La justicia digital en México: el saldo a un año del inicio de la pandemia

Por Laurence Pantin (@lpantin) y Sandra Escamilla (@sandritaeceron) | Animal Político

A un año del inicio de la pandemia de covid-19, seguimos sin poder hacer las cosas como las solíamos hacer. No es sorpresa, entonces, que también en la impartición de justicia esta pandemia haya provocado un cambio de paradigma.

En México, la mayoría de los poderes judiciales ha tenido que cerrar o restringir al mínimo su atención al público de manera presencial durante varios meses, lo cual les ha obligado a buscar alternativas para seguir ofreciendo sus servicios, entre las que se cuenta la digitalización de parte de ellos. Este proceso de transformación ha sido muy dispar, pues mientras que unos comenzaron a desarrollar soluciones y herramientas tecnológicas desde hace tiempo, otros se tuvieron que apresurar para implementarlas.

En este contexto, la falta de normativa, en particular en materia civil y familiar, es una de las principales limitaciones que han tenido que enfrentar los poderes judiciales. El retraso por parte del Congreso de la Unión en emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha causado un cuello de botella, pues si éste no se aprueba, las entidades no tienen autorización para reformar sus códigos locales. En consecuencia, cualquier herramienta digital implementada en asuntos relacionados con estas materias podría ser impugnada.

Otro de los obstáculos ha sido el inevitable tema del presupuesto, que muchos poderes judiciales han sorteado con ayuda de la creatividad y la innovación. Han ido imaginando diversas soluciones de bajo costo que, si bien no implican la utilización de tecnología de punta, sí les han ayudado a reactivar sus servicios. Por ejemplo, algunos de ellos han implementado sistemas de citas por correo o teléfono para que las personas puedan entregar físicamente sus demandas o promociones.

Una ola que no se detiene

Estos avances, aunque graduales, han ido transformando la forma en la que funcionan los poderes judiciales. Por ejemplo, en abril de 2020 identificamos a 13 poderes judiciales que contaban con un expediente electrónico; hoy son 23 y uno que está desarrollándolo. Por otro lado, a inicios de 2020 sólo encontramos cinco poderes judiciales que contaban con una plataforma que ofrecía la posibilidad de presentar demandas o promociones de manera remota y uno que estaba desarrollando una. Al día de hoy 14 poderes judiciales cuentan con esta herramienta, dos la están desarrollando y otros dos habilitaron correos para recibir demandas y promociones, como mostramos en el siguiente gráfico.

Respecto a la posibilidad de ofrecer el trámite de firma electrónica en línea —una herramienta fundamental para comprobar la identidad de las personas que inician procesos judiciales en línea—, en octubre de 2020 sólo siete poderes judiciales la ofrecían, y hoy son 10.

Estos avances evidencian que los poderes judiciales son capaces de adaptarse y cambiar, pero ¿se puede decir lo mismo de las y los usuarios? ¿Cómo y en qué medida se han utilizado estas herramientas y qué tan útiles son en la práctica? Aunque estas preguntas deben estar en el centro de la discusión en el tema de justicia digital, aún no hay mucha información al respecto.

Las estadísticas de los propios poderes judiciales nos pueden dar un indicio. Por ejemplo, el Poder Judicial de Nuevo León, uno de los poderes judiciales pioneros en la implementación de este tipo de herramientas, recibió en 2019 un total de 12,936 demandas por medio de alguna herramienta digital (lo que representó un 7.7% del total de demandas recibidas). Para 2020, éstas sumaron 33,660, un incremento del 160% respecto de 2019 y un 10.8% respecto del total de las demandas recibidas ese año. Por otro lado, en 2019 el 24% del total de promociones presentadas fueron en línea, proporción que se incrementó a 57% en 2020. Finalmente, en 2020 se llevaron a cabo 17,903 juicios totalmente en línea, mientras que en 2019 no se llevó a cabo ninguno. Esta cifra también va en aumento, ya que solamente en lo que va del 2021 ya se han realizado 7,281 juicios en línea.

Este panorama es similar en otros poderes judiciales. Por ejemplo, en Querétaro no se presentó ninguna promoción por medios digitales en 2019, pero el año pasado 23,870 promociones se presentaron mediante el expediente electrónico o por correo electrónico. Por su parte, en el Estado de México el año pasado se presentaron 33,981 demandas y 124,621 promociones por medio de alguna herramienta digital, y se celebraron 28,085 audiencias a distancia.

Estos datos muestran que, por lo menos en algunos poderes judiciales, los procedimientos en línea cada día son más comunes y han logrado poco a poco instalarse como una opción factible para la resolución de conflictos. Al respecto llama la atención el caso de Chile, donde, como respuesta a la contingencia y al creciente número de audiencias que se realizaban por videoconferencia, se creó la Audiencia de Factibilidad. Su objetivo consistió en ofrecer un espacio donde los usuarios implicados en un juicio —funcionarios judiciales, partes abogados, etcétera— pudieran exponer las razones por las cuales un juicio podía o no realizarse en línea. Sin embargo, esta audiencia ha ido cayendo en desuso, porque ya la mayoría de los procesos se realizan en línea sin objeción de las partes[1]. Otro indicio nos llega desde el Poder Judicial de Querétaro. Allí, a decir del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, tanto abogados como funcionarios han ido acostumbrándose al uso de estas herramientas, lo que ha permitido superar las resistencias internas y externas.[2]

Aunque en México los poderes judiciales aún tienen un largo camino por recorrer en términos de justicia digital, existen ejemplos en América Latina de poderes judiciales que hoy son un referente y nos pueden dar una idea sobre qué esperar en un futuro no tan lejano. Llama la atención el trabajo de Juan Gustavo Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, quien ha ayudado a diversos gobiernos a eficientar y transformar la manera en la que imparten justicia por medio de sistemas que emplean inteligencia artificial.

Una de estas herramientas es Pretoria, un sistema inteligente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que, mediante la técnica de machine learning, permite detectar patrones en miles de sentencias y realizar un informe de cada una de ellas en cuestión de segundos, con la finalidad de detectar casos en donde la persona tiene alguna situación de vulnerabilidad —como alguna afectación de salud, por ejemplo—. Esto permite priorizarlos y mejorar así la toma de decisiones por parte de los funcionarios. Este sistema también permite automatizar las respuestas a las demandas presentadas ante el Poder Judicial, reduciendo de horas o incluso días el tiempo necesario para darles trámite.

De acuerdo con Corvalán, estas herramientas tienen grandes ventajas. Al identificar las oportunidades de sistematización y predicción, permiten desburocratizar los procesos judiciales, optimizan los procesos y maximizan la base de conocimiento sobre la cual se deciden los casos. Es decir, estas tecnologías no están pensadas para desplazar o reemplazar a los funcionarios judiciales, como comúnmente se piensa, sino para complementar y maximizar su capacidad de respuesta. Las tareas burocráticas son realizadas por estos sistemas inteligentes, dejando  más tiempo a las y los funcionarios para atender aspectos más importantes, lo que aumenta la calidad de la respuesta judicial.

Todas éstas y otras buenas ideas y tendencias se pueden encontrar en nuestro micrositio de justicia digital y en la Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia que publicamos el año pasado. Se trata de entrever el potencial que tienen estas herramientas para transformar la impartición de justicia y ampliar el acceso a ésta. Es hora de verlas con distintos ojos, es decir, dejar de considerarlas como una amenaza.

En efecto, esta visión invita a replantearnos la manera en la que imaginamos el futuro de la justicia digital: tal vez no tendremos un juez robot en el sentido literal de la palabra, pero sí sistemas inteligentes que ayuden a las y los juzgadores a liberarse de la pesada carga administrativa y burocrática y a focalizar su tiempo en aspectos que pueden hacer la diferencia en la ruta hacian una justicia más humana.

[1] Comunicación personal con Mauricio Olave, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile.

[2] Comunicación personal con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, José Antonio Ortega Cerbón.