El combate al robo de combustible y la (incompleta) rendición de cuentas
Ana Lilia Moreno @analiliamoreno | Animal Político
La decisión del presidente López Obrador, anunciada el 27 de diciembre de 2018, de combatir al robo de combustible, o mal llamado “huachicol”, como uno de sus primeros pasos para demostrar firmeza en el combate a la corrupción fue ampliamente aceptada. Esta demostración de voluntad posiblemente fue un factor que abonó al aumento de su popularidad, que alcanzó el 80% en febrero de 2019.
Aquel día de inicios de sexenio, el presidente cuantificó el daño causado por este delito en 60 mil millones de pesos –el equivalente al presupuesto anual de la UNAM–, y detalló en su diagnóstico que el 20 % de los delitos relacionados con hidrocarburos correspondía a la ordeña de ductos. Por ello, convocó a un esfuerzo colectivo para combatirlo.
Siete meses después de aquella suerte de arranque de campaña, el presidente comunicó que dicho delito se había abatido en un 94 %. Sin embargo, Sin embargo, existen dudas pues no es posible confirmar el dicho con la información pública y disponible.
Oficialmente, la estrategia se llamó Plan Conjunto de Combate al Robo de Combustible (PCCRC), y convocó a ciudadanos, industria y a 15 dependencias federales a sumarse para alcanzar los objetivos. La idea pintaba como un esfuerzo gigante que derivaría en el saneamiento tan esperado. La sociedad llevaba años expuesta a historias de violencia, impunidad y enriquecimiento ilícito a causa de este delito, que contradictoriamente pasaba inadvertido o se reportaba como un riesgo mínimo en reportes financieros del gobierno y de la petrolera.
La transparencia en ‘tiempo real’
En su muy particular ejercicio de rendición de cuentas, el Ejecutivo informó sobre el éxito del plan difundiendo un solo indicador: el reporte diario del desvío de hidrocarburos reportados por Petróleos Mexicanos (Pemex) al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
¿Es suficiente? Veamos: si bien la métrica proporciona información sobre el cálculo diario del empaque del Sistema Nacional de Gasoductos –la medición sistematizada de condiciones operativas que activa alarmas ante cambios en las variables–, es necesario recordar que el presidente en su anuncio de arranque del plan señaló que la ordeña de ductos representa solo el 20 % del problema. Por ello, decidimos explorar si existe más información pública disponible que nos pueda dar cuenta de la eficacia del PCCRC. En México Evalúa intuíamos que el caso nos permitiría detallar algunas hipótesis o confirmar conclusiones en torno a la transparencia corporativa, uno de los mayores desafíos –y factor de mejora para su quehacer– en las Empresas Productivas del Estado, como lo hemos descrito en el Índice (IT-EPE) recientemente publicado. Pero, más allá de los fines de la investigación, ¿qué relación tiene el combate al robo de combustible con los términos estrictos de la transparencia corporativa? Véamoslo de esta manera: los actores interesados más importantes para Pemex somos todos los mexicanos, y como tales, la empresa debe informarnos proactivamente sobre una actividad estratégica en la cual la empresa juega un papel central –y debe transparentarla no sólo de cara a la ciudadanía en general, sino también a los stakeholders y las demás entidades del Estado involucradas en el Plan Conjunto–.
Dentro de nuestros hallazgos, descubrimos que no fue posible encontrar un documento o reporte de seguimiento a los avances del PCCRC. Asimismo, hallamos que la Estrategia Nacional de Combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos, publicada el pasado 16 de mayo de 2019, planteó un enfoque distinto al del Plan Conjunto, pues involucró solamente a Pemex, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Además, descubrimos que en el portal de Pemex se dejó de reportar el número de tomas clandestinas en noviembre de 2018. No obstante, pudimos confirmar, gracias a solicitudes de información, que los ataques a la red de hidrocarburos tuvieron un aumento de 18.50 % en el primer trimestre de 2019, comparado con 2018. De aquí surge una duda lícita: ¿de verdad este delito está disminuyendo?
El seguimiento de algunas pistas más nos permitió explorar el comportamiento de la venta de gasolinas, bajo el entendido de que toda hipotética disminución en el robo de combustible debería reflejarse en aumentos en ventas, ya que Pemex abastece al 94% del mercado de combustibles en el territorio nacional. Al respecto, confirmamos que, contrario a lo supuesto, Pemex ha reportado una disminución nacional en ventas de gasolinas –con cifras de enero a mayo de 2019–, equivalentes a -6.6 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por añadidura, en materia de combate a través de verificaciones del SAT, rastreamos si dicha institución había reportado un seguimiento a las 232 cuentas identificadas en febrero de 2019 como presuntamente vinculadas al robo de combustible, pero no encontramos información actualizada. También dimos seguimiento a la labor de Profeco, organismo que empezó a reportar en mayo de 2019 datos quincenales sobre sus labores de verificación a gasolineras. De esta información pudimos confirmar que ha identificado 18 % de irregularidades en sus inspecciones. Sin embargo, también comprobamos que dicha Procuraduría enfrenta una seria limitante, pues está impedida para verificar el software de las bombas surtidoras –por medio del cual presuntamente los gasolineros realizan fraudes–, ya que la NOM185, norma que le permitirá hacer esa labor, está en un proceso de actualización que finalizará hasta el segundo semestre de 2020. En suma, los datos que aporta Profeco, si bien reflejan sus esfuerzos, deben mirarse con cierta reserva si de medir la eficacia del combate al delito se trata.
También exploramos si la Comisión Reguladora de Energía había difundido algún reporte de seguimiento a permisos para la construcción de gasolineras, y en torno a la identidad de solicitantes que tenían averiguaciones previas por robo de combustible a principios de 2019. Desgraciadamente, no hay información pública actualizada y disponible. De igual manera, confirmamos que Pemex Logística no reporta proactivamente el avance en decomisos de autos-tanque clandestinos, una práctica que aparece frecuentemente en notas de prensa.
Al fin, y desde el ángulo de la justicia, pudimos conocer que la Fiscalía General de la República, entre febrero del 2018 y el 2019, abrió 9,894 carpetas de investigación, de las que se han derivado 1,399 personas detenidas. Sin embargo, no fue posible saber cuántos de esos casos han terminado en sanciones.
Rendición de cuentas y credibilidad
La falta de rendición de cuentas sobre los resultados del PCCRC demuestra que existen vacíos de información que lamentablemente minan la intención y quizá el esfuerzo que el Gobierno federal esté realizando para controlar este delito. The Atlantic Council (organismo internacional dedicado a estudiar temas de seguridad) ha señalado al robo de combustibles como un mercado negro que tiene un valor mundial de aproximadamente $133 billones de dólares. México figura como uno de los seis principales países de alto riesgo en el planeta, seguido de Iraq, Nigeria, Rusia, Indonesia y Turquía.
Este combate podría pasar a la historia como una decisión atinada por parte del Gobierno federal y de Pemex. Empero, a siete meses del arranque del Plan Conjunto, y ante las dificultades para verificar las cifras desde la sociedad civil, la oportunidad del gobierno para demostrar la fuerza del cumplimiento de los compromisos se está esfumando y, peor, se abre la puerta a una pérdida de credibilidad. Se requiere de un ejercicio completo de transparencia y de rendición de cuentas alineado a las expectativas planteadas en el PCCRC.
Específicamente, creemos que Pemex podría publicar oportunamente las estadísticas, elaborar un reporte de avances del Plan, dimensionar y cuantificar los riesgos, participar en foros mundiales sobre este delito, informar sobre sanciones y procesos de responsabilidades, indicar qué está haciendo con los ahorros resultantes e informar sobre avances en la colaboración con otras instituciones. Una efectiva rendición de cuentas sería un insumo esencial para construir diálogo e involucramiento de la sociedad con semejante desafío. Aún están a tiempo de cerrar la pinza.
