Edna Jaime

El enfoque de la política criminal actual, tanto del gobierno federal como de la gran mayoría de los estados, es encarcelar tanto como sea posible: se han incrementado penas, se ha ampliado el catálogo de delitos graves y el resultado natural es el incremento insólito de la población en reclusión.

La información sobre el sistema penitenciario en el país nos ha inundado esta semana. Conocemos hoy que las cárceles mexicanas son violentas, que en ellas existe autogobierno,  hacinamiento, tráfico de influencias y trato inhumano. Son un espacio en los que, al parecer, impera la ley del más fuerte y del más cruel.

La combinación de todos estos factores les impide cumplir con la función para la que están diseñadas: disuadir el delito, incapacitar al delincuente y eventualmente encontrarle reinserción en la vida de la comunidad. A pesar de ello, el enfoque de la política criminal actual, tanto del gobierno federal como de la gran mayoría de los estados, es encarcelar tanto como sea posible: se han incrementado penas, se ha ampliado el catálogo de delitos graves y el resultado natural es el incremento insólito de la población en reclusión.

Un dato que no podemos perder de vista es que esta política criminal agresiva, este “populismo penal”, no ha tenido una incidencia clara en el fenómeno delictivo. Atiborramos los reclusorios, pero en las calles se siguen cometiendo tantos o más delitos. Para cualquier observador con un poco de agudeza, esto debería de ser suficiente para concluir que vamos por un camino equivocado.

Nuestro sistema penitenciario ciertamente tiene un problema de capacidades y falta de recursos.  Pero al paso que vamos en la tasa de crecimiento de la población penitenciaria, no habrá recursos ni infraestructura que alcancen. Tendríamos que construir piso sobre piso a nuestros penales. También es cierto que a nuestras cárceles les faltan custodios. La relación reclusos-custodios es tan baja que nos es difícil explicar el autogobierno que en ellas se presenta. Por no hablar de los perfiles de esos custodios y su probable complicidad e implicación con actos de corrupción. Dentro de los penales se vende de todo: desde una cobija hasta la protección por la vida e integridad. También se trafica droga y se organiza la actividad criminal que se ejerce en el exterior.  En la mayoría de los penales mexicanos cohabitan delincuentes de alta peligrosidad con infractores menores. También en nuestros penales quienes antes no consumían droga se convierten en adictos. Y quienes infringieron la ley con un delito menor, quizá se conecten con circuitos criminales de mayor envergadura y sofisticación. Un verdadero desastre. El gobierno mexicano ha expresado que la estrategia en materia de seguridad tiene como propósito la recuperación de territorios. ¿Por qué no comenzar por un ámbito tan acotado como la prisión?

En esta semana en que Apodaca ha sido noticia, se han dejado escuchar propuestas para mejorar la situación de los penales en el país. Me inclino por las que presento a continuación. Éstas podrían no sólo mejorar la situación de nuestros penales sino también cambiar la calidad de nuestra justicia. El principio que las arropa es que la prisión y la incapacitación temporal que impone, debe ser un recurso de última instancia para infracciones mayores y criminales de alta peligrosidad. Antes de la prisión existen otras alternativas que afortunadamente ya están previstas en la reforma constitucional penal que se aprobó en 2008. Se trata de mecanismos alternativos de resolución de controversias y reparación del daño que permiten resolver conflictos sociales sin la necesidad de echar a andar un proceso penal que culmine con una sanción privativa de la libertad. La aplicación de este principio permitiría desahogar la enorme saturación que hoy aqueja a ministerios públicos y tribunales y permitir que sus recursos se concentren en resolución de delitos de mayor envergadura y disminuir su tasa de impunidad que ahora es muy elevada.  Hoy tenemos la relación inversa: la abrumadora mayoría de recursos del sistema se ocupa de infracciones de poca monta y también poca repercusión. Para citar un ejemplo, en los penales del DF y del Estado de México 55% de las sentencias son por robo. Y la mitad de ellas por montos de cinco mil pesos o menos, según la última encuesta de población en reclusión publicada por el CIDE.

Otra vertiente que generalmente se desdeña es la prevención.  Una mirada a quienes están recluidos, a su contexto y pasado, nos dice mucho de las políticas públicas que han estado ausentes para prevenir la incursión de estas personas en actos delictivos. De nueva cuenta la encuesta del CIDE nos dice que 40% de los internos en penales en las entidades antes referidas tiene entre 18 y 30 años de edad. Casi esa misma proporción dejo de vivir con sus padres antes de los 15 años. La mayoría abandonó su hogar a consecuencia de la violencia presente en el seno de la familia. 21% de esos reclusos no terminó siquiera la primaria. Y 61% comenzó a trabajar a los 15 años o antes. Para colmo, lo dice la misma encuesta, no se les respetó su derecho al debido proceso.

Las cárceles mexicanas son un polvorín porque la autoridad prefiere ser omisa. Instrumentos para mejorar el estado de cosas existen, información y diagnósticos también. ¿Esperan algo más grave para actuar?