Los desafíos de la transición energética: caso Guanajuato
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | El Sol de México
El Índice de Transición Energética 2023, desarrollado por el Foro Económico Mundial, revela que el nivel de preparación de nuestro país para acometer tal indispensable proceso de cambio se ha quedado estancado. Pero indicadores de este tipo no cuentan la historia completa. Los matices, los avances y una comprensión detallada de los retos de la transición pueden observarse mejor a nivel subnacional. Eso nos hemos decidido a hacer desde México Evalúa.
Nuestro primer caso de estudio es Guanajuato, un estado que en su proceso de recuperación postpandemia ha adoptado un modelo económico que busca equilibrio y sostenibilidad, destacándose por una diversificación económica centrada en las industrias automotriz, tecnológica y agroindustrial. Allí resaltan iniciativas del sector público y privado que buscan alternativas energéticas más sostenibles y renovables para reducir los impactos ambientales. Es decir, Guanajuato se vislumbra como un espacio que puede ser propicio para la transición energética y para atraer inversiones que permitan contar con tecnología lista para su implementación.
En materia de tecnologías de generación limpia y esquemas de generación distribuida, la entidad presenta avances notables. La capacidad instalada en operación de centrales de tecnologías limpias pasó de representar el 0.3% en 2015 a alcanzar el 18.4% en 2022. Del total de esta nueva capacidad instalada, el 90.7% corresponde a tecnologías como la solar fotovoltaica, hidráulica y biogás. En el ámbito de la generación distribuida, utilizada principalmente para la generación dentro de los mismos centros de consumo, se ha registrado un crecimiento impresionante: pasó de 9.41 MW de capacidad instalada en 2017 a 151.39 MW en 2022, un aumento del 1,500%. Además, el número de contratos se ha incrementado de 1,393 a 15,712 en el mismo periodo.
A pesar de estos avances, la convivencia con infraestructuras como la refinería de Salamanca, a cargo de Pemex, y la central termoeléctrica de la misma ciudad, gestionada por la CFE, junto con una red extensa de ductos del Cenagas, establece desafíos ambientales y presupuestales de gran envergadura y a largo plazo que, de alguna manera, atan a la entidad a un modelo energético basado en la quema de fuentes fósiles, con todo y el impacto positivo en la generación de empleo que tienen. Y es que entre 2015 y 2022, el 78% de la cartera de inversión federal destinada a este estado se se orientó a dar mantenimiento a tales infraestructuras, concentrándose el 94.9% de dichos recursos en 2022 en proyectos de Pemex y la CFE, según datos oficiales (en 2015, este porcentaje fue del 62.2%). Esto demuestra que, al menos para Guanajuato, los recursos federales destinados a la energía, y en el mejor de los casos, a proyectos relacionados con la transición energética, dependen de la gobernanza de las Empresas Productivas del Estado (EPE). Podemos prever que la capacidad de negociación que las autoridades locales puedan lograr con dichas empresas será fundamental para disminuir los impactos ambientales o sociales.
Los crecientes niveles de emisiones de gases criterio y gases efecto invernadero, la mejorable gestión de residuos y otros impactos ambientales asociados exigen que Guanajuato apriete el paso en la dirección de una economía más sostenible, particularmente, como decimos, en la coexistencia con infraestructuras de las EPE. Esta entidad es un buen ejemplo del enorme reto de gobernanza que supone la transición energética para los tres niveles de gobierno.
