Tras el primer año, en energía la liga ya se reventó

María Fernanda Ballesteros (@mfballe) | El Sol de México

El sector energético es una prioridad de esta administración. Si bien en campaña el presidente fue un duro crítico de la Reforma Energética, ha señalado en varias ocasiones que no se modificarán las leyes que nacieron a partir de ella. Al menos no en los primeros años de su gobierno. “Se va a trabajar con lo que hay” y “hay que estirar la liga con el marco jurídico actual” es lo que los funcionarios suelen comentar cuando hablan de la nueva política energética.

Pero la liga se reventó desde hace tiempo. La centralización en la toma de decisiones del sector ha sido tan aguda y acelerada, que ya no se puede distinguir la línea que divide la función reguladora de la función política que encabeza la Secretaría de Energía, y ambas de la generación de valor a cargo de las empresas estatales del sector. Lo peor es que muchas de las decisiones se toman al margen del marco jurídico, pues en las leyes sí hay una distinción de funciones y objetivos.

La inconsistencia entre el nuevo objetivo de soberanía energética y los fines que persigue el marco jurídico vigente –tal como se describe en el balance del primer año de gobierno de AMLO que hicimos en México Evalúa–, ha generado un desequilibrio en el sector. Esto afecta a todos los mexicanos, tanto en lo que respecta a fallas en la prestación de servicios, como en la creación de un ambiente de incertidumbre que genera desinterés en la inversión privada.

Por eso creemos que la recentralización de facto y la revoltura de estas diferentes funciones del Estado –que muchas veces se presume como una nueva política–, no está funcionando en el contexto de una economía abierta y está violentando el Estado de Derecho.

La autonomía en las decisiones de los reguladores y la independencia que deben mostrar frente a los entes que regulan son componentes fundamentales para garantizar la certidumbre en los mercados. La cercanía de los nuevos nombramientos en estos órganos con el presidente, su falta de experiencia en algunos casos y la simpatía y cercanía que han mostrado otros hacia las empresas estatales, ponen en riesgo ambos componentes. En éstos, además, se han verificado despidos y renuncias que los debilitan, y que pueden deberse en parte a las políticas de austeridad o al temor de caer en responsabilidad por un incumplimiento de la ley a partir de esa distancia entre el marco jurídico y la política que hemos descrito.

Por eso en México Evalúa hemos insistido en la relevancia de respetar las funciones y objetivos de las diferentes instancias del sector energético. Hemos señalado la necesidad de que las Empresas Productivas del Estado se aboquen al objetivo al que se da prioridad en nuestra Constitución, que es generar valor económico, manteniendo un sentido de responsabilidad social y ambiental. Asimismo, es fundamental que los reguladores actúen con imparcialidad y autonomía, tomando decisiones con criterios técnicos. Lo anterior es fundamental no sólo para generar mayor certidumbre en los mercados, sino también para asegurar que los servicios que se brindan sean más eficientes y de mejor calidad.

Es importante destacar que en este primer año, a diferencia de otros sectores, en el energético aún no vemos muchas controversias ante instancias judiciales, a pesar de las contradicciones conocidas por muchos –el caso reciente de amparos en contra de la regulación de los CEL es la excepción–. En todo caso, en México Evalúa seguiremos con nuestro trabajo de investigación de las EPE y demás órganos de gobierno en el sector energético, y será nuestra labor señalar cuándo no se está cumpliendo con su función y objetivos.