Buenas noticias para las policías: ¿a qué costo?

Por Elsy Alcalá, Alberto Pérez (@albertoppach) y Marey Silva (@maareysilva)  | Animal Político

Amanece en México. Miles de policías municipales se preparan para hacer frente a su jornada. Alistan sus uniformes desgastados por el uso, recuerdo de las batallas que enfrentan día a día. Más de uno se ha preguntado si la falta de equipo podría ser la diferencia entre la vida o la muerte. Un riesgo continuo. ¿A cambio de qué? Es frecuente la percepción de incertidumbre ante los bajos sueldos y nulas prestaciones laborales.

Va creciendo el peso de las horas extras (no remuneradas), que les recuerda que su jornada laboral tiene hora de inicio, pero no de salida. Ésta es la realidad de quienes velan por nuestra seguridad, en la primera trinchera, el municipio. No debería ser ajena para nadie la urgencia de una reforma que reconozca y dignifique el trabajo de los policías.

De hecho, se ha lanzado una medida para cambiar el orden de las cosas en torno a estos servidores públicos. La última ronda de cambios constitucionales del presente Gobierno incluye una reforma que busca mejorar las condiciones salariales del personal de salud, docentes, elementos de la guardia nacional y policías, mediante el estableciendo de un piso salarial que toma como referencia el promedio de las percepciones de los trabajadores afiliados al IMSS: 16,778 pesos brutos al mes (201,336 pesos al año).


    


Esta iniciativa, aunque es un primer paso necesario, deja la interrogante de la viabilidad financiera y, por lo demás, no atiende de fondo las causas del problema de las condiciones laborales de los policías municipales. Primero, no es claro cómo se financiará el aumento salarial propuesto para los policías en los municipios caracterizados por una baja recaudación local, especialmente cuando, en promedio, la mitad del presupuesto de las instituciones de seguridad pública municipal ya se destina para el pago de sueldos y otras remuneraciones.

Segundo, el salario es sólo uno de los componentes de las condiciones laborales mínimas que se les deben reconocer a los policías municipales, y que desde México Evalúa hemos estudiado e impulsado. Nuestra iniciativa, de la que muy pronto conocerán los detalles, subraya la importancia de que los policías cuenten con dos conjuntos de prestaciones: los beneficios básicos, que incluyen aspectos como un salario digno, seguridad social o aguinaldo y, los beneficios complementarios, que reflejan las necesidades y riesgos específicos del servicio policial, como atención legal o seguros de vida.

Desde esta perspectiva, la presión financiera del incremento salarial propuesto es mayor en tanto que tiene un impacto directo en los costos de las prestaciones laborales mínimas asociadas al salario del policía, además de los costos relacionados con las prestaciones recomendadas. Por ejemplo, un policía con salario bruto de 16,800 pesos mensuales, en realidad representa un costo anual de 294 mil pesos para el municipio, al considerar el aguinaldo, vacaciones, IMSS e Infonavit. Al agregar dos uniformes y equipo, el costo subiría a cerca de 340 mil pesos anuales, y si se consideran los beneficios complementarios que proponemos, como fondo de ahorro, vales de despensa, apoyo psicológico, entre otros, los costos mínimos por policía municipal podrían rondar entre 390 mil y 400 mil pesos anuales. (Ver metodología del cálculo.)

La reforma para mejorar las condiciones laborales de policías debe ser integral. Tal es nuestra visión. Se necesita una política pública que, además de establecer un piso salarial, incluya los beneficios básicos y complementarios con los que deben contar todos los policías municipales del país. Es clave que la reforma defina con claridad el impacto presupuestal de esta medida y las fuentes de financiamiento para cubrirla, ya que la implementación efectiva de estas mejoras depende de una planificación financiera cuidadosa y la participación activa de todos los sectores involucrados para garantizar un modelo de seguridad pública sostenible.

Para el financiamiento de la reforma es crucial la participación de la Federación y de los gobiernos estatales. La asignación de los fondos federales de seguridad (y recursos estatales) debe ser estratégica, asegurando que todos los municipios, especialmente aquéllos con compromisos claros hacia la mejora de las condiciones laborales de sus fuerzas de seguridad, pueda acceder a estos recursos, privilegiando a los que menos recaudan.

Es fundamental reconocer que sin una planificación y ejecución cuidadosa, incluso las reformas legales más prometedoras en materia laboral pueden no dar pie a cambios tangibles. La historia nos ha mostrado cómo, sin una asignación de recursos consistente y dirigida, las disposiciones legales resultan inviables. Esto subraya la necesidad de asegurar no sólo la disponibilidad de fondos, sino también la implementación efectiva y la voluntad política, para evitar que las reformas se queden en papel.