El gobierno federal tiene un enorme reto en Michoacán. Ahora que ha asumido plena responsabilidad de lo que ocurra ahí, debe desplegar inteligencia y estrategia para resolver una situación profundamente compleja. Hay dos momentos clave en el devenir del estado. El primero es recuperar el control del territorio y el monopolio legítimo de la violencia en la entidad. Un segundo momento es de reconstrucción institucional. Ambos tiempos son críticos para dar viabilidad renovada a esta región del país que literalmente perdimos. La pregunta es si habrá talento y capacidades suficientes para definir bien la problemática y actuar en consecuencia. Ofrezco algunas reflexiones.

1.-El nombramiento del comisionado especial para Michoacán responde a la emergencia y a la necesidad de contar con un punto focal que ayude a la coordinación de acciones y despliegues de distinta naturaleza en aquel territorio. Está por verse si la figura del comisionado y sus atribuciones alcanzan para tal propósito (lo veo difícil). En todo caso, no hay un mecanismo formal alternativo al de esta figura emergente. Ese es nuestro problema. Institucionalmente no tenemos resuelta la coordinación entre ámbitos de gobierno en esta y otras muchas materias.

2.- El Presidente planteó cinco ejes para estructurar la intervención federal en Michoacán. Por los remedios planteados, parecería que el problema de Michoacán es de rezago social. Y ciertamente un componente del problema está asociado con ello. Pero no es el único y quizá tampoco el más importante. El problema de las zonas en conflicto en Michoacán es de debilidad de estado o de colusión de autoridades con grupos criminales de mucho tiempo atrás. La construcción de una salida perdurable en la región está asociada a la construcción de instituciones y a su divorcio definitivo con la actividad criminal.

3.-El componente “social” de la estrategia es relevante, pero también desmesurado. Se invertirán en Michoacán miles de millones de pesos para fomentar el empleo, la actividad económica, el acceso a la salud, la seguridad social y la infraestructura. Los rezagos sociales juegan un papel importante en la combinación de factores que provocaron la descomposición del estado, pero el gasto por sí mismo no es garantía de atención de dichos rezagos y menos de la solución del problema. El ejercicio de un monto de recursos tan aparatoso en un lapso tan corto conlleva un enorme riesgo de desperdicio y también de inefectividad.

4. En el planteamiento de muchos de los programas anunciados puede haber una lógica clientelista o corporativa. Cuidado. Michoacán necesita una forma de relación distinta entre ciudadanos y autoridad. De eso trata la reconstrucción institucional pendiente. Si abrir la válvula del gasto implica fortalecer mecanismos corporativos de control, no se estará ayudando a la causa de la pacificación ni de la reconstrucción institucional. El gobierno federal debe distanciarse de esa lógica política tan imbricada en la manera en que concibe y ejerce el poder.

5.- La reconstitución de la autoridad del Estado es el tema toral de la problemática michoacana y, sin embargo, no existe un planteamiento definido de cómo abordarlo. De los ejes plantados por el Presidente, no hay uno que aborde la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en el ámbito local. En la oferta presidencial, se minimiza este componente.

Cualquier esfuerzo de reconstrucción institucional debe comenzar por el principio: desmovilizando o formalizando a los grupos de autodefensa. Pasos en esta dirección se han dado, pero sin un marco normativo bien definido y sin la creación de mecanismos de control institucional que prevengan que estos grupos tiranicen a las comunidades más adelante. Esta transición es crítica para lo que viene.

Fuera de este tránsito, no hay un planteamiento para apuntalar a los cuerpos de seguridad locales, para fortalecer a las instituciones de justicia, para restablecer una relación de confianza entre autoridades y ciudadanos, para recomponer la institucionalidad maltrecha. El plan de emergencia eventualmente debe dar paso a un plan de reconstrucción.

6.- En la tarea de reconstrucción institucional es imposible relegar a las autoridades locales. El dilema que esto plantea no es menor: si las autoridades locales son parte del problema por su colusión con el crimen o por su incapacidad, ¿cómo convertirlos en socios en esta tarea tan primordial?  Este, me parece, es el punto de quiebre de esta estrategia. Lo que la puede diferenciar de sus antecesoras.

Estamos todavía en una fase muy temprana de esta intervención. Ojalá que podamos trascender la fase de contención para entrar de lleno a una de reconstrucción.