Socavar la Independencia Judicial en 9 pasos: la receta mexicana

Por Laurence Pantin @lpantin

Como parte de diferentes estudios que ha realizado México Evalúa, el presente artículo analiza críticamente las estrategias documentadas que se han utilizado en México para socavar la independencia judicial, en particular en perjuicio del poder judicial de la federación.

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Después de las reformas de la segunda mitad del siglo pasado enfocadas a fortalecer la independencia judicial en gran parte del mundo y en particular en la región, muchos pensaban que la independencia judicial era algo adquirido y el tema pasó de moda. Sin embargo, la independencia judicial es como una relación de pareja. Cuando uno la toma por sentado es cuando empiezan los problemas.

Efectivamente, en algunos países de Europa y de la región, estamos viendo, desde hace varios años, una tendencia regresiva, con ataques a la independencia judicial cada vez más frecuentes y graves. México no es la excepción. Desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador,  que se ha intensificado el año pasado. Esta erosión ha tomado varias formas, como vamos a ver a continuación.

Señalamientos

La primera forma de erosión de la independencia judicial son los señalamientos sistemáticos realizados en contra del Poder Judicial por parte de varios actores políticos, en particular por parte del presidente.

En cualquier democracia es hasta cierto punto normal que existan tensiones entre poderes. Pero la intensidad de los ataques del Ejecutivo en contra del Judicial es inusual, en especial desde la designación a la cabeza del Poder Judicial de la Federación de la ministra Norma Piña, quien ha manifestado su distancia con respecto al gobierno actual, en contraste con su predecesor, el ahora exministro Arturo Zaldívar, quien había expresado su afinidad con el proyecto de López Obrador.

Al observar esta tendencia, desde México Evalúa, empezamos a monitorear estos ataques, con el apoyo de la Fundación para la Justicia, en el marco del colectivo #LaJusticiaQueQueremos. Entre el 1ero de enero de 2023 y el 17 de enero de 2024, identificamos un total de 167 señalamientos. 

Los principales apuntan a que el Poder Judicial “responde a intereses de la oligarquía” y que, por lo tanto, actúa por consigna (36%). Asimismo, se señala que las personas juzgadoras defienden o liberan a “delincuentes” (23%). También se denuncia que, salvo excepciones, el Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus personas funcionarias son corruptas (17%) y que gozan de amplios privilegios económicos (15%).

Ahora bien, si bien estos señalamientos se volvieron habituales para el presidente, es importante señalar que los más fuertes han ocurrido cuando la Corte discute asuntos estratégicos para su gobierno, como sucedió con la impugnación de la Ley de la Industria Eléctrica, del control militar de la Guardia Nacional o de las reformas electorales (conocidas como “Plan B electoral”).

De los 167 señalamientos que identificamos, 91 fueron dirigidos al Poder Judicial de la Federación como institución, tres al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 22 al Poder Judicial en general (tanto en su carácter federal como local) y 51 a personas ministras de la Suprema Corte o personas juzgadoras específicas.

De éstas, la más señalada por el presidente Obrador, ha sido la ministra Piña (20 menciones). Los otros dos ministros más atacados fueron Luis María Aguilar y Javier Laynez Potisek. En otros casos, el presidente ha señalado a personas juzgadoras específicas, con su foto, nombres, apellidos y adscripciones, para denunciar que dejan en libertad a presuntos delincuentes o que dieron un revés a uno de sus proyectos.

Si bien el presidente ha emitido 88% de estas declaraciones, no ha sido el único, ya que, de alguna manera, ha alentado a que otros actores lo hagan, como senadores y diputados del partido Morena y de sus aliados, gobernadores de Michoacán y Veracruz pertenecientes al mismo partido político del presidente del país, y hasta la propia ciudadanía.

Amenazas a la integridad

El problema es que las palabras presidenciales tienen peso y consecuencias, como lo demuestran expresiones de ciudadanos que han llegado a amenazar la integridad física de la ministra Piña. Por ejemplo, en marzo del año pasado, un usuario de X publicó la foto de la presidenta de la Corte con la mención “el problema”, junto con la imagen de una bala con la leyenda “la solución”.

En otras ocasiones, durante manifestaciones multitudinarias convocadas por el mismo presidente o sus seguidores, se quemó una piñata con la figura de la ministra Piña y se escenificó una procesión con un ataúd que llevaba su imagen y la de otros ministros.

Este tema nos preocupa enormemente, por lo que, desde México Evalúa, desarrollamos un estudio sobre las amenazas y agresiones en contra del personal jurisdiccional cuyos resultados publicaremos próximamente. Encontramos que las personas juzgadoras y actuarias enfrentan un gran número de amenazas que no necesariamente reportan y que pueden venir del crimen organizado, por supuesto, pero también de representantes de instituciones del Estado, como personal de las fiscalías.

Agresiones

En nuestro estudio, también encontramos que personas juzgadoras y actuarias han sido golpeadas, violadas, secuestradas, desaparecidas e incluso asesinadas. Así, encontramos que, desde 2012, han sido asesinadas, en circunstancias desconocidas o que pueden dejar pensar que pudiera ser por los casos que habían resuelto o estaban resolviendo, seis personas actuarias y 17 personas juzgadoras, a nivel local como federal.

Captura política de los más altos cargos

Otro riesgo para la independencia judicial es la captura política de los cargos de personas magistradas a nivel estatal o ministras a nivel federal, con procesos de designación realizados sin transparencia, ni participación ciudadana y donde priman los acuerdos políticos y no la búsqueda de los perfiles más idóneos.

El nombramiento de la ministra Lenia Batrés después de la renuncia inconstitucional del ministro Zaldívar, es uno de los ejemplos más recientes de ello. Pero a nivel estatal también hemos observado, una y otra vez, procesos de designación que fueron cuestionados por su falta de objetividad y la injerencia de los partidos políticos. Los casos más recientes fueron en Chihuahua y Morelos, a finales de 2023.

Ataques internos una vez que la jerarquía está capturada

Ahora, ¿por qué los actores políticos buscan controlar a las jerarquías del Poder Judicial? Porque una vez que están controladas, estas autoridades pueden dar instrucciones a las personas juzgadoras sobre el sentido de sus decisiones y, si se resisten, las cambian de adscripción, les realizan investigaciones y los pueden sancionar.

Juicios políticos

Hemos llegado a niveles muy preocupante en los días pasados, con la presentación ante la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Gobernación de una denuncia de Juicio Político en contra de un juez federal ubicado en Tamaulipas, por “diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales”. Y días después, el partido del presidente anunció que preparaba un juicio político en contra del ministro Pérez Dayán, después de que la Corte declarara inconstitucional la Ley de Industria Eléctrica con base en un proyecto suyo.

Detenciones

La persecución y criminalización de las personas juzgadoras se replica a nivel local. Un caso clave fue la detención arbitraria y desaparición por varias horas de la jueza estatal de Veracruz, Angélica Sánchez, en junio pasado. En este caso, vale la pena recordar el papel de la presidenta del poder judicial, quien aparecía al lado del gobernador cuando éste acusaba a la jueza de ser corrupta, por liberar a un presunto delincuente, sin que presentara evidencias para sustentar sus acusaciones.

Recortes presupuestales

Otra manera de someter a los poderes judiciales ha sido mediante las restricciones presupuestales, como la eliminación de los fideicomisos del PJF y el recorte a su presupuesto que se aprobaron a finales del año pasado.

Reformas legislativas

Los ataques también han tomado la forma de reformas legislativas o constitucionales que representan retrocesos para la independencia judicial. Como lo señalamos en nuestro estudio Independencia Judicial: ¿Dónde estamos? Un análisis subnacional, a nivel estatal, se han aprobado varias reformas que crearon nuevas salas en los tribunales superiores de justicia, cambiaron las reglas de jubilación de las personas magistradas y/o cambiaron la forma de nombrarlas, con el fin de permitir a algunos gobernadores nombrar a personas afines en estos puestos.

A nivel federal, también hubo un intento (fallido afortunadamente) por extender de manera inconstitucional el periodo del ministro Zaldívar a la cabeza de la Corte en 2021.

A inicios de febrero, el presidente presentó un paquete de reformas constitucionales y legales, una de las cuales propone modificar el proceso de nombramiento de las personas ministras y juzgadoras de tal modo que sean designadas por voto popular, pero también modifica la estructura completa del PJF, con la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por un órgano de administración y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de investigar, sancionar y destituir a personas juzgadoras con base en causales tan amplios y ambiguos que permitirían básicamente cuestionarlas por el sentido de sus resoluciones.

Si bien el presidente no tiene hoy los votos suficientes para pasar esta reforma, su apuesta es que los obtenga en las elecciones del 2 de junio.

Aquí, es importante subrayar que las reformas presentadas a nivel local no solamente emanan del partido mayoritario a nivel federal, sino también de partidos que son oposición a nivel federal, pero pueden llegar a ser mayoría a nivel estatal. Esto nos demuestra que no se puede contar con los partidos en México para defender la independencia judicial.

Por ello, no es una exageración decir que la independencia judicial en México está bajo acecho. Y si nos importa la democracia y la división de poderes, bien haríamos en buscar aliados para defenderla.