civil. Como toda intervención y política que surge de la desesperación y no de la planeación, la ejecución del programa desnudó los muchos problemas de la administración gubernamental: dificultad en la coordinación, celos interinstitucionales, rigideces, desconfianza y un ejercicio de recursos descomunal. En esas intervenciones no existieron tiros de precisión sino experimentos de lo más variado y a ciencia cierta no podemos conocer su impacto. Considero, sin embargo, que constituyó un parteaguas. Un antes y un después en la realidad de tan golpeada región.

Michoacán necesita de un rescate que lleve implícito ese mismo sentido de urgencia y de prioridad. Lo debe tener para el gobierno federal, pero también para cada uno de los actores gubernamentales y civiles relevantes para la resolución del conflicto en la entidad. También debe contemplar la integralidad de las intervenciones. Me parece acertado el control sobre los flujos de entrada y salida del puerto de Lázaro Cárdenas por parte de las fuerzas federales, pero si se piensa que el conflicto se extinguirá por esa sola vía, hay ingenuidad. Como la hubo cuando se pensó que la mera presencia de fuerzas federales atajaría el problema. El gobierno actual presume de coordinación entre órdenes de gobierno y entre las propias agencias de su aparato burocrático. De existir dicho concierto, debería verse reflejado en la estrategia que se adopte para el estado.

Repaso algunas de las propuestas de esta administración en materia de seguridad y me pregunto si no deberían impulsarse con especial énfasis en Michoacán y otros estados tan dolidos como Tamaulipas, Morelos y Guerrero. Un ejercicio de focalización deliberado que tenga oportunidad de dar algún resultado. Y un modelo de interacción entre lo federal y lo local que efectivamente implique corresponsabilidad. De nuestros casos de pacificación relativa, en todos existe esta precondición.

El Estado mexicano está a prueba en Michoacán. Sería costosísima una derrota más en ese frente.