Comunicado 2015/25

Segunda fuga de Guzmán Loera, muestra de nuestra debilidad institucional

México, D.F., a 13 de julio de 2015

• Este hecho afectará la ya debilitada confianza de la población en las autoridades, lo que refleja también un déficit de calidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.

• Las autoridades que investigan la fuga no pueden recurrir a métodos como la tortura para obtener declaraciones; de hacerlo, éstas carecerán de validez legal en el proceso.

La segunda fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera de un penal de máxima seguridad manda una señal contundente en torno a los problemas del Estado mexicano en su capacidad para sancionar a quienes cometen delitos de alto impacto social que, sin duda, afectará la mermada confianza de la población en las autoridades. Además, evidencia el déficit de calidad en las instituciones encargadas de la impartición de justicia en México.

Los problemas que padece nuestro sistema carcelario no eran desconocidos. Aunque en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) valoró con calificación de 10 (en escala de 0 al 10) la capacitación del personal del CEFERESO No.1 “ del Altiplano” donde se registró la fuga, también señaló debilidades que debieron resarcirse: el personal de seguridad y custodia era a todas luces insuficiente (calificación de 0) y los internos podían ejercer violencia o control sobre el resto de la población (calificación de 0).

Por su parte, la Secretaría de Gobernación ha indicado en sus estadísticas penitenciarias para los primeros meses de 2015 que la sobrepoblación en el CEFERESO 1 supera el 28 por ciento.

En cuanto a las investigaciones con las que se busca identificar a los cómplices de la evasión, será indispensable que las declaraciones de los implicados no se obtengan mediante prácticas violatorias de los derechos humanos como la tortura o amenazas, ni mediante la violación de sus derechos procesales. Nuestras autoridades deben tener presente en todo momento que ninguna declaración obtenida mediante estas prácticas es

legalmente válida en un proceso penal de acuerdo con convenciones internacionales firmadas por nuestro país o la misma legislación mexicana.

Por último, la compleja tarea de resarcir la afectación que la fuga de Guzmán Loera causa a la imagen del gobierno y su capacidad para impartir justicia no se logrará sometiendo a las 250 mil personas en situación de reclusión en México a abusos de autoridad como respuesta del Estado ante los hechos registrados el pasado sábado. Es necesario atender la corrupción presente en la operación del sistema de justicia y generar las capacidades que lleven a una mayor gobernabilidad de estos centros.

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