Seremos más libres si tenemos acceso a energía limpia y asequible

Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno), Miriam Grunstein y Viviana Patiño (@viviana_paal) | Animal Político

Este año, en México Evalúa nos dimos a la tarea de investigar sobre la pobreza energética en nuestro país: cómo entenderla, medirla, comprender sus implicaciones y combatirla. Nuestros hallazgos[1] muestran que, al igual que en otros países del mundo, tenemos segmentos de la población que presentan retos importantes a la hora de gozar de productos y servicios de energía accesibles, asequibles, continuos, satisfactorios y modernos. En efecto, la pobreza energética no se relaciona sólo con las comunidades más apartadas y su lamentable marginación; es, más bien, un problema que puede presentarse en distintas etapas y situaciones en la mayoría de los estratos poblacionales. Explicaremos algunas razones.

La OCDE estima que aproximadamente un séptimo de la población mundial consume la mitad de la energía en el planeta, y la mitad de la población es responsable de menos del 10% de la demanda global de energía. ¡Vaya desigualdad! Esa carencia para la mayor parte de la humanidad generalmente se traduce en imposibilidad para desarrollar actividades económicas, culturales y sociales, lo que fomenta círculos de pobreza. Esto es, la pobreza energética (PE) limita la capacidad de las personas para ser libres. La PE es un asunto crucial; sin embargo, aún es un fenómeno muy ignorado. Los pobres energéticos pasan inadvertidos.

Los primeros pasos hacia el reconocimiento y análisis de la PE se dieron en el Reino Unido en 1991, cuando se determinó que un hogar podía considerarse en este sentido ‘pobre’ en cuanto al acceso a combustibles si gastaba más del 10% de sus ingresos en adquirir recursos energéticos para alcanzar unas condiciones de vida aceptables. Desde que se acuñó esta definición, el debate y análisis del fenómeno han captado cada vez más la atención de investigadores y responsables políticos, por sus efectos en diversas dimensiones de la vida como: la salud, la seguridad, la educación, las condiciones medioambientales, el acceso a las telecomunicaciones y la radiodifusión, hacer negocios y hasta pagar impuestos. Es decir, el acceso a la energía habilita el goce de diversos derechos humanos. Por ello, las definiciones más modernas para cuantificar y dimensionar la PE descansan en enfoques multidimensionales que consideran las diferentes circunstancias que atraviesan los hogares para alcanzar confort térmico –un hogar con temperatura agradable y saludable–, y la conectividad eléctrica. La pobreza energética es entonces un concepto amplio: un hogar es vulnerable si carece al menos de un satisfactor energético, en las dimensiones de acceso, consumo-gasto, calidad de los energéticos. e impactos en el bienestar de las personas y en el medio ambiente.

La pobreza energética en la casuística internacional, un par de ejemplos

La relevancia de satisfacer las necesidades energéticas de una comunidad es tal, que en algunos países se considera materia de seguridad nacional. El caso de Palestina es sumamente interesante, pues la Compañía Eléctrica Israelí (IEC, por sus siglas en inglés) suministra aproximadamente el 88% de la electricidad de Palestina, mientras que el 9% se produce localmente, el 2% se importa de Egipto y el 1% de Jordania. En tiempos de conflicto, es común que la infraestructura eléctrica sea atacada por grupos opositores para desestabilizar comunicaciones y entorpecer la satisfacción de necesidades básicas; por ello, elementos militares se despliegan constantemente para custodiarla. Adicionalmente, las altas deudas en tarifas eléctricas –120 millones de dólares– por parte de los consumidores palestinos han provocado que la IEC amenace con cortes eléctricos a municipios críticos del territorio, lo cual ya ha recrudecido las tensiones de orden político y social en la zona.

Por otro lado, las políticas de atención a la pobreza energética, por sus efectos en la salud pública, han motivado los pasos más determinantes en el planteamiento de metodologías más precisas de medición, y en el diseño de ejercicios piloto para su atención. En el mundo, alrededor de 1.3 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, mueren prematuramente cada año debido a la contaminación del aire en el hogar resultante de cocinar y obtener calefacción con estufas de biomasa tradicionales e ineficientes.

En ese sentido un caso interesante es el de Irlanda, en donde se trata el combate a la PE como un tema de salud pública. En 2011 se ideó la primera estrategia en ese país para combatir la PE. No obstante, en 2013 la OCDE los colocó como el país miembro con más casos registrados de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la cuarta causa de muerte en su territorio. Debido a las bajas temperaturas que presenta Irlanda y la imposibilidad de gran parte de la población para pagar los servicios energéticos que les proveyeran confort térmico continuo y de buena calidad, se decidió enfocar la política pública en la resolución del problema, que tan nefastos efectos tenía en la salud de la población.

En 2016 se implementó una estrategia renovada, que incluyó acciones como revisiones estructurales de los inmuebles que habitan los irlandeses por parte del regulador energético, y la integración de un grupo consultivo sobre PE con un enfoque amplio y profundo, que dotara de transparencia a la política pública a través de estadísticas, diagnósticos e informes frecuentes a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Energía y Recursos Naturales. Dicha entidad pública es responsable de organizar foros para comunicar a la población sobre el progreso y resultados de las políticas destinadas a combatir la PE, y de monitorear los avances en el bienestar de la población. Se calcula que la implementación de un programa piloto en la ciudad de Dublin y sus alrededores, que incluye acciones como el cambio de bóileres por tecnologías más limpias (o su optimización) y la verificación de que puertas, paredes y ventanas de casas y edificios tengan capacidad de aislamiento y ventilación, beneficiarán a cerca de 850 hogares de personas con enfermedades respiratorias. De resultar exitoso este experimento, el Gobierno de Irlanda escalará el programa a todo el país.

La dimensión del problema en México

En México la situación es otra. A pesar de que ya en 2016 Rigoberto García Ochoa, reconocido académico del Colegio de la Frontera Norte, encontró que el 36.7% de la población nacional era pobre en energía, todavía hay un vacío muy importante en la investigación que conduzca a diagnósticos más precisos y actualizados, que contribuyan a establecer políticas más eficaces y sostenibles. La Secretaría de Energía, por ejemplo, en el 2018 en su Programa sectorial 2020-2024 calculaba aproximadamente 2 millones de mexicanos sin acceso a electricidad, para 2020, la cifra reportada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es de aproximadamente 1.2 millones. Para el caso más extremo de pobreza energética en México, que es el de aquellos mexicanos que utilizan estiércol, leña o carbón como combustibles principales en sus hogares para calentar agua y alimentos, los efectos en la salud pública son preocupantes, y deberían levantar las alarmas en los tres niveles de gobierno.

Actualmente, con cifras del Inegi, en México 4.8 millones de hogares consumen leña o carbón para calentar agua y alimentos. Esto implica que cerca de 13.5 millones de personas viven en condiciones de precariedad energética y de vulnerabilidad por el alto grado de toxicidad de los combustibles. Esos mexicanos, en consecuencia, son más susceptibles a sufrir EPOC. Según la Secretaría de Salud, con cifras a 2016, alrededor del 10% de los mexicanos padecen de esta enfermedad. Asimismo, con cifras más actuales (a 2020) del Inegi, este padecimiento se registra como la novena causa de muerte entre los varones, y la séptima causa de mortalidad en las mujeres. En promedio, por esta enfermedad fallecieron 24 mil personas a nivel nacional en ese año. Es más, de los 4.8 millones de hogares que, según el Censo 2020, cocinaban con leña o carbón en el país –y que representaron el 11.3% de los hogares totales–, sólo una cuarta parte contaba con una chimenea o un ducto para expulsar el humo del hogar. Es decir, en México 3.6 millones de hogares –lo que equivale a 12 millones de personas– viven actualmente en condiciones que implican altísimos riesgos de intoxicación.

Hay avances en electrificación, pero falta una política integral

Hasta ahora, nuestro país no cuenta con un plan maestro integral que ayude a combatir la PE en todas sus dimensiones, no sólo la eléctrica. Sin embargo, desde 2013 el Gobierno federal, desde la Secretaría de Energía, con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y la CFE, sí ha realizado valiosos esfuerzos que de facto apoyan a las familias en PE, para lograr la electrificación de localidades en extrema pobreza. El Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) es una de las principales vías para identificar y evaluar, con ayuda del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otras dependencias, la necesidad de electrificación en localidades con alta vulnerabilidad energética, y financiar las acciones necesarias para que comunidades rurales y zonas urbanas marginadas cuenten con conexión a la red eléctrica o, en su caso, cuenten con la dotación de tecnología renovable y dispositivos eficientes (lámparas, principalmente).

El FSUE nació como parte de la Reforma energética de 2013, y se nutre de recursos que proviene de los excedentes de las pérdidas técnicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y donaciones de terceros. Es decir, que este mecanismo es sostenible en la medida que el mercado siga activo y funcionando de forma eficiente en el Sistema Eléctrico Nacional. De ahí que si, por ejemplo, se aprobara la Reforma energética del presidente López Obrador en sus términos y, en el peor de los casos, se debilitara o se extinguiera el MEM, el FSUE se quedaría sin recursos para atender a los más pobres del país en materia eléctrica. Desde México Evalúa revisamos la documentación pública disponible del FSUE y encontramos algunas fallas en materia de transparencia que sería necesario que la Sener corrigiera. Por ejemplo, a falta de reportes de resultados con los indicadores de efectividad de los proyectos de electrificación realizados para el periodo 2019-2021, no es posible acceder a la medición del impacto real de este fondo.

Aunque actualmente México cuenta con algunos programas enfocados en resolver este problema de forma particular –como el FSUE– es imperativo contar con un observatorio independiente que mida de forma frecuente la dinámica de la pobreza energética con diagnósticos georreferenciados, para lograr identificar vulnerabilidades regionales y locales. Dimensionar correctamente la problemática desde un enfoque multidimensional es fundamental para contar con una base firme que sume, desde la política pública, esfuerzos conjuntos de empresas públicas, el sector privado y organizaciones no gubernamentales. Como mencionamos al principio, el acceso a energéticos asequibles, continuos y confiables habilita el acceso a otros servicios y derechos que las personas requieren para desarrollarse más libremente. De aquí que la atención a esta problemática sea francamente urgente.

Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de competencia y regulación en México Evalúa. Miriam Grunstein y Viviana Patiño son investigadoras, invitada y permanente respectivamente, del mismo programa.

[1] Pueden ser consultados en www.mexicoevalua.org/programas/competencia-y-regulacion/