Edna Jaime

Las élites en el país están entusiasmadas con el proyecto que planeta el gobierno del presidente Enrique Peña, la mayoría de los mexicanos, sin embargo, se muestran un tanto indiferentes. Esta es una lectura  que puede darse a los resultados de recientes encuestas que miden la aprobación de la gestión presidencial en estos primeros meses de gobierno.

A contrapelo de lo esperado, la mayoría de los mexicanos no se sienten particularmente entusiastas con los cambios tramitados y con los que vendrán en los próximos meses, lo que revela es que las estrategias de comunicación del nuevo gobierno no han logrado conectar el proyecto con la gente, pero también que las reformas y cambios propuestos están todavía en un nivel de abstracción que no significan nada para el ciudadano común. Y es que el verdadero reto de esta administración y de cualquier gobierno es traducir un proyecto de gobierno en beneficios tangibles y para que ello suceda no sólo se necesita de una operación política eficaz para lograr las transformaciones legislativas que detonen los procesos de cambio, sino de la arquitectura institucional idónea y de burocracias eficientes que hagan posible que las políticas públicas se traduzcan en resultados para los ciudadanos. Y aquí es donde pueden comenzar los problemas para esta administración.

En principio, este gobierno decidió iniciar con una cirugía mayor en materia administrativa, siendo particularmente relevante la emprendida en materia de seguridad. En estos primeros meses de gobierno, las acciones y decisiones en este ámbito estuvieron dirigidas a lograr la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública y la de Gobernación. En días pasados se aprobó y publicó el nuevo reglamento interno de dicha secretaría y se necesita un manual para entender la complejidad de lo que ahí quedó.

A primera vista llama la atención la duplicidad de estructuras para algunas actividades y funciones. Es particularmente notoria la que se presenta en materia de prevención. Existen atribuciones en materia de prevención en la Comisión Nacional de Seguridad, a cargo de Manuel Mondragón y Kalb, en el Centro Nacional de Prevención del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por supuesto, en la nueva Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. ¿Cómo funcionarán?, ¿cómo se complementarán?, serán cuestiones que deberán resolverse en lo cotidiano, por acuerdos, porque el reglamento en apariencia no lo resuelve. Y como buen principio de una política, que por su naturaleza es multidimensional y convoca a una multiplicidad de dependencias, sería deseable que en el seno de la propia Segob se resolviera el entuerto de la coordinación a través de la definición clara y precisa de atribuciones y responsabilidades. De lo contrario las pugnas interburocráticas podrían hacer naufragar ésta que, se dice, es la vertiente innovadora de la nueva política de seguridad.

Otro ámbito, también complejo, es el de la información y su procesamiento en materia delictiva y asuntos afines. Plataforma México, el multimillonario sistema para la generación de información e inteligencia queda enmarcado dentro de la estructura de la Comisión Nacional de Seguridad. Lo que no se resuelve en este reacomodo es su relación con el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Desde la administración anterior, cuando se dio el cambio legal que desprendió al SNSP de la Secretaría de Seguridad Pública y lo vinculó a la de Gobernación, quedó un divorcio inconveniente entre estas dos instancias, situación que no se corrige con esta reforma.

Igual de llamativo que los aspectos anteriores, es el papel diluido que le queda al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin el mandato de la prevención, o uno muy desdibujado, sin un mayor margen en el procesamiento de la información y con otras subsecretarías subsumiendo algunas de sus funciones, parece que este mecanismo de coordinación y diálogo entre actores y ámbitos de gobierno queda como caja registradora para la distribución de fondos y subsidios en esta materia. Seguramente se estima que como el sistema nunca cumplió con sus funciones a cabalidad, mejor sustituirlo con otros mecanismos, quizás informales, de coordinación.

Esta nueva configuración de actores e instancias tienen que dar vida al nuevo paradigma de la seguridad como muchos le llaman. Aterrizar en estrategias, políticas e intervenciones ese modelo que debe beneficiar al ciudadano. El reto es enorme.

Las narrativas son un componente esencial de las políticas públicas porque establecen las coordenadas de hacia dónde se piensa llegar. El diseño de las instituciones, el profesionalismo de las burocracias y su capacidad de diseñar e instrumentar las políticas correctas es el otro lado de la moneda del reto de gobernar con eficacia. Ojalá que la arquitectura de esta nueva secretaría empate con las aspiraciones que la narrativa ofrece. De lo contario, los mexicanos seguirán mostrando escepticismo. Hemos aprendido a diferenciar el discurso de la realidad y a esperar menos de las promesas y las reformas que la mayoría de las veces se quedan atoradas en los laberintos del poder y del ejercicio del gobierno.