Debemos cuidar no ofendernos, porque si algo se requiere es ganar la confianza de la población.

Es a todas luces claro que un componente central de la estrategia de seguridad, que se busca ensamblar y desplegar en esta administración, se asienta en la comunicación. Por un lado, se estructura una narrativa mucho más amable en torno al tema que se articula en ejes centrales como justicia, derechos humanos, prevención y atención al ciudadano y, por el otro, se baja la intensidad de nuestra exposición mediática a hechos violentos y sus secuelas. Se genera así un marco de referencia distinto. Un ánimo no derrotado.

Siendo un componente central, una estrategia de comunicación no lo es todo. No puede sustentarse en el vacío o divorciarse de la realidad. Ese es el riego que corre la actual administración si no enseña pronto sus cartas y los elementos que transformarán su discurso en acciones concretas.

En días pasados la Secretaría de Gobernación (Segob) divulgó un comunicado de prensa en el que se presentaban estadísticas de violencia en los dos meses transcurridos desde que arrancó esta administración. Diversos aspectos llaman la atención del comunicado, el más prominente, sin duda, es que revive la categoría de fallecimientos por crimen organizado o rivalidad delincuencial.

Recordará el lector que en el punto más álgido de la crisis de violencia en la administración del presidente Calderón se presentó esta base de datos por primera vez. Supongo que la motivación para llevar un conteo oficial de esta naturaleza respondía a la necesidad de crear un contrapeso a la información y contabilidades que se realizaba en los medios de comunicación y otras instancias, pero también para tratar de mitigar el daño y la responsabilidad de la administración en esa espiral. El título que se eligió lograba este cometido: “rivalidad delincuencial”. Eran los malos los que se atacaban entre sí. Y esas muertes no valían como otras.

La base de datos no se pudo sostener. Utilizaba criterios hasta cierto punto caprichosos que de ninguna manera podía suplir una investigación criminal. Se anunció su sepultura y se pagó el costo político de hacerlo.

Por eso, llama la atención que Gobernación reviva y lance el dato de homicidios y se les adjudique un origen a esos fallecimientos. La apabullante mayoría, dice Segob, son de presuntos delincuentes. En este caso ni siquiera existió el prurito de definir los criterios bajo los cuales se presume la culpabilidad de los fallecidos. La información que se divulgó carece de criterios, carece de fuentes, quizá por su calidad de comunicado de prensa. Pero no existe ninguna indicación de que sea una síntesis de un análisis de mayor profundidad.

El tema es más delicado de lo aparente por varias razones.

La primera, porque retoma los términos, el lenguaje de la estrategia anterior y de la que quieren distanciarse. Si realmente quieren cambiar la conversación, tienen que cambiar el tono y las palabras que usan para comunicarse.La segunda, porque este gobierno se ha comprometido con la justicia y los derechos humanos y obviar un proceso legal como lo hace en su comunicado, no honra ese compromiso. De las muertes ocurridas entre diciembre y enero pasados, la Segob concluyó que en su gran mayoría eran presuntos delincuentes. ¿Cómo? ¿Por qué?

El tema también es importante porque sienta las bases de la comunicación del gobierno con los ciudadanos en esta materia. El hecho de que el gobierno se comprometa con un reporte periódico, quizá mensual, del estado que guarda el país en ciertos delitos sería un ejercicio que abonaría a la rendición de cuentas. Pero para que adquiera tal carácter, tiene que hacerse con sustento y de manera transparente. Estándares de calidad con los que no debemos transigir.

En medio de muchas vicisitudes, en la administración anterior de gobierno y ciudadanos generamos mayores capacidades para producir información y analizarla. Y en el tema de seguridad se hizo evidente que sin información y ese análisis no había rendición de cuentas posible ni medios para mejorar la política pública. Fue en la administración anterior que por primera vez se puso a disposición del público una base de datos sobre incidencia delictiva proveniente de registros oficiales sobre averiguaciones previas que se convirtió en un referente compartido, a pesar de sus muchas deficiencias. Se le conoce como la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, INEGI produce otra serie sobre homicidios y distintos aspectos de nuestro sistema de justicia. Éstos son los registros oficiales, los cimientos sobre los que hay que construir.

Si queremos cambiar la conversación debemos cuidar no ofendernos, porque si algo se quiere con ese viraje es ganar la confianza de la población.