Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Si pienso en personajes siniestros de nuestro pasado autoritario me vienen a la mente los judiciales. Elementos adscritos a las procuradurías que actuaban con total arbitrariedad. Eran agentes que ejecutaban órdenes de sus superiores pero también actuaban por cuenta propia y para sus propios fines. No tenían límites. Su función esencial era amedrentar a los disidentes del régimen para que se mantuvieran a raya. Los judiciales fueron el símbolo del abuso de poder de toda una época. Personajes que parecen de ficción, pero que fueron muy reales.

Los traigo a colación porque veo a nuestro fiscal general con muchos ánimos de restauración. No de esos extremos, ciertamente, pero sí de la Procuraduría del pasado, la que todavía es, pero que quisimos transformar. Su propuesta de modificación de la Ley Orgánica de la Fiscalía nos pone de regreso en ese pasado que quisimos (queremos) superar.

El planteamiento de transformación de la Procuraduría fue parte de un ramillete de iniciativas que se plantearon en el marco del Pacto por México. Si no me equivoco, la propuesta salió del PAN. El objetivo era dotar a la instancia federal de persecución criminal con autonomía política, entre otros cambios sustantivos. Correctamente se identificó que si este aparato se somete al poder, se convierte en un arma poderosísima de intimidación y control. Como lo fue en nuestro país durante tanto tiempo. Un instrumento de persecución política cuyos extremos los personificaban estos judiciales, cuyo recuerdo me pone la piel chinita.

Así se planteó la reforma constitucional que creaba a la Fiscalía, y que más tarde retomara el colectivo #FiscalíaQueSirva, iniciativa que hizo aportaciones muy sustantivas a lo que hoy es la Ley Orgánica de la Fiscalía. La misma que el fiscal Gertz Manero quiere echar para atrás.

#FiscalíaQueSirva fue una iniciativa ejemplar. Participaron en ella personas y agrupaciones de lo más diverso y plural. Todas ellas preocupadas por la enorme impunidad que prevalece en el país. En esta gran coalición coincidieron organizaciones en favor de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; colectivos de víctimas; defensores de derechos humanos y todos aquéllos que buscan un cambio en el sistema de justicia penal mexicano para hacerlo más justo y menos arbitrario.

Considero que los componentes más importantes de su propuesta giraban en cuatro ejes: por supuesto, la autonomía política del fiscal, para que no se sometiera más al Ejecutivo. Autonomía que se acompaña de contrapesos, para que el fiscal no se convierta en un tirano. Quien controla el aparato de persecución criminal debe estar institucionalmente acotado y rendir cuentas.

Un segundo eje es la investigación criminal, lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. Se plantearon modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados. Estos modelos de investigación permitirían la consulta y trabajo con expertos, así como el intercambio con víctimas.

La transición de la PGR a FGR es el desafío de cambio institucional más grande de nuestros tiempos. El fiscal Gertz no puede con este proceso, porque en principio no cree en él.

El tercer eje consiste en el plan de persecución penal. Las fiscalías deben trabajar estratégicamente. Centrar su atención en lo que más valor genera para los ciudadanos, en lo complejo pero también en lo de más impacto. Este plan de persecución penal debiera verse reflejado en prioridades en asignación de recursos humanos y financieros y el fortalecimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias, para dar cauce y atención a los casos que están fuera de las prioridades.

Un último eje sería el de la innovación en la gobernanza de la institución, con la figura de un Consejo Ciudadano. Éste fungiría como un actor que acompaña la transición y las prioridades de la Fiscalía, pero también como una entidad que pide cuentas a los fiscales del funcionamiento de la institución y sus resultados.

Pienso que la transformación de la justicia en el país es de los procesos más complejos por los que hemos transitado, todavía sin éxito. Y la transición de la PGR a FGR es el desafío de cambio institucional más grande de nuestros tiempos. El fiscal Gertz no puede con este proceso, porque en principio no cree en él. Su visión de la justicia está chapada a la antigua, a lo que teníamos, a lo que le da certezas. Él quiere el control del aparato (no especulo sobre sus intenciones). Al parecer, ningún componente de la Ley Orgánica vigente le acomoda. El extremo de su visión vertical lo ejemplifica el hecho de que quiere ser el dueño del nombramiento de los fiscales especiales. Quiere subordinados, no colegas que trabajan tras un objetivo común. Lo de él no es la innovación. Mucho menos tener sentados a ciudadanos en SU institución.

El fiscal Gertz está a punto de salirse con la suya. Y el país de perder la oportunidad de la transformación de la justicia. Si en los próximos días o semanas su proyecto se aprueba, la nueva construcción en materia de justicia se debilitaría. Un actor importantísimo estaría en disonancia. Una institución inquisitorial inserta en un nuevo modelo de justicia. No checa. Iríamos para atrás.

¿Qué tan atrás? Espero que no tanto como para ver las peores expresiones del abuso de poder en la persecución criminal. Las nuevas versiones de los judiciales, amedrentándonos. Poco a poquito los resortes que nos salvaguardaban del abuso se están debilitando. Y nosotros sólo miramos.