Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Hace apenas algunas semanas tuve la oportunidad de escuchar a quien encabezó o fue parte de una Comisión de la Verdad para años de violencia extrema, en el país querido y cercano que es Colombia. Lo escuche el W Radio, en el programa de Gabriela Warketin y Javier Risco, con el interés de quien se sorprende al ver que en otros países las cosas sí son posibles. En algún fragmento de aquella entrevista se mencionó el temor que teníamos los mexicanos de que México se colombianizara, término que contenía una profunda connotación negativa. Uff, pensé yo, sería bueno colombianizarnos hoy, cuando allá una Comisión de la Verdad presenta sus resultados como un vehículo de verdad y reconciliación.

No quiero entrar a la profundidad de lo que implica una comisión de este tipo, porque no soy una especialista en ello. Como una ciudadana, lo veo como un vehículo para cerrar un pasado marcado por violencia y violación de derechos humanos perpetrados por el Estado y otros actores, y para abrir avenidas más luminosas para el futuro. Un mecanismo transicional que permite cerrar algo (un régimen autoritario militar), para inaugurar algo mejor (una democracia). Debo confesar que me perturba un poco hablar de un mecanismo de esta naturaleza para México, cuando no estamos en un tránsito de regímenes, y cuando no hay blancos y negros, sino grises continuos.

En México ya tuvimos una comisión para estudiar la Guerra Sucia. No tengo elementos para aquilatar su repercusión en la vida pública, salvo el hecho de que Luis Echeverría purgó una pena domiciliaria que debió haber reconfortado a quienes lo señalaban como el perpetrador de muchas violencias, mientras tuvo cargos públicos del alto perfil. Sin embargo, de ello no derivó un cambio sustantivo en nuestra justicia. Ni siquiera una agenda de transformaciones sustantivas. Porque en estos procesos de revisión de pasados violentos, la verdad es un componente esencial, que se debe acompañar de justicia y mecanismos para la no repetición. Si no están estos elementos presentes, los esfuerzos se convierten en demagogia o puro simbolismo.

Cuando las aportaciones que hace una comisión de la verdad, que es la que tratar de contar la historia de lo que sucedió, encuentra en su contraparte, la Fiscalía, pruebas y evidencias, se empatan las dos verdades..

Era obvio que el presidente López Obrador querría su propia comisión de la verdad. Porque su proyecto, dice, significa un rompimiento radical con el pasado. Por eso convocó a personas serias a conformar una nueva comisión para el caso Ayotzinapa. De manera paralela, en la Fiscalía se estableció la unidad especial de investigación y litigación para el caso. Esta figura está considerada en la Ley Orgánica de la Fiscalía y representa el nuevo modelo para hacer investigación en la institución. Unidades flexibles de investigación que recopilan pruebas de manera científica con apoyo de peritos y otros profesionales de la investigación, para apoyar una teoría del caso que el Ministerio Público o fiscal litiga frente a tribunales (confieso que en otra vida me gustaría ser parte de estos equipos). Un modelo precioso que prometía mucho para quienes hemos esperado por años acceso a una justicia de calidad. Una justicia justa.

En un artículo para El País, José Ramón Cossío sostiene (la interpretación y palabras son mías) que el mundo ideal es cuando la realidad (verdad histórica) y la jurídica coinciden. Cuando las aportaciones que hace una comisión de la verdad, que es la que tratar de contar la historia de lo que sucedió, encuentra en su contraparte, la Fiscalía, pruebas y evidencias, se empatan las dos verdades.

No tengo información para decir si las indagatorias de la unidad de investigación estaban encaminándose correctamente y de la mano de los indicios de la comisión. Lo que tenemos hoy es la renuncia de su titular, Omar Gómez Trejo, que parecía que podía conectar los eslabones. Él lleva años conociendo sobre el asunto, acompañó al GIEI como su secretario técnico y gozaba de la confianza de las partes. No conozco de su pericia como conductor de una investigación, si tenía los elementos para poder corroborar lo que el reporte de la comisión especial planteaba, pero hubiera sido clave que continuara en su función, como esa pieza complementaria tan necesaria para probar o refutar versiones y, en todo caso, avanzar.

El todopoderoso señor de la Fiscalía General le puso un hasta aquí al fiscal especial (¿será porque así lo quiso el todopoderoso señor del Ejecutivo?), y esta ronda parece que concluyó. No tendremos ese relato creíble para todos de lo que sucedió en la trágica noche de Iguala. Y es importante decirlo, ahí hubo 43 desapariciones, pero en este país hay miles más que esperan una respuesta por parte del Estado.

Quiero decirlo así: Ayotzinapa es el hilo conductor que teje entre los gobiernos anteriores y el de López Obrador. Es la impunidad la que los une. El gobierno de AMLO es tan sólo un trozo más de la misma cuerda.