El mito de la austeridad todopoderosa

Mariana Campos (@mariana_c_v_) | El Sol de México

Este gobierno ha impulsado con fuerza la política de austeridad, la cual, en su justa dimensión, es útil para controlar el dispendio en el gasto administrativo –siempre y cuando recordemos que sus efectos más significativos son visibles en el mediano y largo plazo–. Sin embargo, las posibilidades de éxito de esta política se sacrificaron desde un principio, pues en la práctica se le impuso una meta imposible de cumplir: ahorrar recursos y recaudar grandes cantidades de manera inmediata, incluso obviando la necesidad de llevar a cabo una política fiscal hecha y derecha.

Además, para que la austeridad tenga un buen resultado debe implementarse adecuadamente, es decir, debe partir de mejoras en la operación de la administración pública: reingeniería de procesos, control de costos, cambio tecnológico, capacitación continua, etcétera. Al parecer la ‘actual’ austeridad no se implementó siguiendo esa pauta, y con los datos disponibles del presupuesto pagado a 2019 sospechamos que los planes se hicieron a punta de decreto.

Identificamos que para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se plantearon disminuciones, en relación con año 2018, en los presupuestos totales para 31 instituciones. Pues bien, sólo cuatro instituciones (13%) lograron disminuir su gasto en comparación con el año anterior y en la medida establecida en el presupuesto 2019. El resto gastó de una forma distinta al plan. Pero ¿eran viables esos recortes propuestos, en primer lugar?

Para lograr una administración pública más eficiente, que logre más con menos, se requieren instrumentos que mejoren la operación y la toma de decisiones.

De las 27 restantes, 11 instituciones consiguieron disminuir su gasto, aunque en un monto menor al programado, por lo que se excedieron en su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Entre éstas destaca la Secretaría de la Función Pública, que debió disminuir su gasto en 600 millones de pesos, pero sólo lo logró disminuir en 12 millones –excedió su presupuesto aprobado en 588 millones de pesos–. Otras 11  terminaron gastando aún menos de lo planeado (sí, ahí está la Secretaría de Salud), acaso para compensar, en parte, la debilidad de los ingresos del gobierno vista en todo 2019, el sobregasto de las primeras 11 y el comportamiento ‘extremo’ de las restantes cinco instituciones, que no lograron disminuir el presupuesto en relación al año anterior porque en realidad lo incrementaron. Ahí destaca el gasto de la Secretaría de Educación Pública, que ‘siempre sí’ brindó apoyos adicionales a las universidades estatales –las que, por cierto, subsisten en la quiebra desde hace años: fue ingenuo esperar que este viejo problema se iba a controlar sólo con el ‘querer es poder’–.

Para lograr una administración pública más eficiente, que logre más con menos, se requieren instrumentos que mejoren la operación y la toma de decisiones. De nada sirve dictar presupuestos optimistas y reformar los procesos de la administración pública para intentar controlar sin tener en realidad cómo controlar.

¿A qué nos referimos? Por ejemplo, se centralizaron las compras púbicas sin contar todavía con una plataforma digital integral para digitalizar la contratación pública. Con este instrumento es posible llevar a cabo inteligencia de mercados, lo que significa conocer mejor y en menor tiempo quién vende qué y a qué precios, con el propósito de comprar más rápido y con mejores condiciones… En fin, una plataforma con estas características sí permitiría incrementar la eficiencia del proceso. También deben adoptarse los modelos de costos, que son indispensables para estimar cuánto cuesta operar los procesos de los programas y de las políticas públicas. Con este tipo de instrumentos entonces sí ‘querer es poder’.