Una política energética inviable y contraria al interés público

Por María Fernanda Ballesteros (@mfballe) | El Sol de México

La inviabilidad de la política energética que el presidente López Obrador busca impulsar con el actual marco jurídico se hizo más evidente que nunca en la última semana.

Veamos la secuencia de hechos. Primero, la Suprema Corte de Justicia negó el recurso de reclamación que presentó el Ejecutivo respecto a la suspensión (concedida) del llamado ‘Decreto Nahle’, el cual contiene la nueva política de confiabilidad, seguridad y calidad del Sistema Eléctrico. Esta política elimina los criterios de costo-eficiencia para el despacho de energía eléctrica que han regido la operación del mercado eléctrico desde la apertura del sector, para dar prioridad a las plantas de CFE. Esta distorsión dio pie a la controversia constitucional presentada por Cofece. 

La misma semana, 43 legisladores de los Estados Unidos enviaron una carta al presidente Trump, en la que señalan que la política de nuestro Gobierno en materia energética va en contra del espíritu del T-MEC, y lo urgen a encontrar un entendimiento bilateral para respetar las condiciones actuales del mercado energético.

Con estas acciones parece claro que la contrarreforma energética de facto, que se buscó en los dos primeros años del sexenio, llega a su fin. Habrá que ver cómo se sortea la contrarreforma jurídica. Desafortunadamente, el Ejecutivo no cede, a pesar de las numerosas evidencias de los costos económicos, sociales y ambientales que pagaríamos todos por su política. Tras los ‘reveses’ de los últimos días, aseguró que cambiaría la Constitución, que el T-MEC no incluye al sector energético y que las energías renovables fueron utilizadas por el antiguo régimen para formular su “sofisma”.

Más allá de que el Ejecutivo opte por la ceguera ante la realidad inminente de la descarbonización de las economías, preocupa que siga sin aclarar cómo el retorno al modelo de monopolios del Estado impulsaría el bienestar y desarrollo.

El presidente señala que beneficiar a CFE frente a las empresas renovables privadas es de interés público, pero quiere que aceptemos su visión como un acto de fe, sin aportar evidencia.

De hecho, este Gobierno ha buscado eliminar los procesos que le permitirían cuantificar con certeza los costos y beneficios de los cambios en políticas y regulaciones, y someterlos a consulta pública. Hablamos de los análisis de impacto regulatorio ante Conamer. En otras jurisdicciones este tipo de análisis permite conocer las diferentes opciones de política pública y regulatoria y la cuantificación tanto del impacto económico como del social y ambiental. En 2016, por ejemplo, la Comisión Europea presentó el análisis de impacto del marco normativo de su política energética, que después denominaría “Energía limpia para todos los europeos”. En casi 400 páginas se describen los problemas en materia energética, los objetivos de la política, se comparan las diferentes opciones regulatorias y, finalmente, se elige la óptima, con vista al bienestar social.

En nuestro caso, la única cifra que el presidente tiene clara es que CFE debe tener al menos 55% del mercado. La nueva visión de política energética que se busca instaurar quiere equiparar el bienestar de la CFE y de Pemex con el interés público, aunque los mexicanos tengamos que pagar mayores costos, se contamine más nuestro ambiente y se ponga en riesgo la atención de nuestra demanda de energía. Tan sólo al comparar el costo de generación de ciertas fuentes renovables —entre 26 y 54 dólares por MWh— con los costos de generación del carbón —entre 65 y 159 dólares por MWh— queda claro el impacto negativo de su elección.

Pero no. La fantasía nacionalista es lo único que parece tener claro el Gobierno. No podemos permitir que haya de nuevo un cambio de modelo sin antes tener claro cómo se busca implementar y el balance de costos y beneficios. Las mexicanas y mexicanos tenemos mucho que perder.