Transición energética: qué se mide (y qué no) en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

El nuevo PND 2025-2030 promete un salto significativo en la transición hacia energías limpias, pero sus indicadores clave detonan más dudas que certezas.

Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Programa de Regulación y Competencia
Publicado en: Animal Político

¿Puede México avanzar hacia la sostenibilidad energética sin saber con precisión de dónde parte ni hacia dónde va? El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 promete un salto significativo en la transición hacia energías limpias, pero al revisar sus indicadores clave surgen más dudas que certezas. ¿Son estas métricas realmente útiles, o estamos ante una contabilidad que no refleja el verdadero estado del sistema energético?

A primera vista, las metas suenan ambiciosas: más de 22 mil megawatts adicionales y un 45% de generación limpia para 2030. Pero basta con asomarse a los detalles para descubrir contradicciones preocupantes: fuentes altamente contaminantes como la leña se consideran “renovables” sin ningún filtro técnico, y los compromisos asumidos en el Acuerdo de París parecen diluirse en indicadores vagos y mal alineados. Este análisis desmenuza lo que los números del PND no dicen a simple vista, y revela por qué redefinir cómo medimos la transición energética es tan urgente como la transición misma.

Los detalles del Índice de Independencia Energética

La primera métrica a discutir es el Índice de Independencia Energética (IIE), bajo el objetivo 4.1. del PND. Éste mide la capacidad de un país para cubrir su demanda energética con producción propia. A mayor IIE, mayor soberanía. 

México cayó de un IIE de 0.969 en 2015 a 0.721 en 2023. Para 2030, la meta establecida en el PND es de 0.74: un avance marginal de 0.03 puntos. Tal objetivo poco o nada refleja un camino contundente hacia la soberanía energética, el gran propósito planteado en el presente sexenio. 

Otro inconveniente: el IIE no informa sobre el estatus de la seguridad energética —es decir, la capacidad real del sistema para ofrecer un suministro confiable, limpio y competitivo a la población y a la industria—. En palabras sencillas, un país puede registrar “niveles altos de soberanía”, como ocurrió en nuestro país en 2015, y al mismo tiempo, presentar serias fallas en el suministro de energéticos o distorsiones en sus sistemas de precios que impiden a la población gozar de mejores bienes y servicios de energía. 

¿Qué tan renovable y alterna es la matriz energética nacional?

Pasemos al siguiente indicador en la matriz energética nacional: Participación de Energías Renovables y Alternas, bajo el objetivo 4.2. del PND. Ésta mide la proporción de las fuentes “renovables y alternas” respecto del total de la producción nacional de energía. Se establece el objetivo de alcanzar un 21.50% en el 2030 con respecto al 17% establecido como línea base en 2022. 

Es necesario entender este indicador. Primero porque la nueva legislación energética no define el término “energías alternas”. Segundo, porque incluye sin mayor distinción a la leña y al bagazo de caña como fuentes de energía renovable a ser considerados en la fórmula. Esta última cuestión es aún polémica en los círculos de especialistas internacionales, como veremos más adelante.

La leña y el bagazo de caña aportaron, en 2023, el 33.58% de la energía producida bajo la clasificación “energía renovable”, según las estadísticas de la Secretaría de Energía (Sener) en su publicación anual Balance de Energía (ver imagen). En contraste, por ejemplo, la energía solar representó el 20%, la eólica 17% y la geotermia 9.2%. Esto significa que, juntas, la leña y el bagazo (bajo la categoría “biomasa”) representan la proporción más importante del total de la energía clasificada como renovable. 

Si bien la clasificación va de acuerdo con las normas de contabilidad aceptadas para medir la producción de energía primaria, su inclusión en dicha categoría podría generar confusión si se utiliza como único parámetro de medición del avance de la adopción de energía renovable en un país, al tratarse de fuentes cuya combustión genera altos niveles de emisiones contaminantes.

Investigaciones del Centro de Estudios Forestales de la Universidad de Pennsylvania advierten que la leña puede emitir 2.5 veces más CO₂ que el gas natural y 30% más que el carbón por unidad de energía producida. Además, en México, país con altos niveles de deforestación y débil control para evitar la tala ilegal, el uso de la leña difícilmente podría considerarse como sostenible. Por lo tanto, en el contexto mexicano, si queremos confiar en indicadores que nos ayuden a dar seguimiento a la producción de energía con base en fuentes renovables, es necesario revisar y reformular la manera en que se define la contabilidad de estos insumos.

Por su parte, aunque la ley mexicana reconoce al bagazo de caña como fuente limpia, condiciona su validez a que se use en plantas de cogeneración eficiente certificadas. En 2023, según una investigación de la Universidad de Veracruz, sólo 22 de 49 ingenios azucareros usaban cogeneración y apenas 12% estaban registrados ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta brecha evidencia que esta fuente no puede considerarse automáticamente como renovable, pues su quema genera emisiones y —sin control regulatorio— incentiva prácticas no sostenibles.

Organismos como la Agencia Internacional de Energía (AIE) y el World Wildlife Fund han alertado sobre los riesgos de clasificar la biomasa sólida como energía renovable. Abogan por criterios más estrictos, ausentes en México, donde no se ha presentado evidencia ni certificaciones que respalden su uso sostenible. Todo lo contrario, según Pronatura, en la última década el país perdió 6.3% de su superficie arbolada, y en 2021 el Gobierno federal  detectó 122 zonas críticas con tala ilegal y lavado de madera en 20 estados del país, una práctica que consiste en dar apariencia legal a madera extraída ilícitamente.

¿Y las metas del Acuerdo de París?

​Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son los mecanismos a través de los cuales los países establecen sus metas específicas para la generación de electricidad a partir de fuentes limpias, con base en el Acuerdo de París en 2016 y sus posteriores actualizaciones. ​Fue precisamente en 2016 cuando México se comprometió en sus NDC a generar al menos 35% de su electricidad con métodos limpios para 2024, meta que no se alcanzó. En 2021 se acercó a la meta con un 29.5%, pero en 2023 y 2024 la proporción cayó a 24.32% y 22.15%, respectivamente. 

Asimismo, las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) están planteadas en bajar 35% para 2030, lo que implica instalar hasta 40 gigawatts adicionales en energías limpias, según el reporte de actualización de NDC del 2022 elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Recordemos que el sector energético desempeña un papel crucial en las NDC de México al representar aproximadamente una tercera parte de la meta nacional de reducción de emisiones de GEI para 2030. Por tanto, en materia de transición energética éste es en realidad el indicador clave en el PND, que se incluye bajo su objetivo 4.3.

Conclusión

Si bien la narrativa del PND plantea metas ambiciosas para impulsar la transición energética y avanzar hacia una matriz más limpia, los indicadores comentados aquí presentan falta de claridad conceptual y metodológica para reflejar el desempeño del sistema energético en función de los objetivos planteados. Esto debilita su capacidad para reflejar avances reales. La inclusión de fuentes como la leña o bagazo de caña en la base contable de energía primaria como único parámetro para el monitoreo de la adopción de energía renovable revela una desconexión del PND respecto de las mejores prácticas internacionales.

La AIE recomienda que al analizar metas de energías renovables no solo se use la oferta primaria de energía, sino también el consumo final y la generación eléctrica, para evitar interpretaciones erróneas. Por ello, es recomendable atender este tipo de precisiones para determinar los parámetros relativos al cumplimiento de los compromisos, pues no se trata sólo de una obligación jurídica, es una condición para fortalecer la competitividad de México y atraer inversiones de calidad que demandan energías limpias certificadas en sus cadenas productivas y logísticas.