El rompecabezas metropolitano
David Ramírez-de-Garay (@DavidRdeG) | El Sol de México
Nuestro problema de seguridad pública se concentra en las regiones metropolitanas. Durante 2019 la tasa nacional de delitos del fuero común fue de 1,619 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. Para las tres zonas metropolitanas más importantes del país —Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México— la tasa fue de 2,224: 37% más delitos. A pesar de ello, son raros los casos donde los municipios trabajen de manera conjunta y bajo una perspectiva metropolitana.
La procuración de seguridad de estos enormes conglomerados urbanos es una historia de fracasos. No han faltado las presentaciones con bombo y platillo de planes metropolitanos de seguridad; se han creado organismos a cargo de las nuevas estrategias o incluso flamantes cuerpos policiales, y el resultado suele ser el mismo: nada que presumir.
Tales fracasos se suelen adjudicar a los sospechosos comunes: falta de voluntad política, errores en la coordinación y ausencia de recursos financieros. Sin embargo, el principal obstáculo para una perspectiva metropolitana es el diseño institucional: no existen las bases para un mínimo nivel de cooperación y coordinación entre un municipio y otro. Se pueden citar muchos ejemplos de esta problemática. En esta ocasión trataremos de uno muy básico: el intercambio de información policial.
Gracias al trabajo de campo que desde México Evalúa hemos realizado en diversos municipios del país, hemos visto con claridad los obstáculos para compartir información entre policías municipales de una misma zona metropolitana.
Sabemos que el principal recurso para la toma de decisiones en seguridad pública es la información; es indispensable para generar diagnósticos y para identificar las áreas donde se concentran los delitos. En escenarios metropolitanos esa importancia es todavía mayor. Las divisiones político-administrativas que marcan la frontera entre un municipio y otro son una separación artificial del territorio, que poco tienen que ver con la forma en que se desenvuelve la criminalidad.
Si la inseguridad no respeta fronteras, ¿por qué la información no alimenta a todos los municipios que comparten la problemática?
En nuestras visitas, muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, que un evidente problema de robo de auto “no es realidad del municipio”, sólo porque las operaciones de una banda se concentran en una avenida que marca la frontera entre una localidad y otra. Algo similar se dice sobre los homicidas que cometen el delito en un municipio, pero depositan el cuerpo en otro.
Si el problema no respeta fronteras, ¿por qué la información no alimenta a todos los municipios que comparten la problemática? ¿No necesitan las instituciones policiales locales la mayor cantidad de datos posible para generar diagnósticos y planear intervenciones conjuntas? Claramente es un tema de incentivos. No existe ningún tipo de motivación institucional que premie el intercambio de información.
Gran parte de las policías que operan en estas grandes zonas tienen recursos, infraestructura y capacidades institucionales por arriba de la media nacional. Por ejemplo, suelen contar con unidades de análisis de información e inteligencia o centros de control que diariamente captan, sistematizan y analizan cantidades importantes de información. No obstante, es difícil encontrar bases de datos metropolitanas alimentadas por los municipios, análisis conjuntos sobre los patrones delictivos de la región o esquemas de planeación entre las policías que trabajan en la metrópoli.
Numerosos municipios forman un gran rompecabezas metropolitano. Mientras no impulsemos esquemas mínimos para que las policías municipales tengan y compartan la mayor cantidad posible de información, seguirán trabajando como piezas aisladas, sin insertarse en el rompecabezas. Así es imposible combatir de manera efectiva la alta concentración de delitos que caracteriza a estas zonas.