Por Mariana Campos (@mariana_c_v)

La gran mayoría de los delitos que agreden a la sociedad mexicana no son denunciados, porque la ciudadanía lo considera una pérdida de tiempo y no tiene confianza en las autoridades. La cifra negra o el porcentaje de no denuncia a nivel nacional es de 93.2%, y no se redujo ni en un punto porcentual en la última década. Esto es consistente con un sistema de justicia que resuelve una muy baja proporción de casos penales al año: el 3.7% en 2022.

En efecto, con algunas excepciones en ciertos delitos y estados, la impunidad a nivel nacional se mantiene en niveles abrumadoramente altos. ¿Qué deberíamos hacer? He aquí un punto de partida: desenraizar la perspectiva punitivista para que la justicia sea entendida a partir de bienes como la verdad y la reparación del daño. La justicia no puede comprenderse como “castigo”. Si corregimos la visión, las fiscalías pueden diseñar estrategias de atención diferenciadas según las características de los casos, para identificar cuáles requieren mayor investigación y dedicación y cuáles pueden resolverse con mecanismos alternos o procedimientos abreviados, de manera satisfactoria para todas las partes.

Al analizar los datos de Hallazgos 2022, elaborado por el programa de Justicia de México Evalúa, notamos que todavía se usan poco ciertos mecanismos que podrían desahogar el sistema. Sólo el 6.9% de los casos se canalizaron al área especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) en la sede ministerial. Identificamos que una gran proporción de casos (43%) no se esclarecieron los hechos; la mayoría simplemente se archivaron y otra proporción significativa se resolvió con el no ejercicio de la acción penal. Estas determinaciones tempranas exigen revisión para cerciorarnos de que no son vías de impunidad directa ya que son tomadas de manera discrecional por el Ministerio Público. Finalmente, sólo 4.3% de los casos fueron vinculados a proceso. El resto permaneció bajo investigación.

Una respuesta efectiva del sistema de justicia penal, con una capacidad robusta de investigación criminal, puede favorecer políticas para contener la violencia. Sin embargo, esa respuesta de qué tan bien puede identificar qué casos ameritan ser priorizados, dado su nivel de gravedad y complejidad, mientras, por ejemplo, se usan los mecanismos alternativos de solución de controversias –mediación, conciliación y junta restaurativa– para casos menos graves. Esto no puede ser exitoso sin un plan de persecución penal efectivo (que no se quede en papel, sino que se instale en guías y prácticas operativas para mejorar la respuesta y superar el atasco), lo que requiere estructuras profesionales, capacitadas, con presupuesto y herramientas tecnológicas suficientes.

El aumento en la violencia, la falta de justicia y el clamor social que exige paz son una tentación para que autoridades y políticos pongan en la mesa falsas soluciones, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa (que es, no lo olvidemos, un mecanismo a través del cual es posible privar de la libertad a una persona imputada sin haber demostrado la necesidad de esa medida ni su responsabilidad penal). En su iniciativa de reforma constitucional a la justicia penal, AMLO propone sumar nuevos delitos para utilizarla, a pesar de que a nivel nacional prácticamente la totalidad de las personas imputadas en libertad concluye su proceso de manera satisfactoria. Es decir, durante 2022, únicamente el 0.5% de las causas penales –que involucran a personas en libertad– fueron suspendidas debido a que se declaró la sustracción de la justicia de la persona imputada.

El sexenio está por cerrar y el contexto presenta múltiples desafíos que amenazan la construcción de un sistema de justicia moderno. No debemos conceder un poderoso instrumento de control político al gobernante en turno, en detrimento de los derechos humanos.