Edna Jaime

Sin duda necesitamos de Plataforma México y se debe aplaudir a quien la lanzó.

Mucho se debate sobre la estrategia del gobierno federal en materia de inseguridad y combate al crimen organizado. Se debate sobre su enfoque, pero muy poco sus políticas concretas. Me parece que podríamos avanzar en la reflexión sobre esa estrategia si pudiéramos desagregarla en sus partes. Si en lugar de presentarla como una entelequia o construcción abstracta, evaluáramos sus piezas fundamentales. Empezar por descifrar su objetivos y calibrar si las acciones y políticas emprendidas están alineadas y son congruentes entre sí. Si no ponemos los puntos sobre las ies y si no hacemos un esfuerzo por hablar de lo concreto en lugar de lo abstracto, no podremos hacer una evaluación equilibrada del efecto de las acciones del gobierno en la materia, ni plantear medidas correctivas ahí donde los resultados son magros o hasta contraproducentes. Es tiempo de discutir con evidencia en las manos.

El Presidente de la República en distintas oportunidades ha explicado cuáles son los ejes de su estrategia anticrimen. Tres son los que me parecen más importantes. El primero, recuperar plazas o territorios dominados por delincuentes; el segundo es fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y el tercero restaurar el tejido social. Conceptualmente estos tres ejes hacen sentido. El Estado mexicano debe hacerse presente ahí donde estaba ausente y perdió autoridad. Debe hacerlo con instituciones renovadas y no sólo con presencia militar, cuyo carácter no puede ser más que transitorio. Las fuerza federales en el mejor de los casos pueden contener, no resolver. Restaurar las condiciones de seguridad en las comunidades implica un trabajo enorme de reconstrucción institucional, pero también de renovación de lo público y de las políticas públicas para generar oportunidades. El reto es grande para la autoridad. Estos tres pasos implican una gran claridad de objetivos y una gran capacidad de ejecución de políticas públicas bien pensadas y sustentadas.

La verdad es que más allá de esta narrativa que embona las piezas de una manera parsimoniosa, nuestra realidad es mucho más caótica. Si observamos el desempeño concreto de ciertas políticas y de algunos programas y fondos, no nos queda más que concluir que la estrategia no tiene brújula, que algunas políticas públicas son ocurrencias y que lo que vemos en materia de incidencia delictiva y violencia no es resultado de un proceso inevitable que eventualmente nos llevará al nirvana, sino la consecuencia de políticas públicas fallidas. Permítanme algunos ejemplos.

Plataforma México y la generación de información. Sin duda necesitamos esta plataforma y se debe aplaudir a quien tomó la decisión de lanzarla. Pero también se debe reconocer que dista mucho de operar como debería, que no se alimenta como estaba planteado y no cuenta con bases de datos completas en temas particularmente sensibles: el registro del personal de seguridad, de armamento, de automóviles, de incidentes criminales y de personas en reclusión. Una plataforma de información que funciona a medias, que contiene información fragmentada y discontinua no sirve para mucho y, por tanto, no justifica el monumental gasto que se ha aplicado en su ejecución. Bien haría la administración federal en invertir esfuerzos para enmendar los problemas de información que tenemos antes que salir con propios y extraños a defender a ultranza una estrategia que cojea en lo más básico.

También es crítico para cosechar mejores resultados, una relación más fluida entre la Federación y los estados. Para nadie es noticia el hecho de que existe mala coordinación entre órdenes de gobierno, que los estatales no asumen lo que les corresponde en la tarea de procurar seguridad en sus respectivas demarcaciones. Poco saben, sin embargo, que desde la Federación se otorgan enormes cantidades de recursos a estados y municipios para las tareas de seguridad y fortalecimiento institucional y el destino de estos recursos es incierto así como sus efectos. FASP y Subsemun, los mecanismos más importantes para estas transferencias, se subejercen o se aplican con poca transparencia y la autoridad federal mira sin actuar en consecuencia. En sus últimas declaraciones como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara se atrevía a señalar estas irregularidades. Poco después fue relevado de su cargo. Me imagino que ha de ser difícil dar congruencia y seguimiento a políticas públicas cuando los responsables de ellas duran en su puesto el promedio de un año.

Debemos discutir el enfoque de la estrategia, es primordial, pero también es necesario abordar las políticas concretas. Por la evidencia con que se cuenta, éstas se encuentran desarticuladas, son onerosas y no están transformando la realidad de inseguridad de cada vez más lugares del país. Exhortaría a los responsables en estas materias a hacerse responsables de los resultados de su gestión antes de mirar a otro lado en búsqueda de culpables. Ese sería un acto de generosidad con el país y de profundo compromiso con su investidura.