¿Pondrá Sheinbaum fin al infierno burocrático?
Las MiPymes, que son el 95.5% de los negocios en el país y generan el 70% del empleo total, deben destinar al año 500 horas en trámites. La presidenta promete reducirlas a la mitad.
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Programa de Regulación y Competencia
Publicado en El Sol de México
Vivir en México, y hacer negocios, para muchos es un maratón interminable de trámites. Millones de usuarios enfrentan verdaderas odiseas para obtener una constancia fiscal, una licencia de operación, una autorización de protección civil, o registrar un predio. En un país donde las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) proporcionan el 70% del empleo total, cada trámite duplicado representa horas de trabajo que no se dedican al crecimiento del negocio o a la innovación.
El país se ubica en el cuarto lugar en mayor complejidad para hacer negocios, entre los 79 países del mundo cuyas economías concentran el 94% del producto interno bruto mundial, según el Índice Global de Complejidad Empresarial 2025. Desde abrir una nueva empresa hasta obtener una licencia de funcionamiento, el tiempo perdido en gestiones administrativas se traduce en menos productividad, menos ingresos y más frustración.
Para las MiPymes, que conforman el 95.5% de los negocios en el país, la situación es especialmente crítica. Según datos del Índice de Burocracia de México Evalúa 2024, cada negocio destina más de 500 horas al año en tareas de cumplimiento normativo. Si lo traducimos a horas hábiles, son alrededor de tres meses de puro infierno burocrático.
Entre los factores que más contribuyen a esta complejidad kafkiana destacan la carga normativa excesiva, la obligatoriedad de realizar trámites de forma presencial y una legislación que es susceptible a interpretaciones. Todo lo anterior genera altos riesgos y costos para la comunidad empresarial que se ve precisada a contratar servicios de apoyo.
Una Ley para simplificar todos los trámites
Frente a este problema, la presidenta Sheinbaum ha propuesto una ambiciosa Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos. La iniciativa busca reducir a la mitad los engorrosos procedimientos y digitalizar al menos el 80% de los más relevantes. También plantea modernizar —mediante la digitalización— la interacción entre personas, empresas y el Estado.
La propuesta aún se encuentra en proceso de análisis dentro del Congreso. Podemos adelantar que, ciertamente, la redacción actual tiene muchas áreas de mejora.
Desde México Evalúa decidimos, junto con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), abrir esa propuesta al debate público. El pasado 27 de mayo organizamos un diálogo técnico entre especialistas, en el que analizamos los contenidos de la iniciativa y propusimos modificaciones que fortalezcan su coherencia y su viabilidad real para lograr el objetivo de eficiencia que dice perseguir, pero sin debilitar los principios de legalidad, transparencia y participación ciudadana, según las buenas prácticas y estándares internacionales.
Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su estudio Perspectivas sobre política regulatoria de la OCDE 2025 recomienda reducir las odiosas ventanillas a portales únicos digitales para simplificar las tareas. También sugiere que las autoridades usen herramientas técnicas, como la “evaluación del impacto regulatorio” que consiste en que para cada norma se calcule, antes de su publicación, si produce a la sociedad más beneficios que costos. Otra propuesta es incluir más mecanismos de participación ciudadana —como foros y consultas públicas— para recabar y atender la opinión de los usuarios en los procesos de elaboración de regulaciones.
¿Puede la burocracia ser ágil y funcional?
Los expertos invitados al diálogo coincidieron en que la propuesta de ley no abarca estos aspectos de forma amplia. En cambio, privilegia la homologación de trámites en los tres niveles de gobierno como política de simplificación. Esto, de suyo, está bien, pero si no toma en cuenta la opinión de los afectados, incluyendo a los funcionarios de municipios y entidades federativas, podría provocar que las leyes homologadas no sean consistentes con las realidades locales o que se digitalicen normas mal diseñadas. Por ejemplo, no es lo mismo otorgar una licencia de funcionamiento a un comercio de una gran ciudad que a uno que opere en una localidad pequeña en una playa: sus requerimientos podrían ser muy distintos.
Para que esta transformación sea efectiva, es necesario, primero, revisar a fondo el catálogo nacional de trámites y eliminar procesos innecesarios o duplicados. También, fomentar la comunicación entre dependencias para aprovechar los datos que ya se tienen.
Otra medida indispensable consiste en fortalecer los mecanismos de control y seguridad para la protección de datos personales y la privacidad de la información sensible. Además, para el seguimiento de su implementación, se debe fomentar que el nuevo sistema maneje datos públicos.
No olvidar que los presupuestos deben calcularse de manera que se cubra el costo de capacitar a los funcionarios en las nuevas soluciones tecnológicas, y que se consideren tratamientos especiales a municipios rezagados en presupuestos y conectividad.
Es crucial que esta nueva política ponga en el centro del diseño de los sistemas el buen servicio al usuario y considere programas de acompañamiento a personas que requerirán aprender a usar las nuevas tecnologías, como los adultos mayores.
La burocracia, cuando es ágil y funcional, ordena la vida pública. Pero cuando se vuelve un laberinto, destruye confianza entre ciudadanos y gobierno. Hoy tenemos una oportunidad para cambiar esa historia que lacera el esfuerzo cotidiano de millones de mexicanos. La esperanza es que se realice con técnica, diálogo y visión democrática.
*Coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa.
