Las cámaras corporales se han implementado con éxito en Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, entre otros países, como una respuesta a problemas de confianza y proliferación de corrupción y abuso de autoridad entre las fuerzas policiales. En los Estados Unidos, por ejemplo, un estudio realizado por el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía (una rama de investigación del Departamento de Justicia) demuestra que el uso de cámaras corporales mejoró la transparencia y rendición de cuentas en casos de quejas ciudadanas y la identificación y corrección de asuntos internos[1]. Asimismo, dos evaluaciones de impacto, en Mesa, Arizona[2], y otra en Rialto, California[3], concluyen que la implementación de videograbaciones, a través de cámaras corporales, redujeron en 75 y 60 por ciento, respectivamente, la cantidad de denuncias ciudadanas contra el uso excesivo de fuerza de los policías locales.En general, la evidencia científica sobre estas tecnologías conlleva al mismo resultado: hay un efecto positivo en el comportamiento social de un individuo cuando se siente observado[4]. En este sentido, los ciudadanos no sólo califican mejor las actividades de las fuerzas policiales, sino que la policía reporta una interacción más positiva con ciudadanos después de la implementación de cámaras corporales.

Esta solución está apegada las necesidades del contexto mexicano, donde la carencia de confianza es un problema de gran escala. Sin embargo, sería un grave y costoso error importar tecnologías de seguridad exitosas sin establecer un marco institucional adecuado, ni desarrollar la infraestructura idónea para su implementación.

Con la finalidad de que las cámaras corporales puedan producir resultados medibles y positivos, es fundamental que legisladores, jefes de policía y ciudadanos consideren las recomendaciones y lecciones aprendidas de otros países que han implementado este tipo de programas.

La experiencia norteamericana^1,2,3 y brasileña nos muestran que antes de articular el debate, debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

• Promover que las autoridades que más interactúan con la ciudadanía sea quienes porten las videocámaras, debido a que éstas pueden sacarle mayor provecho.
• Capacitar a los agentes policiales sobre el manejo de videocámaras, con base en el marco legal y los manuales de actuación policial.
• Definir la reglas de activación de las cámaras; por ejemplo, al responder a llamadas de emergencia, cuando ocurran infracciones de tráfico, detenciones, inspecciones, interrogaciones y persecuciones. El ciudadano tiene el derecho a saber cuándo será grabado y exigir su derecho de privacidad en casos delicados.
• Comunicar claramente, a los agentes policiales, los criterios y protocolos de cómo y cuándo se auditarán las grabaciones, para evitar efectos negativos en las interacciones laborales.
• Crear un equipo técnico que cuente con criterios claros al momento de divulgar información, no sólo para evitar comprometer estrategias de seguridad, sino también para garantizar el acceso a la información y la transparencia.
• Expandir las capacidades de almacenamiento locales, ya sea subcontratando en servidores de terceros o invirtiendo en infraestructura de almacenamiento digital en casa.
• Establecer política nacional para determinar la caducidad del almacenamiento de las videograbaciones, con base en la sensibilidad de los incidentes registrados.
• Tomar medidas de ciberseguridad y emplear métodos forenses que permitan identificar la veracidad y ausencia de manipulación en las videograbaciones.
• Garantizar que la información recolectada a través de las cámaras corporales se utilice como insumo clave tanto para la evaluación de las estrategias de seguridad como para la identificación de áreas de oportunidad.
• Establecer criterios de cofinanciamiento y de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa de las videograbaciones.

El uso de cámaras corporales ha funcionado en otros países y puede funcionar en el nuestro. La evidencia muestra que el uso de videograbaciones no sólo obliga a los agentes policiales a rendir cuentas, sino también les proporciona una herramienta útil para identificar sus fortalezas y debilidades individuales. Además, podría ayudar a reparar tanto la confianza ciudadana, como los vínculos comunitarios con las autoridades locales.

Lo anterior es posible siempre y cuando su implementación parta de evidencia robusta y un marco institucional sólido. Las cámaras corporales son una alternativa viable que debe ser considerada dentro del debate de la actual reforma policial. De esta manera, podremos dar un paso importante para evitar, no sólo abusos de autoridad y usos excesivos de fuerza, sino también sucesos tan lamentables como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

*Mónica Ayala es investigadora del área de Seguridad y Jonathan Furszyfer es coordinador del área de seguridad de @mexevalua. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de Jimena de Haro.

[1] Miller, Lindsay; Jessica, Toliver, and Police Executive Research Forum. 2014.Implementing a Body-Worn Camera Program: Recommendations and Lessons Learned. Washington, D.C.: Office of Community Oriented Policing Services of the United States Department of Justice.

[2] Katz, Charles M., David E. Choate, Justin R. Ready, & Lidia Nuňo. (2014).Evaluating the Impact of Officer Worn Body Cameras in the Phoenix Police Department. Phoenix, AZ: Center for Violence Prevention & Community Safety, Arizona State University.

[3] Barak, Ariel, William A. Farrar, and Alex Sutherland. 2014. “The Effect of Police Body-Worn Cameras on Use of Force and Citizens’ Complaints Against the Police: A Randomized Controlled Trial”. The Journal of Quantitative Criminology.

[4] Wicklund, R.A. 1975. “Objective self-awareness.” Advances in Experimental Social Psychology; Paulhus, D.L. 1988. Assessing self deception and impression management in self-reports: the balanced inventory of desirable responding; Munger, K. and J.H. Shelby. 1989. “Effects of an Observer on Handwashing in a Public Restroom.” Journal of Perceptual and Motor Skills.