Escombros de un regulador

Por María Fernanda Ballesteros (@mfballe) | Animal Político

Estas semanas están “produciendo más historia” en el campo de los órganos reguladores de lo que el país es capaz de digerir. El 28 de mayo del 2020 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó en sesión extraordinaria un incremento a la tarifa llamada “porteo de estampilla”. El 10 de junio supimos que estas tarifas aumentarán entre un 400 y 800%.

Vimos, en vivo, el resultado de la parálisis de un regulador, fuera de lugar por completo, demostrando una inoperancia sorprendente. Un día después, el 11 de junio, el senador Ricardo Monreal anunció la iniciativa de extinguir no sólo a la CRE, sino también al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para ‘consolidarlos’ en un nuevo organismo ‘macroregulador’: el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar.

Ya tendremos oportunidad de describir la sinrazón detrás de la iniciativa de Monreal. Ahora hace falta una pausa para explicar por qué el ‘tarifazo’ retrató a la CRE, y recordar el otro camino, el óptimo, en política regulatoria, y sus implicaciones en el bienestar de los ciudadanos.

La tarifa de porteo la pagaban las renovables que operaban antes de la Reforma Energética del 2013, por el uso de las redes de transmisión. Aprobada originalmente en 2010, esta tarifa se basó en la metodología para determinar el cargo por transmisión de las centrales de energías renovables o cogeneración, que debía calcular la Comisión Federal de Electricidad.

A diferencia del acuerdo del Cenace, la decisión de la CRE afecta un esquema previo a la apertura del sector eléctrico; por tanto, es importante reconocer que esta tarifa de porteo para impulsar a las renovables, previa a la Reforma, no es necesariamente coherente con un modelo de mercado.

Sin embargo, se trata de un esquema que en los artículos transitorios de Ley de la Industria Eléctrica de 2014 se previó que se respetara tras la Reforma. Por lo tanto, si ese reconocimiento de los derechos que adquirieron los que en su momento invirtieron en renovables no se consideró revertir con la Reforma Energética, parece injustificado hacerlo ahora^[1]. Por otro lado, habría que considerar que en dicha metodología se señaló la necesidad de incentivar el desarrollo de proyectos de energías renovables, que debería seguir siendo un objetivo prioritario de la política energética si atendemos a los compromisos nacionales e internacionales que hemos hecho en materia ambiental.

Es decir, si bien después de la Reforma Energética ya no tiene sentido este modelo de porteo —el cargo para todos los nuevos jugadores, incluyendo renovables, es por servicio de transmisión—, se tenía que respetar de cara a los inversionistas y de acuerdo con la Ley Eléctrica. En efecto, este cambio de reglas nos podría costar muy caro si los tribunales (nacionales e internacionales) consideran que hay una violación injustificada a la inversión que hicieron privados. En España, por ejemplo, acciones similares en contra de recortes acordados a las renovables han dado pie a más de 40 arbitrajes, que ya se ha resuelto en su contra por más de 800 millones de euros.

Una decisión que muestra la debilidad del regulador

Más allá de si estas tarifas de porteo eran “justas” o no, lo que resulta trágico es la falta de oficio del regulador energético.

Sobre el cambio emitido el 28 de mayo supimos poco. El mismo día de la sesión extraordinaria la CRE presentó un comunicado de prensa que señala que “aprobó por unanimidad, las tarifas por el servicio de transmisión de energía eléctrica que se aplicarán a titulares de los contratos de interconexión legados con centrales de generación de energía eléctrica, con la finalidad de generar igualdad de condiciones y beneficios para los usuarios finales”. Trece días después, sí, supimos a cuánto ascienden los cambios en tarifa, pero se sigue sin mencionar por qué se considera que se generan igualdad de condiciones y cuáles son los beneficios para los usuarios.

Si bien, de acuerdo con el Reglamento Interno de la propia Comisión, es obligación del Secretario Técnico del Pleno la publicación del acta, esto no sucedió en su momento. Si existieron razones justificadas para cambiar una tarifa de un esquema anterior a la Reforma, la CRE ha optado por no mostrarlas, por no argumentar.

Además, la omisión —otra vez— del proceso de mejora regulatoria por el que se abre a consulta pública el cambio de regulación, no sólo reduce la transparencia, sino en general la calidad de la regulación. La falta de un régimen predecible, estable y transparente es latente.

La CRE, que tras la Reforma pasó de funcionar como organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Energía a ser un órgano con autonomía —como la que poseen las secretarías—, tenía la oportunidad de crear prácticas que lo consolidaran como un regulador independiente. Sin embargo, regresamos al punto de origen, pero esta vez contraviniendo todo marco jurídico. Por ello, no sorprende nadie saliera a defender a la actual CRE de la iniciativa de Monreal.

El llamado constante que se hace a este órgano regulador parece ya un disco rayado. Por ello, las medidas necesariamente tienen que subir de nivel. Además de la vía judicial, se deben explorar las denuncias por vías administrativas y exigir una respuesta al Legislativo. También se deberá hacer uso de los mecanismos internacionales. Ante la nueva iniciativa tocará, además, luchar por su fortalecimiento. La permanencia de la autoridad de competencia puede ayudar a conseguir ese objetivo, pues ya hemos visto que puede ser un contrapeso a los actos que se están tomando en contra de la competencia y en favor de CFE.

Del regulador energético fuerte que se vislumbraba a nivel constitucional hace apenas unos años, restan sólo escombros de un órgano débil, sin independencia, ni transparencia y que no puede salir a respaldar sus propias decisiones, ni siquiera aquéllas en las que podría haber algo de razón. Y, acaso, que no posee ni el vigor para defender su propia existencia. 

^[1] De acuerdo con el transitorio de la ley de la industria eléctrica los permisos legados se mantendrán en sus términos.