19 de abril de 2018

En materia de procuración de justicia, prevención y reducción de la criminalidad, la participación de los ciudadanos, por medio de organizaciones de la sociedad civil, a través de la elaboración de diagnósticos y propuestas de política pública, ha sido invaluable.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos concretados en los últimos años, en la práctica gubernamental aun no se ha logrado una visión con objetivos comunes, información clara y estrategias institucionales que dé lugar a una solución sostenible a la inseguridad.

De cara al primer debate de candidatos presidenciales, consideramos que el trabajo de la sociedad civil debe ser considerado por los candidatos como insumo fundamental para diseñar la estrategia que ayude a consolidar el Estado de derecho en México.

Por ello, creemos importante reconocer con claridad tanto los avances como los pendientes en esta materia:

Avances en materia de procuración de justicia, prevención y reducción de la criminalidad:

1. Reforma al Sistema de Justicia Penal para elevar la calidad de la justicia, la protección de derechos y el abatimiento de la impunidad.
2. Reforma en materia de Derechos Humanos e impulso a mecanismos para combate a la desaparición forzada, la tortura y otras violaciones graves de derechos humanos, así como la creación de un marco institucional para la atención a las víctimas de la violencia.
3. Visibilización de los feminicidios y promoción de mecanismos para su reducción.
4. Diagnósticos, evaluaciones y propuestas de modelos para el fortalecimiento policial.
5. La promulgación de las leyes nacionales en Ejecución Penal, Justicia para Adolescentes y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos en materia Penal.

Pendientes en materia de procuración de justicia, prevención y reducción de la criminalidad:

1. Definir una política criminal integral con visión sistémica de seguridad y justicia.
2. Optimizar los procesos de generación, sistematización, análisis e interconexión de la información para formular políticas públicas.
3. Privilegiar el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y el mejoramiento de las condiciones laborales de las policías locales y de funcionarios de las instituciones de procuración de justicia (locales y federal). Eventualmente, retirar de manera planificada, estratégica y gradual, a las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública que desempeñan actualmente.
4. Establecer un modelo de procuración de justicia que priorice la persecución penal con el fin de incrementar la efectividad del aparato estatal en el esclarecimiento de hechos delictivos de alto impacto y garantizar los derechos de las víctimas, en especial las más vulnerables.
5. Promover programas de prevención basados en la detección de factores de riesgo a partir de diagnósticos locales e híper locales, políticas basadas en evidencia y diseños que incorporen la evaluación.
6. Fortalecer el gobierno judicial para mejorar la calidad de la impartición de justicia. Plantear los mecanismos legales y operativos para promover en los estados instancias del gobierno judicial realmente efectivas en la implementación de una carrera judicial, la elaboración y administración del presupuesto y la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
7. Generar cambios estructurales del sistema penitenciario basados en principios de reinserción social.
8. Fortalecer las capacidades de investigación criminal en el marco de un modelo de procuración de justicia nacional.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes queremos contribuir a un debate público mejor informado, de manera que este periodo electoral sea una oportunidad para reflexionar con seriedad sobre nuestro presente y futuro.

Invitamos a los candidatos presidenciales a que dialoguemos para construir una estrategia robusta en beneficio de nuestro país.