Ante aumento de feminicidios y de violencia familiar y sexual, expertas urgen a investigar y juzgar con perspectiva de género

• En México, los feminicidios aumentaron 137% entre 2015 y 2021, mientras que la violencia sexual aumentó 68% de 2020 a 2021, con todo y que el 99.7% de estos casos no son denunciados.

• La respuesta por parte de la justicia penal a estos delitos es casi inexistente: sólo el 0.05% de casos de violencia de género llegan a ser presentados ante un juez, y lo mismo sucede con el 0.19% de los casos de violencia familiar, el 3% de violencia sexual y el 12% de feminicidios. 

• En el diálogo ‘Punto por punto’, organizado por México Evalúa, expertas llaman a redoblar esfuerzos para que la perspectiva de género se aplique efectivamente en todo el proceso penal.

Ciudad de México, 29 de junio de 2022

Las cifras oficiales sobre violencia sexual mostraron un incremento de 68% a nivel nacional, al pasar de 12,619 casos en 2020 a 21,189 en 2021 a nivel nacional. Esto, incluso si tomamos en cuenta que en México el 99.7% de los delitos sexuales no son denunciados o investigados. Esto se subrayó hoy en el diálogo ‘Punto por punto’ sobre perspectiva de género en el proceso penal, organizado por México Evalúa.

Por su parte, los casos registrados como feminicidios aumentaron 137% entre 2015 y 2021: pasaron de 412 a 978, mientras que los homicidios dolosos de mujeres incrementaron 58%, al pasar de 1,734 a 2,742. Además, los registros de violencia familiar se duplicaron en ese mismo periodo, y pasaron de 127,424 casos a 253,736.

A pesar de este preocupante panorama, expertas advierten que la respuesta del sistema de justicia penal ante los delitos que afectan mayormente a las mujeres es casi inexistente: sólo el 0.05% de casos de violencia de género llegan a ser presentados ante un juez, al igual que el 0.19% de los casos de violencia familiar, el 3% de violencia sexual, el 12% de feminicidios y el 15% de los relacionados con trata de personas.

La reparación del daño sólo se logra para el 3.8% de los casos, y suele ser monetaria, sin que las víctimas sean reparadas o rehabilitadas en el ámbito físico, psicológico o social, ni en su proyecto de vida.

Ante este panorama, es urgente tomar medidas para aplicar la perspectiva de género en todo el proceso penal, tanto en la atención inmediata y en la investigación, como al momento de juzgar. Tal perspectiva sí se encuentra en la ley, la jurisprudencia y en instrumentos de política, pero no se ejecuta en la práctica, coincidieron expertas durante el evento.

Asimismo, destacaron que la prisión preventiva se impone en mayor medida a las mujeres, con una proporción de una de cada dos, mientras que entre hombres son cuatro de cada 10. En el ámbito federal, seis de cada 10 mujeres están presas sin condena, sin que, de nuevo, se haya analizado la medida cautelar con una perspectiva de género.

“Necesitamos materializar la perspectiva de género en la operación diaria y en cada etapa del proceso penal. Las instituciones conocen los conceptos, pero no saben cómo aplicarlos ni qué herramientas deben emplear, qué preguntas se tienen que hacer o qué ajustes al proceso requieren aplicar”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, durante el evento transmitido en línea.

Con el fin de identificar la aplicación efectiva de la perspectiva de género y la protección de derechos, las participantes recomendaron que las fiscalías y poderes judiciales hagan una revisión periódica de investigaciones, audiencias y sentencias, especialmente de casos que involucren a mujeres víctimas o imputadas.

“Existen protocolos, leyes, jurisprudencias y más elementos técnicos para dar soporte a la perspectiva de género en el proceso penal; sin embargo, el reto más grande está en que las instituciones enfrenten la cultura patriarcal”, señaló Pamela Romero, directora del departamento de derecho del ITESM y experta en perspectiva de género en la investigación criminal y labor pericial.

Por su parte, Rocío Villanueva, decana de la Universidad Pontificia Católica del Perú y experta en análisis para juzgar con perspectiva de género, comentó que “hay factores sociales y culturales que impiden que nuestros derechos se apliquen con eficacia. Hoy, los jueces y los fiscales aún basan sus decisiones en prejuicios o estereotipos de género”.

En el evento también participaron Siegfried Herzog, director regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann, y Diana Blanco, especialista en Estado de derecho de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ​​(USAID).

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