Edna Jaime

En México y quizá en cualquier país del mundo, reformar y cambiar instituciones no es tarea sencilla. A menudo éstos tienen lugar cuando las crisis llegan o son inminentes. Al país lo golpeó una crisis brutal de inseguridad y violencia y ni esto nos hizo reaccionar.

La administración anterior se propuso cambios que quedaron cortos. Si hacemos un balance, fuera de su esfuerzo en la conformación de la nueva policía federal, no hay otro ámbito en materia institucional en el que amerite un reconocimiento. Su proyecto de reforma policial quedó en el limbo y se redujo a exámenes de control de confianza que no se concluyeron. En casi cualquier otro ámbito los logros fueron escasos.

Hoy pagamos las consecuencias de tan cortos resultados. Grupos de autodefensa surgen a lo largo del país para hacerse cargo de lo que la autoridad ha sido incapaz de procurar: protección a su vida, su patrimonio e integridad.

Así, mientras el gobierno anterior se tropezaba con el modelo policial que quería impulsar, comunidades asoladas por el crimen preparaban su autodefensa. Mientras el gobierno titubeaba frente a la reforma penal, estos grupos comenzaban a hacer justicia por propia mano. Y mientras el nuevo gobierno decide cómo organizar las estructuras de seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación, estos grupos se multiplican. La indefinición y la omisión tienen consecuencias. Las tenemos a la vista.

Para la administración que inicia, el surgimiento de estos grupos debe haber caído como baño de realidad. La problemática de inseguridad en México no es sólo producto de un Presidente y un partido incompetentes en la operación política y en el manejo del poder, como quizá supusieron. Los silencios, los tropiezos y la lentitud con que se han manejado en estos temas, reflejan que no los entendían en toda su complejidad. Dejaron la Presidencia cuando el país era uno y los instrumentos para gobernarlo todavía efectivos, hoy México es otro, con un deterioro profundo en sus instituciones  de gobierno.

A los grupos de autodefensa no debemos verlos con complacencia, como una condición que debemos tolerar o con la que podemos coexistir porque sentimos empatía.Debemos verlos como la consecuencia extrema de un gobierno que no se puede organizar, que no puede articular soluciones de fondo a problemas graves y complejos, que no tiene la capacidad siquiera para trazar la ruta de su propia transformación, pero al que debemos exigir respuestas.

Es evidente que la administración anterior no pudo con el reto. Sus grandes proyectos quedaron a medias y todo indica que recibirán una estocada final por parte de esta administración. El nuevo gobierno trazó el camino por el que quiere transitar, pero no define políticas y estrategias concretas. Cerca de los primeros 100 días de gobierno, se aprecia desconcierto y  también desorganización en lasupersecretaría encargada de la seguridad. Si una de las apuestas mayores era elevar la coordinación entre entidades y ámbitos de gobierno, sería bueno que el secretario comenzara por su propia dependencia.

Y me parece que éste es el tema de fondo. Tenemos una enorme incapacidad de organizarnos para resolver problemas. Podemos tener las ideas, los diagnósticos, inclusive las soluciones. Pero no contamos con una estructura de gobierno en la que estas cosas puedan fluir para cambiar la realidad. En la administración anterior se diseñaron fondos, se canalizaron enormes cantidades de recursos y su impacto fue minúsculo a decir de sus resultados en materia de incidencia delictiva. El hecho de que grupos ciudadanos se organicen para protegerse es el mejor indicador de la poca efectividad de las  políticas que se emprendieron en el sexenio  anterior.

Frente a la realidad, la nueva administración tiene que actuar con inteligencia y con plena conciencia de los problemas que impiden que las estrategias y políticas públicas sean efectivas. Su primer impulso ha sido recentralizar el poder, apelando a los mecanismos de gobierno que en el pasado permitieron efectividad. Esta es la lógica detrás de los cambios en la administración pública y la concentración de atribuciones en la Segob. También existe la preocupación por lograr la articulación entre instancias y ámbitos de gobierno. Se han creado, así, comisiones intersecretariales e intergubernamentales casi para todo, suponiendo que mecanismos burocráticos pueden amainar los efectos de un mal diseño de nuestro aparato de gobierno.

La realidad es que más temprano que tarde este gobierno se percatará de que no podrá llegar muy lejos si no reforma las estructuras de gobierno, si no delimita las competencias, asigna y aclara responsabilidades y genera las condiciones para la coordinación. Si no reconoce que los gobiernos a nivel local no tienen las capacidades ni el diseño para lidiar con problemas complejos como es el de la inseguridad. Quizá se arrepientan de no haber apoyado con convicción la reforma política que permitía la reelección de los alcaldes.

La presencia de grupos de autodefensa es una señal ominosa de hasta dónde puede llegar nuestro deterioro. ¿Nos habremos percatado de ello?