Defensorías públicas, sin recursos para operar

• Las defensorías públicas, elementos clave para garantizar el debido proceso, reciben en promedio sólo seis centavos por cada peso que reciben las fiscalías de presupuesto.
• En promedio, cada defensor público representa a 163 imputados por año. Oaxaca es la entidad con mayor carga, con 556 imputados, seguida por la CDMX, con 369.
• Durante el diálogo “Igualdad de armas para la defensa penal efectiva”, organizado por México Evalúa, expertos nacionales e internacionales llamaron a dotar de autonomía presupuestaria a las defensorías para fortalecer sus capacidades y garantizar el debido proceso.

Ciudad de México, 18 de junio de 2021

A 13 años de la reforma del sistema de justicia penal y cinco años de plena vigencia en todo el país, la asimetría entre las capacidades de las fiscalías y las defensorías públicas no se ha remediado; al contrario: se ha acrecentado. El presupuesto para el sector es prueba de ello: las defensorías públicas reciben, en promedio, seis centavos por cada peso que reciben las fiscalías para operar. Además, destinan la mayoría de sus recursos a financiar nóminas o gasto corriente, cancelando la posibilidad de aumentar su capacidad instalada o de invertir en su modernización.

En el marco de la mesa de análisis “Igualdad de armas para la defensa penal efectiva”, organizado por México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann, expertos nacionales e internacionales dialogaron sobre los retos que enfrenta el sistema de justicia penal para proveer a las defensorías de los recursos necesarios para ser garantía de efectividad. Explicaron que en todo proceso penal hay dos partes: una que acusa y otra que defiende al imputado, y que para garantizar el debido proceso debe existir igualdad de armas; es decir, de condiciones y capacidades en ambas partes.

“La mayoría de los esfuerzos para consolidar el sistema de justicia penal acusatorio se han dirigido a las procuradurías y fiscalías. Esto no se ha acompañado de acciones para fortalecer a la parte defensora, la cual enfrenta importantes limitaciones de recursos, lo que pone en riesgo la defensa penal efectiva y la posibilidad de un juicio justo”, apuntó Edna Jaime, directora general de México Evalúa durante el evento.

Algunas de las implicaciones operativas de la igualdad de armas para las defensorías públicas son: contar con presupuesto y personal suficiente; tener acceso a servicios periciales y a las carpetas de investigación, así como la capacidad para construir una teoría del caso y desarrollar una investigación. Sin embargo, los expertos coincidieron en que la insuficiencia presupuestal impide que lo anterior se garantice.

“El presupuesto de las defensorías públicas en México se redujo 1.5% en términos reales en 2020, comparado con 2019”, señaló Enrique Bouchot, investigador del programa de justicia de México Evalúa.

Otro factor que impide una defensa penal efectiva es la insuficiencia de personal en las defensorías para cubrir la carga de trabajo. En promedio, cada defensor público representa a 163 imputados por año a nivel nacional. Oaxaca es la entidad con mayor carga, con 556 imputados, seguida por la CDMX, con 369.

Por ello, los expertos llamaron a garantizar condiciones de autonomía para las defensorías, para que no dependan presupuestalmente de un poder judicial ni de una entidad del Ejecutivo; así como a dotarlas de presupuesto suficiente y de un plan de profesionalización para los defensores. A la luz de la experiencia con las autonomías constitucionales, Ana Dulce Aguilar, líder de persecución penal estratégica de ConJusticia señaló que es necesario repensar la manera de asignar el presupuesto, para que éste refleje una visión sistémica.

Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), señaló la importancia de contar con unadefensa pública especializada y en formación permanente. “Ya no podemos tener una defensa general que sirve para todos, hay que ir especializando según el tipo de delito y de acuerdo con el tipo de persona que está solicitando la defensa”, dijo Arellano.

“La defensa penal efectiva es el mecanismo que garantiza a todos el acceso a la justicia, sobre todo para quienes no pueden pagar un abogado. Sólo con instituciones independientes, se logrará consolidar un Estado de derecho capaz de garantizar justicia y proteger los derechos humanos de todas y todos”, comentó Siegfried Herzog, director regional de la fundación Friedrich Naumann.

Otro de los puntos resaltados durante el encuentro fue el uso de tecnologías, no como un lujo, sino como una base para el buen funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto. Hoy, el uso de inteligencia artificial ya es una realidad para defensorías como la chilena, que ya cuenta con servicios de asistencia virtual para recibir información actualizada a diario en sus celulares. En México, sin embargo, en muchos casos se carece de lo mínimo, un sistema interconectado que permita a todos los operadores del proceso penal dar seguimiento a los casos, desde la apertura hasta su conclusión.

En la mesa de análisis también participaron Mirta Aguirre, litigante y ex directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos y Claudio Rodríguez, director de Defensa en Investigaciones Penales de Nuevo Léon.

La transmisión del evento puede recuperarse aquí. https://www.youtube.com/watch?v=lgQ-sXQephI