Cómo aterrizar la reforma de Justicia Penal

La implementación de la reforma penal será exitosa cuando se logre mejorar la experiencia de los usuarios del sistema de justicia —tanto de las víctimas como de los acusados. Por eso, propusimos un sistema de siete indicadores basados en la percepción ciudadana.

Por Leslie Solís (@Leslie_fs)

La Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública de 2008 estableció ocho años para implementar el sistema de justicia penal acusatorio en todo el país. Dicho plazo se cumplió el pasado 18 de junio, pero esto apenas representa el primer paso. Para construir un sistema más eficiente, transparente y justo, hay que consolidar los principios que caracterizan esta reforma, así como monitorear sus avances. Es necesario traducir los conceptos de la reforma en realidades[1], y después medirlas y monitorearlas por medio de indicadores basados en información confiable.

Cambiar la vida de los ciudadanos

En México Evalúa estamos convencidos de que la implementación de la reforma penal será exitosa cuando se logre mejorar la experiencia de los usuarios del sistema de justicia —tanto de las víctimas como de los acusados.

Por eso, propusimos un sistema de siete indicadores basados en la percepción ciudadana. Por motivos de espacio, sólo se incluirá una descripción breve de cada uno; los hallazgos y datos se pueden consultar en el documento.

Desde el punto de vista de las víctimas del delito, medimos homicidios, porcentaje de delitos denunciados, así como trato satisfactorio para quienes acuden al Ministerio Público a denunciar.

1.Los homicidios normalmente son utilizados como una medida de violencia, y sí lo son, pero también son un reflejo de un Estado de Derecho fuerte, en el que las instituciones se construyen sobre los cimientos de la paz.

2. La denuncia, por su parte, es una medida de acceso a la justicia, una manifestación de confianza en la respuesta de la autoridad, así como una forma de recabar información, con lo cual las autoridades contarán con mayor sustento para hacer un mejor trabajo.

3. El trato satisfactorio a víctimas se refiere al porcentaje de personas que sintieron que obtuvieron un trato bueno o excelente por parte del Ministerio Público cuando acudieron a denunciar un delito. Las víctimas tienen derecho a ser tratadas con compasión y respeto, así como a no ser re-victimizadas. Con base en información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pudimos constatar que, a nivel nacional, 50.5 por ciento de quienes efectuaron una denuncia entre 2012 y 2014 sintieron que obtuvieron un trato satisfactorio. También hay diferencias significativas entre estados, pues en Chihuahua 78.4 por ciento obtuvo un trato satisfactorio, mientras que en el Estado de México (37.2 por ciento) y la Ciudad de México (40.6 por ciento), este porcentaje es mucho menor.

Desde la perspectiva de los acusados por algún delito, consideramos indicadores de presunción de inocencia, un proceso penal justo, así como una cárcel digna y segura.

4. La presunción de inocencia es el aspecto toral que diferencia un sistema de justicia inquisitivo, en el que el acusado debe demostrar su inocencia, de uno de corte acusatorio, en el cual el acusado es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estimamos que el uso indiscriminado de la prisión preventiva como medida cautelar es una violación a la presunción de inocencia, como bien han resaltado organizaciones como Open Society. De esta forma, queremos medir la prisión preventiva como la prueba de fuego de la presunción de inocencia.

Sin embargo, no contamos con datos para efectuar una medición que considere la probabilidad, frecuencia, motivación, y legitimidad de esta medida cautelar, así como la duración de la misma, que es una propuesta elaborada por la Red Regional de Justicia Previa al Juicio en América Latina y recomendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

5. Un proceso penal justo debe contar con al menos tres elementos: 1) respeto, o el derecho a no ser torturado, 2) voz, o el derecho a una defensa legal efectiva, y 3) neutralidad o control, que se refiere al derecho a contar con un juez imparcial. Hoy tampoco contamos con datos representativos a nivel nacional para medir estos puntos. Sin embargo, recientemente se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal (en cuyas discusiones México Evalúa participó activamente), y que prevé la creación de una encuesta a la población en reclusión, conducida por el Inegi, lo cual nos permitirá medir los aspectos antes mencionados.

6. También medimos qué tan justas y seguras son las cárceles en México. El sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos (artículo 18 constitucional), y también deben asegurar condiciones de gobernabilidad. Este es el objetivo de la Ley Nacional de Ejecución Penal antes mencionada. Para medir estos aspectos, utilizamos la evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que nos indica que en promedio, entre 2011 y 2015, a nivel nacional las cárceles obtuvieron una calificación de 6.2, en una escala de 0 a 10. Esto significa que queda mucho trabajo por hacer para tener cárceles de calidad. Al igual que en los otros indicadores, aquí pudimos observar marcadas diferencias entre entidades federativas, con Aguascalientes (7.95) y Guanajuato (7.76) en un extremo, y Nayarit (4.29) y Quintana Roo (4.49) en el otro.

7. Finalmente, desde el punto de vista de la población en general, tomamos en cuenta el indicador de confianza en las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia. Para ello, utilizamos datos de la Envipe. La confianza construye legitimidad y es un factor esencial para que los ciudadanos consideren que un proceso es justo. Encontramos que la percepción de corrupción en las autoridades de primer contacto (policía de tránsito, por ejemplo) es un gran predictor de desconfianza en el resto de las autoridades de seguridad y justicia. Así, si queremos mejorar los niveles de confianza, debemos luchar contra la corrupción.

En México hay una demanda insatisfecha de justicia frente a la cual no parece haber una respuesta clara, en palabras de Ana Laura Magaloni. Es necesario cambiar esta realidad. Las autoridades deben trabajar para mejorar su desempeño, y también deben monitorear y evaluar los resultados de dichos esfuerzos, tanto para demostrar los avances, como para identificar las áreas de mejora. Junto con indicadores de insumos presupuestales, infraestructura o procesos, también deben tomarse en cuenta indicadores de percepción, como los que propusimos.

Es importante mejorar la evaluación que hacen los ciudadanos sobre su experiencia al transitar por las instituciones de justicia penal; de lo contrario, todos los esfuerzos y cambios para reformar el sistema serán conceptos que no logran traducirse en realidades.

Si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, te invitamos a consultar el documento Justicia a la medida: siete indicadores sobre la calidad de la justicia penal en México.

*Leslie Solís es investigadora del Proyecto de Calidad de la Justicia en @mexevalua.

 [1] Ver ponencia de la Procuradora Arely Gómez en el Instituto Woodrow Wilson, en Washington D.C., el 25 de julio de 2016. Disponible aquí: https://www.ustream.tv/recorded/89958922