Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Universal

La independencia de los poderes judiciales es una de las trabes que sostienen a toda República democrática, pues hace efectiva la división de poderes. Sin ella, sube el riesgo de que los otros poderes tomen represalias en contra de ciertas resoluciones judiciales que los limitan, y disminuye la posibilidad de que los ciudadanos tengamos juicios que se resuelvan con base en la verdad, en los hechos. Es decir, se compromete la garantía de un derecho humano: el acceso a la justicia.

Desde México Evalúa hemos documentado sucesos que sugieren que en México atravesamos momentos críticos para la independencia judicial. Los ataques a ella, desde los poderes ejecutivos o legislativos, son crecientes. Después de que la ministra Norma Piña fuera seleccionada por sus pares como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente López Obrador se ha dedicado a criticar al Poder Judicial (incluso exhibiendo a juzgadores), a la Corte y a su misma presidenta. Y en la pasada discusión presupuestal la Cámara de Diputados hizo su parte, al aprobar la extinción de 13 fideicomisos del PJF, en una reforma que va en contra de la autonomía presupuestal que le otorga la Constitución a los poderes judiciales en México y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

A nivel estatal, también se han impulsado e incluso aprobado reformas que ponen en riesgo el funcionamiento e independencia de los poderes judiciales. Hemos identificado intentos de eliminar la figura del Consejo de la Judicatura, de politizar los procesos de selección de jueces y magistrados y de cambiar las reglas de selección de juzgadores.

Esto no sólo debe preocuparnos; debemos ocuparnos para atender las consecuencias de que los ejecutivos y legislativos no tengan contrapeso, del acaparamiento del poder y del debilitamiento de la justicia. Un primer paso es averiguar qué tan preparados están los poderes judiciales estatales para asimilar tales agresiones. La Biblia contiene un pasaje muy sugerente (Mateo 7:25): “Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca”. ¿La independencia de los poderes judiciales es lo suficientemente sólida? A través del programa Transparencia en la Justicia, a cargo de mi colega Laurence Pantin, y junto con la Fundación Konrad Adenauer México, hemos evaluado qué tanto los poderes judiciales estatales tienen garantizada su independencia judicial, a partir del cumplimiento de 51 indicadores. Tal ejercicio permite identificar qué mecanismos debemos adoptar para fortalecerla de manera sistemática, y diseñar una agenda para incidir al respecto.

Los indicadores menos cumplidos tienen que ver con la falta de control sobre la imparcialidad de las personas juzgadoras, la falta de criterios para apartarlas de los asuntos turnados y la falta de mecanismos de protección de su integridad física. Veámoslo con más detalle: en sólo cinco estados se prevén las siguientes prohibiciones para el perfil de los aspirantes a juzgadores: vínculos con instancias religiosas y con partidos políticos, y ocupación de un cargo de elección popular durante un periodo determinado. Únicamente en tres estados existen mecanismos de protección personal y familiar frente a actos que amenazan la integridad física (amenazas, violencia y homicidios) de los magistrados. Además, en la mayoría de los estados todavía la elección de magistrados no está sujeta a un concurso y/o evaluación ni a la observación o participación ciudadana.

En general, hay pocas garantías para que, en la práctica, se controle el riesgo de injerencia del poder político y económico en el día a día de la justicia. Creo que hay que aprovechar al máximo estos novedosos indicadores. Trabajemos para incluir en la normativa los indicadores que aún no se cumplen, o bien promover un cumplimiento más efectivo de los mismos. He aquí puntos para una agenda (o para los planes de un nuevo gobierno) que priorice el fortalecimiento de la democracia y la justicia en México.