Corrupción: sin punto de retorno

Roma no se construyó en un día, reza el dicho. Construir el andamiaje normativo e institucional para controlar la corrupción en el país tampoco resultará de una primera ronda de reformas. Estamos frente al reto enorme de crear y fortalecer instituciones de Estado que acoten el abuso de poder en una de sus manifestaciones más dañinas: la corrupción. Lo que logramos en las últimas semanas nos coloca en la ruta correcta.

Lo que sigue es un ejercicio de ensayo y error, de resistencias y presión para darnos lo que merecemos: un esquema de rendición de cuentas digno de una democracia madura.

Se aprobaron ya las leyes y reformas que la Constitución exigía para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Existe un dejo de desencanto porque no quedó establecido en ley la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales en formatos completos. Esta limitación acota la posibilidad de que pueda existir un monitoreo público sobre el patrimonio de los servidores públicos, un ingrediente importante en los ejercicios de rendición de cuentas. Pero no cancela lo logrado en otros aspectos. Para mitigar el desánimo planteo aquello que considero avances sustantivos.

1) El paquete legislativo aprobado por el Congreso establece, en el plano normativo, un sistema sólido para combatir el abuso del poder y de los recursos públicos. Se trata de un nuevo modelo que busca subsanar muchas de las deficiencias que impedían investigar y castigar la corrupción bajo el esquema vigente.

2) Las autoridades se coordinarán mejor. La debilidad del esquema vigente residía justamente en la fragmentación funcional, en la falta de un ensamblaje correcto que permitiera procesos de vigilancia y fiscalización más completos que derivaran en la detección de irregularidades para su posterior investigación y sanción. La coordinación y colaboración representa un avance importantísimo, tanto que el corazón del sistema recae, precisamente, en una instancia de coordinación de autoridades, presidida por ciudadanos.

3) Las instancias sancionatorias y de investigación se van a especializar y tendrán independencia, pues hoy son subordinadas del ejecutivo. Las conductas irregulares graves y actos de corrupción se podrán investigar y castigar en todo el país con normas más claras y por un Tribunal y una Fiscalía especializados en esta materia. Se sancionará también a los particulares que incurran en conductas ilegales.

La promulgación de estas leyes implicará un avance sin precedente en el país, por su contenido, pero también por la forma en que se elaboraron. La voz de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos  fue escuchada de manera permanente en el proceso de construcción del nuevo andamiaje legal. Expedir ese universo de normas requirió de acuerdos, consensos, documentos y sesiones extenuantes de trabajo. Nada de esto puede ser minimizado.

Por lo expuesto, considero que el balance es positivo. Pero ajustemos expectativas. Tenemos el marco normativo, pero el salto a una implementación exitosa no será sencillo. Se trata de generar capacidades técnicas y de investigación sofisticadas y esto requiere de tiempo y liderazgo, además de disposición política. Una vez promulgadas las siete leyes, qué sigue. Tendremos el mapa, pero ¿quién se hará cargo de la edificación posterior? Toca definir la ruta crítica, a los actores clave y el director de esta obra compartida que puede cambiar a México o dejarlo igual a pesar de los esfuerzos invertidos.

El Presidente hizo lo correcto al vetar un artículo aberrante en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, una de las siete leyes, que, a modo de revancha, pretendía obligar a presentar y hacer públicas las tres declaraciones a cualquiera que tuviera contacto con dinero público. El papel del Presidente en esta trama no puede limitarse al veto o a reaccionar ante lo inevitable. Se espera más de quien prometió transformar al país. Resulta difícil imaginar una mejor oportunidad para animar ese impulso transformador que se ha aletargado.

Las siete leyes aprobadas por el Congreso establecen mecanismos más eficaces contra la corrupción. Pero más importante que haber logrado llevarlas a buen puerto es haber colocado a la corrupción en el centro de la agenda pública. En esto no hay punto de retorno.

***

Hoy, después de cinco años, termina mi ciclo como articulista de Excélsior y lo único que puedo decir es “gracias”. Agradezco la confianza, el apoyo y la libertad que recibí por parte de todo el equipo de El Periódico de la Vida Nacional. Gracias, Pascal Beltrán del Río, director editorial, porque desde el primer día, hasta el último, me hiciste sentir en casa. Gracias también a Gerardo Galarza y a Lorena Rivera por su profesionalismo, pero, sobre todo, por el cariño y la paciencia. Hoy se abre un nuevo camino para mí, pero siempre atesoraré la gran fortuna de haber pertenecido a este espléndido equipo de trabajo. ¡Hasta siempre!