Fecha de publicación: junio 2016

Autoras:  Layda Negrete y Leslie Solís

 

Medir la calidad de la justicia es indispensable para evaluar los logros alcanzados a partir de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública de 2008, así como el cumplimiento oportuno del Objetivo 16 de paz y justicia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible suscrita por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas.

Por ello, este estudio propone siete indicadores para medir la calidad del sistema de justicia penal en el país a partir de la experiencia de sus usuarios, víctimas e inculpados. Estos indicadores son: 1) Confianza ciudadana en las instituciones de justicia; 2) Tasa de homicidios; 3) Niveles de denuncia; 4) Trato satisfactorio a víctimas al momento de denunciar un delito ante el Ministerio Público; 5) Presunción de inocencia; 6) Proceso penal justo; y 7) Cárcel digna y segura.

Estos indicadores van más allá de medir recursos, delitos y detenciones. Ofrecen información sobre la experiencia de los ciudadanos que interactúan con las instituciones y autoridades del sistema de justicia penal. Si se considera que este sistema tiene como función proteger los derechos básicos de los individuos, es fundamental saber cómo estos evalúan el grado en que el Estado cumple o no con dicho propósito.