Para juarenses y regios es un hecho que su situación ha mejorado. Pero más allá de esta pizca de casos exitosos, el panorama del resto no es alentador. Diez años han transcurrido y padecemos los mismos problemas que reclamamos.

Cuántas cosas han ocurrido en este país en los últimos diez años. Situaciones dramáticas que no imaginamos quienes marchamos ese domingo de junio de 2004 demandando justicia y acciones contundentes contra la criminalidad.

No me voy a detener a repasar las cifras del delito de alto impacto. En la última década todas empeoraron. Me interesa más bien reflexionar sobre nuestra pobre capacidad para construir o fortalecer las instituciones de Estado que necesitamos para hacer frente al problema.

Es importante partir del reconocimiento que estos diez años no estuvieron del todo perdidos. Se ha construido una Policía Federal que tiene el potencial para convertirse en un cuerpo de seguridad de primer nivel, si se acaban de amarrar aspectos de su desarrollo institucional que han quedado sueltos. Tampoco se puede ignorar el esfuerzo de gobiernos estatales y locales que han cambiado sus condiciones de seguridad de manera dramática. Para juarenses y regios es un hecho que su situación ha mejorado. Pero más allá de esta pizca de casos exitosos, el panorama del resto no es alentador. Diez años han transcurrido y padecemos los mismos problemas que reclamamos en aquella marcha: incapacidad, impunidad, corrupción y mucha injusticia.

Detrás de nuestra incapacidad para tener policías profesionales, ministerios públicos honestos que puedan llevar una investigación hasta sus últimas consecuencias y un aparato de justicia que haga justicia, hay multiplicidad de factores: la falta de un proyecto de liderazgo y un sistema de responsabilidades y rendición de cuentas que opere de tal manera que haya consecuencias para aquel funcionario o autoridad que no cumpla con la función que desempeña. Este último punto es crucial.

En ausencia de rendición de cuentas, los acuerdos y compromisos se convierten en letra muerta como ocurrió con el Acuerdo para la Seguridad Justicia y Legalidad (2008) en gran parte de sus puntos. O con otros compromisos asumidos en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que hasta hoy no tienen seguimiento y quizá tampoco avance.

Por lo expuesto considero que esta administración debe trabajar en el proyecto, el liderazgo y de manera particular en la rendición de cuentas en esta materia. En la administración pasada se quiso establecer un mecanismo de seguimiento de los compromisos asumidos en el marco del CNSP.  De manera tímida en las sesiones del Consejo se comenzaron a medir avances de los estados en materia de incidencia delictiva y los relacionados con lo policial y la Reforma Penal, entre otros temas.

La nueva administración cuyo titular y secretario de gobernación provienen de jefaturas estatales, argumentan que tal esquema lejos de dar dividendos, generaba encono y fracturaba aún más la relación gobierno federal estados. Por eso lo suprimieron. Nos quedamos así sin mecanismo alguno para conocer cómo vamos en aspectos medulares que conciernen la creación o fortalecimiento de capacidades para hacer frente al crimen y la violencia. Muy lejos de un mecanismos de rendición de cuentas cabal. Ahora que el gobierno federal tiene que reforzar su presencia en zonas de alta violencia ante la incapacidad de las autoridades locales, quizá se reproche haber subestimado dicho esquema.

Más allá de lo anterior, me parece que lo importante es plantear una política de rendición de cuentas en esta materia. Le conviene al presidente, al secretario de Gobernación y también a los mexicanos. La buena noticia es que el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en 2010 un mecanismos de evaluación que podría ser una pieza central de un esquema de rendición de cuentas más completo.

Según consta en los documentos oficiales, el objetivo del Sistema de Evaluación es el siguiente:“Que las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenten con una herramienta que les permita 1) evaluar políticas integrales, sistemáticas y continuas; así como diseñar programas, estrategias y acciones para cumplir con los fines de la seguridad pública y 2) tomar decisiones en el ámbito de su competencia. El Sistema de Evaluación deberá permitir rendir informes totales o parciales a los integrantes del CNSP cuando menos con la periodicidad con la que se llevan a cabo sus sesiones plenarias”.

En la enumeración de objetivos no hay un fin explícito de rendición de cuentas al ciudadano, pero ponerlo en operación nos daría información con la que hoy no contamos y con la que podríamos formular juicios más informados sobre lo que sucede en materia de seguridad.

Vaticino años más de desasosiego si no logramos armar el tripie: proyecto, liderazgo y rendición de cuentas. Si fallamos, en diez años nuestra historia será para lamentar.