Por Edna Jaime (@EdnaJaime) I El Financiero

Discúlpeme, lector, que no pueda soltar el tema de la violencia en el país. Y es que en los últimos ocho días mataron a tres periodistas y se hallaron los cuerpos de mujeres que estaban en el registro de desaparecidas. Las próximas semanas serán muy difíciles porque en la víspera de procesos electorales, los asesinatos se suelen disparar. Y ahí donde la prensa todavía tiene cierto margen para informar, estará dando cuenta de una violencia insólita, que se nos está haciendo costumbre.

La Organización Mundial de la Salud sostiene que una tasa de homicidios de más de 10 por cada cien mil habitantes es una epidemia. Ahora que estamos en tregua de otra (la de covid-19) o saliendo de ella, tenemos mejor capacidad para entender un fenómeno así. Me refiero a cómo se multiplican las correas de contagio, si no hay intervenciones oportunas.

México tiene una tasa nacional que ronda los 29 homicidios por cada cien mil habitantes. En ciertas zonas del país es mayor a 100. Algunos grupos o gremios se ha vuelto particularmente vulnerables: mujeres, ambientalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos locales. Esta violencia focalizada es sumamente grave. No porque el grueso de los asesinatos en el país no lo sea, sino porque en estos grupos el contagio crece aceleradamente.

Los homicidios dolosos en el país se han quedado estacionados en niveles muy altos. Bajamos unos puntos en los índices, pero no logramos un cambio de tendencia franco. Puedo afirmar, porque tengo la evidencia, que existe un subregistro o una reclasificación importante de homicidios en algunas fiscalías. México Evalúa ha promovido por años la política de auditar estos registros, para asegurarnos que todos los casos se cuenten y se cuenten bien. No lo hemos logrado.

Por lo que se refiere a la violencia que sufren grupos específicos, hay un escalamiento que nos dice algo más que la cifra agregada. Hay que ponerle atención.

La señal de un Estado incapaz no se puede esconder; se expande y produce un ambiente permisivo a la violencia. O, puesto en otros términos, la capacidad disuasiva del Estado se desvanece.

La violencia en el país me parece el problema número uno. Por encima de cualquier otro. Primero, por la pérdida de vidas humanas. Hay un llamado moral, ético, personal para parar esto. Los casos de ambientalistas, periodistas, defensores de derechos humanos y mujeres nos resultan particularmente dolorosos, porque algunas de esas muertes vienen acompañadas de relatos, trayectorias de vida, rostros. No se van en automático a la contabilidad del sufrimiento anónimo (que suele tener la etiqueta del crimen organizado).

La segunda razón para considerarla como nuestro principal problema es que la violencia representa un signo vital del Estado. Donde hay violencia no hay capacidad de prevención, ni de contención. Menos de disuasión. La violencia es el dorso de un Estado muy débil. Es reflejo de pobreza institucional. La frontera que nos permite hablar de epidemia tiene que ver con esas capacidades dañadas. La OMC ha de tener bien estudiado esto: tras superar cierto umbral, la violencia adquiere condiciones endógenas de crecimiento, un efecto contagio, porque las capacidades del Estado se quedan muy rezagadas. Así como nos pasó con el covid-19.

La señal de un Estado incapaz no se puede esconder; se expande y produce un ambiente permisivo a la violencia. O, puesto en otros términos, la capacidad disuasiva del Estado se desvanece. Un asesinato más sin respuesta es una señal de debilidad que se transmite en ondas expansivas.

Agradezco mucho a Marcelo Bergman, un colega muy destacado en temas de seguridad y justicia, al que tuve oportunidad de escuchar la semana pasada en un seminario del programa Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, porque llevo mi atención a un punto central: la capacidad disuasiva del Estado como freno a la violencia.

Marcelo hace un análisis del incremento de la violencia en América Latina en años muy buenos para la región. Entre 1990 y 2015, la mayoría de los países transitaron a democracias electorales, sus economías crecieron y eso permitió reducir la pobreza y la desigualdad. No obstante (o, más bien, a causa de la prosperidad asociada al periodo), la violencia y el crimen crecieron en ese lapso. La bonanza también llegó a los mercados ilícitos y ésta dejó muy atrás a las capacidades de las instituciones, que estaban hechas para otros fines y otros contextos (dictaduras militares en algunos casos; autoritarismos civiles en otros).

En ese periodo muchas cosas cambiaron en México, menos la seguridad y la justicia. ¡Qué visión tan pobre la de nuestros reformadores de esa época, que se imaginaron un país boyante sostenido por palitos! La reforma a la justicia en el país se dio por vía de una coalición de actores sociales, pero no por una decisión o acto de liderazgo de nuestros políticos, incluidos los más encumbrados. Muy poquitos han tomado en serio la transformación. Por eso hoy la capacidad disuasiva del Estado mexicano es mínima. Porque no ha habido un esfuerzo concertado, deliberado por restituirla, pero ahora en clave democrática.

En la medida en que la violencia crece, el Estado se hace chiquito, perseguible, acosable. Como sucedió hace unos días en Michoacán, cuando ante la amenaza de criminales, los agentes del Estado metieron reversa y huyeron. ¿Qué recurso le queda al Estado para ejercer disuasión? Casi ninguno. Por eso esta epidemia no va a parar.